Al resolver el recurso de apelación se avaló la decisión de un juez especializado que negó la solicitud para precluir el proceso que se le adelanta al excomisionado de paz.
Al resolver el recurso de apelación se avaló la decisión de un juez especializado que negó la solicitud para precluir el proceso que se le adelanta al excomisionado de paz.

www.fuerzasmilitares.org (14MAY2015).- Al resolver un recurso de apelación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el proceso que se adelanta contra el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo y el coronel del Ejército, Hugo Castellanospor su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la falsa desmovilización de la falsa compañía Cacica La Gaitana de las Farc en marzo de 2007.

En su determinación se avaló la decisión tomada por el juzgado especializado de Bogotá, que el pasado 27 de marzo rechazó la petición presentada por la defensa de Restrepo, quien se encuentra fuera del país desde hace tres años por falta de garantías procesales. El Tribunal Superior no aceptó los argumentos de los dos procesados que buscaban ponerle punto final al proceso penal.

“Lo va a ocurrir es que nos vamos a demorar 10 años más en un juicio donde no hay pruebas. Eso era lo que queríamos evitar”, precisó la abogada Mildred Hartman quien representa los intereses del exfuncionario. La defensa del excomisionado aseguró que la ley 418 de 1997 establece que las personas que participen en acercamientos, diálogos o negociaciones de paz, y que cuenten con la autorización del Gobierno no pueden incurrir en una falta penal ni disciplinaria por la participación en los mismos”.

Según la jurista, lo que hizo el Tribunal fue advertir que si quería “proteger al alto comisionado para la Paz, usted tiene que probar que él estaba actuando en cumplimiento de funciones en representación del Gobierno Nacional". Ante esto el proceso regresará al despacho de origen y se tendrá que fijar una nueva fecha para reanudar las audiencias preparatorias en este proceso en el que están involucrados dos militares, un exjefe guerrillero, y un grupo de desmovilizados.

En este sentido manifestó que dicha ley protege a las personas que participen en los procesos de paz puesto que tienen que hablar y tener relación con miembros de grupos al margen de la ley. Por lo que señaló que “el alto comisionado siempre ha sido autorizado por el presidente de la República” para realizar estos acercamientos.

En la ley se indica que una de las funciones del comisionado de paz es“verificar la voluntad de paz y la reinserción de los alzados en armas para la celebración de acuerdos de paz”, lo cual fue lo que hizo su defendido en el proceso de acercamiento con dicha compañía guerrillera que delinquía en el departamento del Tolima.

La oficina del Alto Comisionado para la Paz debía revisar la acreditación de un miembro de un grupo armado ilegal, para lo cual se llenaba un formulario en el cual firmaban que hacían parte del mismo. “El alto comisionado no puede rechazar la lista porque estaría incurriendo a una falta”, precisó la jurista al manifestar que no se puede continuar con el ejercicio de la persecución penal puesto que este proceso no tiene un sustento jurídico.

El proceso de Restrepo inició después de que la Fiscalía asegurara haber encontrado serios indicios de que la desmovilización de 62 guerrilleros, ocurrida en marzo de 2006, había sido un montaje por el que se les habría pagado a campesinos, habitantes de la calle y desempleados para que se hicieran pasar como pertenecientes a las Farc.

Los delitos por los que está investigado el excomisionado de Paz son concierto para delinquir, peculado, fraude procesal, y tráfico y porte ilegal de armas. La tesis de la Fiscalía es que Restrepo se prestó para engañar al Estado y aumentar las cifras de desmovilización durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

Restrepo, sin embargo, ha negado categóricamente las acusaciones.Asegura que su papel era de negociador político, pero que su gestión se basaba en la información de inteligencia que proveyera el Ejército y los organismos de seguridad. Es decir, que él no tenía manera –ni era su rol– de comprobar los antecedentes penales de quienes entregaran las armas.

 

 

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