Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.
Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.

www.fuerzasmilitares.org (14DIC2015).- Terminó la espera. Después de más de un año de discusiones, la Corte Suprema de Justicia declaró inocente al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, dentro del proceso que enfrentó por la desaparición de civiles que tuvo lugar en el holocausto del Palacio de Justicia. La votación de los magistrados quedó 5 - 3.

Adicionalmente, la Sala Penal del alto tribunal le pidió a la Fiscalía que siga investigando todo lo ocurrido. Para esa corporación se debe esclarecer cuál es la responsabilidad de agentes del DAS, la Policía y el Ejército por supuestas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de varios civiles.

La Sala Penal del alto tribunal revocó la condena a 30 años de prisión que le impuso un juez de Bogotá y que fue confirmada por el Tribunal Superior de esa ciudad. Eso significa que el oficial reitrado recuperará su libertad de forma inmediata, luego de casi ocho años de estar privado de ella. Plazas había sido hallado responsable de la desaparición de algunos civiles, ocurrida hace 30 años.

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería del Ejército durante la época en la que se produjo la toma, planeada y ejecutada por el M-19. A su cargo estaban tanques de guerra que atravesaron la Plaza de Bolívar y que irrumpieron en el Palacio de Justicia al mediodía del 6 de noviembre de 1985, pocos minutos después de que el comando del M-19 hubiera tomado como rehenes a magistrados, empleados y visitantes.

La investigación

Dos días duró el asedio de la Policía, el Ejército y demás fuerzas de seguridad del Estado en contra de un pequeño reducto de guerrilleros que resistió la envestida de las fuerzas del orden durante 27 horas. Aunque la mayoría de los 350 rehenes fueron rescatados y trasladados a la Casa del Florero, el improvisado centro de operaciones de las autoridades castrenses, centenares de personas murieron y otras tantas fueron desaparecidas.

Por decreto, el gobierno nacional estableció una comisión especial para investigar lo ocurrido. Jueces de instrucción criminal adelantaron numerosas pesquisas, recopilaron testimonios, analizaron videos y otros elementos de prueba. Ninguno de esos esfuerzos dio lugar a que se estableciera lo que realmente ocurrió, especialmente lo que le sucedió a los 12 civiles que permanecían en la cafetería del Palacio en el momento de producirse la toma.

Testimonios posteriores empezaron a sembrar la duda y a señalar a los militares como responsables de la desaparición forzada de esos ciudadanos. Primero fue un casete aparentemente grabado por un uniformado (1986) y luego una versión juramentada suscrita por el exagente de inteligencia militar Ricardo Gámez Mazuera (1989) las que empezaron a solidificar esa tesis. Ambos testimonios fueron recaudados por la Procuraduría.

Muy en serio se tomó el Ministerio Público esas denuncias y el hecho de que el contenido de la cinta fuera borrado. Desde entonces se intensificó el trabajo de sus investigadores, al punto de vincular al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales. La destitución del oficial (r), quien comandaba la Brigada 13 del Ejército y estuvo al frente del operativo de retoma, se convirtió en el primer acto sancionatorio de un agente estatal por los excesos cometidos durante la recuperación del Palacio.

Entre 1990 –cuando Arias Cabrales fue destituido– y 1998 el caso se mantuvo inactivo. El tema volvió a estar bajo la lupa de la opinión pública cuando el abogado de los familiares de los desparecidos, Eduardo Umaña, solicitó exhumar los cadáveres de gente que murió en el Palacio y que fue enterrada en una fosa común del Cementerio del Sur. Aunque el jurista fue asesinado ese mismo año, su solicitud fue acogida por la Fiscalía.

Tres años después, en julio del 2001, se adelantó la diligencia, tras la cual se descartó la presencia de los cuerpos de las personas desaparecidas en esa fosa. Los únicos restos fúnebres identificados tras la exhumación fueron los de Ana Rosa Castiblanco, una de las trabajadoras de la cafetería que había sido reconocida inicialmente como víctima de este delito. Ya no era 12 sino 11 los desaparecidos.

Sin embargo, la entonces fiscal Ángela María Buitrago siguió adelantando la investigación, hasta encontrar evidencias contundentes sobre la ocurrencia de casos de desaparición forzada y otros delitos que parecen haber cometido los militares en contra de varios civiles. En los archivos del B-2 de la Brigada 13 del Ejército, en lugares apartados y olvidados, fue encontrado el expediente que guardaba la fuerza pública respecto a estos acontecimientos.

Allí fueron encontrados documentos en los que los uniformados sugerían la versión que se le entregaría a la ciudadanía sobre lo ocurrido en ese operativo. También fue hallada la billetera de uno de los magistrados muertos, que se encontraba atravesada por un disparo. Semejantes elementos llevaron a la fiscal Buitrago a convencerse de que la muerte de togados como Carlos Horacio Urán y las desapariciones de civiles no eran hechos casuales sino planeados y ejecutados por agentes castrenses.

Por estas razones, el organismo investigador abrió causas en contra de oficiales (r) de inteligencia, algunos de sus subalternos y contra la cabeza de la Escuela de Caballería, que por esa época estaba al mando de Luis Alfonso Plazas Vega. Frente a esa certeza, Buitrago también abrió indagaciones contra el coronel (r) y excomandante del B-2 Edilberto Sánchez Rubiano; contra sus subalternos Óscar William Vásquez, Antonio Rubay Jiménez, Luis Fernando Nieto y Ferney Martín Causalla Peña, y contra el excomandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contra Inteligencia (COICI) Iván Ramírez Quintero.

El caso Plazas

El coronel Plazas había sido vinculado a la investigación que adelantaba la fiscal Ángela María Buitrago desde el 2006. En julio de ese año fue cobijado con medida de aseguramiento como supuesto responsable de la desaparición forzada de 11 civiles que, al parecer, salieron con vida de la operación de recuperación del Palacio.

En febrero del 2007, el organismo investigador lo acusó formalmente de desaparición forzada, al considerarlo responsable de estos hechos. Desde entonces se inició el polémico juzgamiento del que fue objeto el militar (r) ante la juez María Stella Jara.

Dos años después, el 9 de junio del 2010, Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión. La operadora judicial lo halló responsable de la desaparición forzada de Gloria Anzola de Lanao, Luz Amparo Oviedo, Luz Mary Portela León, Gloria Stella Lizarazo, Ana Rosa Castiblanco, Norma Constanza Esguerra, Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán Hernández, Carlos Augusto Rodríguez, Cristina Guarín Cortés y David Suspes Celis.

El caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá. Una vez allí, la ponencia del magistrado Hermens Darío Lara se convirtió en una esperanza del exuniformado para recuperar su libertad. Sin embargo, el proyecto de fallo en el que se proponía la absolución del excomandante de Caballería fue derrotada.

El 30 de enero del 2012, la sentencia a 30 años de cárcel fue confirmada. Sin embargo, en esta oportunidad fue encontrado culpable únicamente por la desaparición de dos de las 11 víctimas. En la dividida determinación, Plazas fue declarado penalmente responsable de la desaparición de la guerrillera Irma Franco y de la del administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez.

En la misma decisión se exhortó a las autoridades penales para seguir investigando los móviles de la desaparición de los otros ocho civiles. También se pidió establecer la probable responsabilidad del presidente de la época, Belisario Betancur, y la de su gabinete ministerial, así como la del exdirector Nacional de la Policía en 1985, el general (r) Víctor Delgado Mallarino.

Sólo unos días después de la ejemplar decisión del Tribunal, se presentó una demanda de casación que buscaba dejar sin efectos la condena. Lo hizo Jaime Granados, abogado defensor del coronel (r), quien radicó un escrito en el que esbozó las razones por las cuales, a su juicio, la Corte Suprema de Justicia debía absolver al militar (r).

El principal argumento de la defensa del coronel (r) era que las personas a quienes se señalaba como desaparecidas habían muerto dentro del Palacio y que sus cuerpos muy seguramente se habrían quemado durante el impresionante incendio que se produjo la primera noche de la toma.

En criterio de Granados era obvio que estas personas permanecían junto a los despojos mortales de otras víctimas de la toma. Para la defensa, el grado de calcinamiento al que llegaron muchos de los cadáveres y el deficiente manejo que se le dio en la escena de los hechos era lo que había impedido ubicar e identificar a esas personas señaladas como desaparecidas.

Durante más de dos años de presentación de memoriales e infructuosas peticiones de libertad, el caso estuvo inactivo. Sólo el 3 de diciembre del 2014 Plazas Vega y la toma del Palacio de Justicia volvieron a estar en la mira de la opinión pública. Todo gracias a que los medios de comunicación dieron a conocer el sentido de la ponencia en la que el magistrado Luis Guillermo Salazar proponía absolver al excomandante de Caballería.

Desde entonces inició un acalorado debate al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Otra vez las especulaciones y las peticiones en uno y otro sentido fueron el día a día del caso, en el que algunos vieron incluso una oportunidad de dar viabilidad política al acuerdo de paz. Desde la intervención de exmagistrados hasta la presión de los togados activos fueron algunas de las versiones que tuvieron eco en los medios de comunicación. Un año y siete días después, el debate llega a su punto final.

La condena contra Colombia

También se cumple un año de la ejemplar decisión. El 10 de diciembre del 2014 se tuvo noticia de la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia (CIDH) por estos hechos. Ese organismo halló responsables a agentes estatales por casos de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en esa época.

Para la CIDH fue evidente la participación de uniformados en la desaparición de la guerrillera Irma Franco y de los civiles Carlos Augusto Rodríguez, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao.

También la declaró culpable de las torturas sobre Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y José Vicente Rubiano y de los tratos crueles y denigrantes infligidos a Orlando Quijano. Además, concluyó que el magistrado Carlos Horacio Urán no murió a manos de los guerrilleros, como se creía, sino por haber sido víctima de ejecución extrajudicial cometida por uniformados.

Como medidas restaurativas ese tribunal le impuso al Estado el pago de millonarias reparaciones y actos simbólicos para resarcir el dolor producido a los familiares de las víctimas de estos delitos de lesa humanidad.

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