Pese a que terminó acostumbrándose a lucir el camuflado, portar un fusil y cargar sobre su cuello cadenas de balas, tanto que tiene fotos así, sonriente, el soldado Wílmar Gallo Alcaraz ha padecido una especie de tortura. A sus 19 años ha sufrido como un condenado porque tiene el convencimiento de que una persona con creencias cristianas como él —es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (IPUC)— no debe portar armas ni utilizar la guerra como método para alcanzar la paz.

El alivió le llegó el pasado miércoles con el fallo de la Corte Constitucional. “Aunque no exista regulación legal se podrá invocar la objeción de conciencia como una causal para no prestar el servicio militar obligatorio, siempre que las convicciones o creencias que den lugar a negarse a la prestación del servicio militar sean profundas, fijas y sinceras”, sostuvo el alto tribunal. A principios de 2011, cuando fue requerido por el Ejército en Santafé de Antioquia (Antioquia), de donde es oriundo, Wílmar Gallo supo que debía reclamar sus derechos.

Para la primera cita llevó un documento en el que certificaba que comenzaba a cursar el grado décimo justo ese día, en la Institución Arturo Velásquez Ortiz de Santafé de Antioquia, y otro que indicaba que pertenecía a la IPUC. Sin embargo —cuenta Wílmar—, le dijeron que el servicio militar era obligatorio y que su creencia no lo excluía. “Y que si no me presentaba quedaba como remiso”. Así que ingresó al Batallón de Infantería Nº 32, Coronel Pedro Justo Berrío, de la Cuarta Brigada del Ejército, el 12 de febrero de 2011, pero encargó a su hermano Wílfer que instaurara una acción de tutela.

Con la ayuda del personero municipal, el documento se tramitó, pero como necesitaba su firma sólo pudo formalizarse cuatro meses después, cuando salió por primera vez de permiso. La tutela fue rechazada por el Tribunal Superior de Medellín, hasta que llegó a la Corte Constitucional, que le dio la razón.

“Para mí ha sido muy duro”

“Cuando estoy solo, la tristeza me hiere y me pongo a llorar. Y me pregunto por qué estoy haciendo esto si yo no quiero. Portar armas es un agravio. Me tocó acostumbrarme porque evadirme habría sido infringir la ley. Por eso no tomé la decisión de fugarme”, dice Wílmar, y agrega que los primeros comandantes fueron muy respetuosos con él por su actitud. Otros se burlaron diciendo: “¡Evangélico, ahora sí te va a tocar matar, porque si no te matan”.

Cuenta que se resignó e intentó acoplarse al ambiente. Sólo así, asegura, pudo portar el fusil y manejar el mortero. Hasta ahora no ha estado en enfrentamientos, pero sí los ha habido muy cerca. Wílmar debía salir el 15 de diciembre de este año. Sin embargo, con el fallo de la Corte, él y su familia esperan la orden de salida muy pronto. “¿Por qué aún no le han permitido salir?”, se preguntó ayer Wílfer Gallo, su hermano. Un vocero de la Cuarta Brigada dijo que la institución no se pronunciaría al respecto.

Pese a que la Corte le ordenó al Ejército desincorporar a Wílmar si todavía se encontraba en el batallón, él aún patrullaba ayer por una vereda de Frontino y aún les preguntaba a los campesinos de la región si habían visto a personas extrañas, misión que realiza desde hace 15 meses, especialmente en las áreas donde se presume que existen cultivos ilícitos.

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