Soldados del Ejército Nacionalwww.fuerzasmilitares.org (23JUN2014).- ¿Existe una aparente relación entre la formación de militares colombianos en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Whinsec, por sus siglas en inglés) y la participación de esos oficiales en la ejecución de falsos positivos? Según el informe “Falsos positivos en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos”, realizado por más de 240 organizaciones de derechos humanos de Colombia y Estados Unidos, sí hay una correlación que debe ser investigada.

De acuerdo con el reporte, entre 1999 y 2012 el Whinsec entrenó a 5.239 militares y policías colombianos, que representaron el 36,5% de sus alumnos durante ese período. En sus primeros tres años de operación esa institución, antigua Escuela de las Américas, contó con ocho estudiantes colombianos en el curso de comando y manejo de personal en general, así como con 21 instructores colombianos, más que los de cualquier otro país de América Latina. La investigación encontró que varios de esos militares han sido condenados o procesados por la comisión de crímenes en Colombia, incluyendo falsos positivos.

Uno de los casos que ilustraría ese hipótesis es el del coronel (r) Hernán Mejía Gutiérrez, quien fue condenado en 2013 por un juzgado de Bogotá a 19 años de prisión por el asesinato de 18 paramilitares en Cesar, quienes fueron emboscados por hombres del Batallón La Popa, del cual era comandante, y presentados como guerrilleros del Eln muertos en combate. Mejía recibió importante formación en Estados Unidos: en 1981 asistió a West Point, la academia militar de ese país; en 1990 recibió entrenamiento en operaciones psicológicas en el Fuerte Bragg, en Carolina del Norte; y en 1994 participó en la operación “Defender la Democracia”, desplegada por Estados Unidos y otros países en Haití. Igualmente, asistió a un curso en la Escuela de las Américas y pasó un año y medio en Washington como agregado militar de la Junta Interamericana de Defensa.

Otro ejemplo es el del mayor Mauricio Ordóñez Galindo, quien impartió entre 2001 y 2002 el curso de liderazgo para cadetes del Whinsec. Más tarde se convirtió en comandante de la unidad antisecuestro Gaula de Cali. En 2011, un juez de esa ciudad lo condenó a 46 años de prisión, junto con otros ocho militares, por el homicidio de cuatro civiles en enero de 2007, de quienes se dijo en su momento que eran secuestradores y habían muerto en una operación militar. En marzo de 2012 el Tribunal Superior de Cali dejó en firme su condena.

Otras relaciones tendrían que ver con la presunta responsabilidad de los antiguos alumnos del Whinsec en los falsos positivos cometidos por sus subalternos. Una tesis demasiado delgada que incluso se confronta en este controvertido informe. Por ejemplo, frente a estos casos, un asesor del Whinsec preguntó: “Así que si un alumno mío sale de una clase de ética y se involucra en la actividad criminal, ¿eso me hace a mí o a mi universidad responsable de su actividad?”. Aunque el informe dice que “nadie ha sugerido que el Whinsec o sus instructores sean considerados penalmente responsables de las actividades de sus egresados”, sí asegura que se debe hacer una evaluación institucional teniendo en cuenta el comportamiento de los graduados colombianos. En especial teniendo en cuenta el contexto de investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría sobre ejecuciones extrajudiciales.

El coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez, quien denunció en 1997 los nexos entre el general Rito Alejo del Río y los paramilitares de Urabá, opina que “debe haber una verificación de por qué los oficiales van a estos cursos, porque si los merecimientos no son muy claros, los oficiales salen ‘disparados’ creyendo que les reconocieron méritos non sanctos”. Fuentes del Ejército le dijeron a El Espectador que “no se puede generalizar en estos casos” y que no tienen información sobre la relación entre la formación de militares colombianos en Estados Unidos y la comisión de falsos positivos. Además recalcaron que mientras no se produzcan sentencias judiciales, tal como lo manda el debido proceso, todos los militares investigados gozan de la presunción de inocencia.

No obstante, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas afirma que “la gran fuerza de este informe son los hallazgos sobre los vínculos y la continuidad de los mandos militares en los casos de falsos positivos, lo que esperamos ayude en el futuro cercano a la justicia”. Aunque a muchos les pueda parecer exagerado que se realicen inferencias de este calibre en relación con la colaboración del gobierno norteamericano, lo cierto es que en el contexto de la radiografía de violencia y la estela de crímenes que aún se investigan por presuntos falsos positivos, este tipo de informes pueden contribuir al debate.

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