Agobiado por la situación de seguridad, el exsoldado Andrey Parra prefirió destruir su casa antes de dejarla a merced de la delincuencia.www.fuerzasmilitares.org (18NOV2014).- Con lágrimas en los ojos Andrey Parra decidió demoler el sueño de toda su vida: su casa propia. Lo hizo porque estaba cansado de una guerra en la que luchó infructuosamente; una guerra en la que de nada le sirvieron los nervios de acero que desarrolló como soldado profesional, ni la fortaleza que tuvo que encontrar cuando perdió una de sus piernas tras pisar un campo minado.

A finales de 2011, Andrey se dio por vencido. Derrumbó la casa porque no aguantó más los robos, extorsiones ni agresiones de los pandilleros, guerrilleros y delincuentes que no perdían oportunidad para atracarlo o meterse en su vivienda. “Si no es para mí, no es para nadie”, gritaba mientras por el aire volaban los pedazos de ladrillo de la casa en la que vivía, desde hacía ocho meses, con su esposa y su hija. Al finalizar, se marchó.

Un camino parecido siguieron otros 144 exmilitares y expolicías heridos en combate llegados allí a finales de 2010 y comienzos de 2011 gracias a un programa de vivienda apoyado por el gobierno. Hoy, del barrio Bicentenario, entregado con bombos y platillos en Palmira (Valle) no queda ni la sombra.  Parece más una trinchera de guerra. Las casas están semidestruidas, muchas con señales de impactos de bala, desvalijadas o invadidas por desplazados de otras zonas del país. De los habitantes originales solo quedan un expolicía y la madre de un exsoldado profesional. “Nos quedamos porque no tenemos para dónde irnos”, dijo uno de ellos.

SEMANA fue hasta Palmira, entrevistó a varios de esos exmilitares y constató decenas de historias impactantes que van desde robos, atracos, extorsiones, amenazas y hasta el asesinato de varios de ellos. ¿Por qué el sueño de tener casa propia terminó en pesadilla?
De sueño a pesadilla

La historia comenzó en mayo de 2010 cuando la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caprovimpo) decidió, en asocio con la Caja de Compensación Familiar (Comfandi), levantar un barrio de 146 casas para exsoldados y policías. Para esto destinaron 7.734 millones de pesos. Al final, las viviendas de 45 metros cuadrados, dos pisos, ladrillo a la vista, dos habitaciones, sala comedor, cocina, baños y posibilidad de expansión, fueron tasadas entre 39 y 52 millones de pesos.

Una vez el barrio estuvo casi listo, Caprovimpo empezó a buscar afiliados en todo el país que tuvieran ahorros y quisieran recibir una casa que estaba lista. El 30 por ciento del valor de vivienda fue asumido por el Ministerio de Defensa.  La llamada era clara: recibían la casa ya o les tocaba esperar varios años hasta que salieran nuevas ofertas de vivienda.

El 8 de diciembre de 2010 los 146 afortunados recibieron sus casas. La mayoría firmó las escrituras ese mismo día. “Como la mayoría era de otras regiones del país, les costearon los viáticos (tiquetes aéreos y hasta hotel) para venir a recibir las casas. Nos citaron en el parque principal de Palmira y de allí nos llevaron en bus al barrio, en donde firmamos las escrituras”, recordó Jaider Yepes, un ex soldado profesional vocero de algunos de los afectados.

La primera sorpresa que se llevaron es que no eran aptas para personas con discapacidad. No había rampas de acceso. “El día que me la entregaron, uno de los señores que estaba allí me dijo: hermano le tocó vivir solo en la parte de abajo”, dijo uno de los soldados.

La segunda sorpresa vino semanas después. Los residentes del Bicentenario empezaron a ser percibidos como sapos y vistos como una amenaza por los delincuentes que vivían en los barrios aledaños. Además de recibir amenazas empezaron a robarlos o extorsionarlos. “Nos cobraban 2.000 pesos cada vez que nos veían ingresar con bolsas”, dijo Adrián Lizcano, quien se retiró del servicio por una leucemia.

A las extorsiones se sumó una tragedia. En febrero de 2011 los residentes vieron cómo un niño de 7 años fue asesinado por una bala perdida en la calle, recordó Yerson Rojas, exsoldado profesional que perdió una pierna luego de pisar un campo minado en Puerto Rico (Caquetá). A partir de ese momento, “los tiroteos callejeros siguieron, no podíamos salir. Luego vinieron los atracos en las esquinas y cuando se tomaron confianza nos decían que teníamos que pagar una colaboración porque éramos pensionados”, relató el exsoldado que puso en venta su casa por solo 10 millones de pesos.

Al soldado Yair Díaz, a quien le amputaron sus dos piernas luego de caer en un campo minado en Corinto (Cauca) le robaron en el barrio sus dos prótesis. Para recuperarlas le exigieron 300.000 pesos. “A los cinco días las recuperé tras pagar 100.000 pesos. Aunque solo llevábamos tres meses en esa casa, no lo pensé y me fui”, confesó tras revelar que a su esposa le pusieron un arma en la cabeza solo por robarle el celular.

Los exmilitares aseguran que los hostigamientos provenían de guerrilleros, paramilitares, pandillas y delincuentes que viven en barrios aledaños. Para enfrentar el asedio los exsoldados y expolicías pidieron ayuda a las autoridades y a las instituciones a las que sirvieron. El exsoldado profesional Darwin Obregón Bonilla, quien había perdido una pierna por una mina antipersona, decidió declarar contra los ladrones del barrio. El 5 de noviembre de 2013, él, junto a su esposa y su hijo de 18 meses, aparecieron degollados en su casa. Un segundo hijo, de cinco años de edad, milagrosamente sobrevivió pese a tener cortadas en el cuello.

Pocos dudaron de que este acto salvaje fue cometido por miembros de una pandilla. De hecho, casi todos los que decidieron enfrentar a los pandilleros tuvieron que pedir protección policial porque fueron amenazados. “Cuando nos visitaba, siempre nos contaba los problemas que tenían en el barrio con las pandillas”, dijo Alexánder Obregón, hermano de Darwin.

La verdad es que ese sector donde construyeron el barrio Bicentenario, en la Comuna Uno de Palmira, es una bomba social que históricamente registra problemas de violencia. Lo insólito es que ni la Alcaldía, ni Caprovimpo, lo advirtieron. Sin embargo, el alcalde Ritter López y el comandante de Policía del municipio desmienten que en el Bicentenario y sus barrios aledaños haya presencia de grupos armados ilegales.“Lo que sí acepto es que Palmira es receptora de reinsertados pero a través de los programas del gobierno”, explicó el alcalde. Mientras tanto, el coronel Ludwing Jaimes aseguró que atendieron las quejas, “prueba de ello es que este año montamos un CAI en ese sector y se reforzó el esquema de cuadrantes”.

Tras la salida de varios residentes por miedo y al acto desesperado que llevó a Andrey Parra a derribar su casa, el barrio empezó a quedar vacío. El último censo oficial hecho por la Alcaldía indica que de las 146 viviendas entregadas, 33 están abandonadas, 46 invadidas, 16 arrendadas y una demolida.

Para defender su patrimonio, los exsoldados y policías se unieron. La Defensoría del Pueblo les ayudó a instaurar una tutela este año para exigir ser reubicados, pero el Tribunal de Cundinamarca la negó. El Consejo de Estado ratificó el fallo con el mismo argumento: “La tutela no es el mecanismo para proteger derechos colectivos, el mecanismo judicial idóneo es la Acción Popular”, rezaba el texto.

Ahora están recorriendo ese camino de la mano del abogado Juan Pablo Parra, quien aseguró a esta revista que en la actuación de Caprovimpo, “hubo una evidente falla en la prestación del servicio, pues no se hicieron los estudios de seguridad para considerar la habitabilidad de los exmilitares”. Consultado sobre este caso, el coronel Jorge Castellanos, subgerente de vivienda de Caprovimpo se mostró tranquilo:“Nos regimos por el mismo esquema del Ministerio de Vivienda y no estamos obligados a realizar estudios de seguridad. Eso sería discriminatorio y no podemos ser excluyentes ya que las casas se adquieren dentro de otros proyectos”. Sin embargo, dijo que están analizando con el gobierno la posibilidad de canjear esas casas por otras en sitios menos conflictivos.

Por ahora el problema recorre los escritorios de las entidades oficiales, y los héroes de la patria, como llaman a los soldados y policías heridos en combate, siguen en su batalla por para vivir en paz con sus familias en otro sitio. Mientras ello ocurre, sus casas fueron convertidas en trincheras para desplazados o invasores, a excepción de la vivienda de Andrey Parra, el exsoldado que prefirió destruirla, antes que entregarla al enemigo.

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