La justicia debe actuar para castigar estos abusos. El personal militar debe ser ejemplo de conducta para el resto de la sociedad.
La justicia debe actuar para castigar estos abusos. El personal militar debe ser ejemplo de conducta para el resto de la sociedad.

www.fuerzasmilitares.org (31MAR2015).- En un solo año, oficiales del Ejército que tenían la responsabilidad de proteger la infraestructura petrolera en tres municipios de Santander y Antioquia se habrían quedado con más de dos mil millones de pesos pagados por las petroleras que funcionan en esa región del país.

La investigación se inició por una denuncia anónima que llegó a la Inspección del Ejército y que aseguraba que uniformados delBatallón Especial Energético y Vial número 7 se estaban quedando con los pagos que realizaban empresas como la Schlumberger, Oxi, Halliburton y Ecopetrol por concepto de servicios de escolta de los vehículos que transportaban explosivos en la exploración petrolera.

Según el denunciante, cuando el coronel Richard Rodríguez asumió como comandante de la unidad, subió de dos millones de pesos a tres el valor de cada acompañamiento militar y desvió esos recursos a la cuenta manejada por un subalterno que no estaba autorizada para ese fin y que no fue reportada al Ministerio de Defensa.

EL TIEMPO conoció la indagación de la Inspección General que evidenció la realidad del grave hecho de corrupción y que hoy está en el despacho de un juez penal militar. De acuerdo con la investigación, los uniformados dejaron de consignar a la cuenta oficial del Ejército 2.106’729.222 pesos.

En el caso fueron escuchados en indagatoria hace un mes los mayores Alexander Melo y Albeiro Oyola, y el juez del caso citará a otros cuatro uniformados que habrían participado en las irregularidades.

En un oficio firmado por el propio comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, se lee que la plata de los acompañamientos era consignada en una cuenta en la que la firma registrada era la del mayor Melo y la cual “no estaba autorizada”. Allí quedaban 107 millones de pesos de los cuales se desconoce su origen, pues no se hallaron documentos “para sustentar el recaudo”.

El mayor Melo reconoció a los investigadores que le entregó al coronel Fabio Estupiñán Sepúlveda 200 millones de pesos en efectivo “cuyo fin no se estableció”, y otros 610 millones de pesos, al coronel Édgar Castellanos García, quien trabajaba en una de las petroleras.

Los investigadores detectaron además que el coronel Rodríguez Ortiz vive en una casa dentro de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, en la cual se invirtieron en gabinetes de cocina cinco millones de pesos que salieron de la cuenta a la que iban a parar los pagos por la escolta a las petroleras.

Mientras que los recursos que ingresaban a la unidad se movían sin autorización ni control del Ejército y terminaban en manos de uniformados y particulares, el informe cuestiona las precarias condiciones de los alojamientos de los soldados de la Unidad Táctica y las bases de Casabe en Yondó (Antioquia) y Llanitos, en la vía Barrancabermeja-Puerto Wilches.

Igualmente, advierte que los movimientos de los soldados para escoltar los explosivos se estaban realizando sin tener en cuenta las directrices del Ejército y omitiendo algunos de los procedimientos oficiales, lo que generaba un riesgo jurídico para la institución ante cualquier incidente.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que las irregularidades en la unidad militar se venían registrando desde el año 2010 y señalaron que hasta ahora la investigación se ha concentrado en los mandos medios y no en los altos oficiales que habrían conocido los hechos.

Por instrucciones del general Lasprilla se iniciaron procesos penales y disciplinarios contra los uniformados encargados del manejo de la plata y se ordenó a todas las unidades del país un estricto control sobre esos recursos, pues ya se había detectado un caso similar en el departamento de Antioquia.

Al ser consultado por este diario, el general Guillermo Suárez, inspector general del Ejército, sostuvo que “apenas se supo de las anomalías, la Inspección se desplazó hasta el sitio para verificar las denuncias. Se pudo constatar que los recursos debían ingresar a una cuenta específica y ellos la estaban consignando en otra”. Agregó que se adelanta una auditoría para establecer en dónde está la plata pagada por las empresas privadas por el servicio de escolta y que, preventivamente, fueron retirados de sus cargos los dos mayores, “para garantizar la transparencia de la investigación”.

Generales indagados

En diciembre del año pasado se conoció que un juez penal militar de Antioquia compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue a dos generales por el supuesto desvío de recursos provenientes de contratos de transporte de material explosivo para empresas mineras en el occidente del país.

En el expediente había 30 militares bajo la lupa de los investigadores. En un comienzo fueron retirados de sus cargos diez uniformados y otros nueve están en camino de correr la misma suerte.

eltiempo.com