Entre la justicia transicional y la penal militar
Entre la justicia transicional y la penal militar

www.fuerzasmilitares.org (02JUN2015).- Cada vez que se toca el tema de la justicia transicional se escuchan reclamos por el tratamiento que recibirán los uniformados que incurrieron en delitos en el ejercicio de su labor. Eso quedó en evidencia el 21 de mayo durante el foro ‘La justicia en el posconflicto: justicia transicional y justicia penal militar’.

Allí los militares argumentaron que las Fuerzas Armadas son un brazo legítimo del Estado y por lo tanto no se las puede comparar con los grupos terroristas que han combatido contra el orden constitucional. Otro sector, por el contrario, asegura que las Fuerzas Armadas, como institución que representa al Estado, tienen obligaciones y responsabilidades mayores. Por eso, sus miembros que violan la ley deberían ser castigados con mayor severidad.

Roy Barreras, senador y copresidente de la Comisión de Paz del Senado, dijo que “Colombia necesita que esa minoría de militares que cometieron crímenes tenga una solución jurídica (…) El proceso de paz necesita brindar seguridad jurídica a nuestras Fuerzas Militares”. Barreras afirmó que otras soluciones, como el tribunal pro témpore o la rebaja de penas generalizada o, inclusive, quienes suponen que el fuero militar es la solución para todo, son equívocas. “Hay que recordar que los militares culpables de delitos en relación con el conflicto no pueden ser juzgados por la justicia penal militar, pero sí deben ser cobijados por la justicia transicional”.

Sin embargo, Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, recalcó que la justicia transicional es una justicia de verdad, pero es una que se utiliza para cerrar el conflicto. “En el marco de un conflicto armado el derecho aplicable debe ser el penal militar, pues este permite un mejor nivel de seguridad jurídica”, aseguró el ministro.

Los militares que participaron en el foro estuvieron de acuerdo en que se les deben dar garantías, pero para el mayor general (r) Juan Salcedo Lora, la definición de una justicia transicional igual para todos, no sería la manera de recoger a los actores del conflicto. Si bien reconoció que “aplicar solo la justicia transicional a los guerrilleros sería un desastre”, denunció que la justicia ordinaria se ha visto permeada por “falsos testimonios y condenas injustas a las Fuerzas Militares”.

Para el general (r) Néstor Ramírez, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, es importante que en un futuro “el juez penal que juzgue a un soldado conozca las particularidades del actuar militar, por lo cual la justicia penal militar es ideal”. Además, según Ramírez, ese fuero tiene índices más bajos de impunidad que otras justicias en Colombia y expresó sus impresiones sobre el modelo de justicia transicional al decir que esta “no es justicia, sino una forma política de salir del embrollo”.

Ante la opinión de los generales retirados, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que en la justicia ordinaria también se han presentado montajes de militares en contra los defensores de derechos humanos y agregó que “primero hay que garantizar la seguridad jurídica a la sociedad y a las víctimas”.

El senador Iván Cepeda señaló que la justicia penal militar no debe juzgar a los uniformados que cometieron delitos durante el conflicto, sino que se incluyan en el modelo de justicia transicional que adopte el país. Por esto, invitó a los negociadores de La Habana a que empiecen el diálogo sobre este tema.

Finalmente, Fabrice Hourquebie, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Burdeos en Francia, enfatizó en las dificultades alrededor de las ambigüedades de la justicia transicional. “Sugiero a Colombia definir una tipología del conflicto, los cambios institucionales que necesita el país para la consecución de la paz, el contexto de complementariedad entre las instituciones que regulan la transición y, por último, la necesidad de sinceridad para tener una reconciliación efectiva”, dijo.

¿Qué han hecho otros países?

Sudáfrica

Es líder en justicia transicional. Después de años de discriminación, Sudáfrica creó un Estado incluyente y pluriétnico en una nueva Constitución que reconoció la diversidad de los habitantes y sus derechos. Además, se creó una Comisión de Verdad y Reconciliación.

Al interior de la misma funcionaron los comités de amnistías, el de reparación y rehabilitación, y el de violación de derechos humanos. La comisión desarrolló 140 audiencias por todo el país. En la época del apartheid se registraron 30.384 violaciones graves a los derechos humanos.

Irlanda del Norte

El conflicto en Irlanda del Norte duró cerca de 30 años. Comenzó a finales de los sesenta y llegó a su fin con el Acuerdo de Belfast en 1998, firmado por los gobiernos británico e irlandés.

Con esto no se consiguió una verdad completa y pública de los hechos, sino una amnistía para los que cometieron violaciones a los derechos humanos si sustentaban que tuvieron motivaciones políticas.

Las víctimas fueron reparadas económicamente y la comisión de reconciliación se encargó de elevar proyectos de memoria para homenajearlas: crearon un archivo histórico, realizaron actos de reconocimiento cívico y construyeron monumentos, entre otros.

Guatemala

En Guatemala nunca existió una reparación real a las víctimas. En el gobierno de Álvaro Arzú se realizaron actos simbólicos para pedirles perdón y se adoptó como política de Estado una serie de gestos de reconocimiento a quienes sufrieron la guerra, pero jamás se vieron planes tangibles de reparación.

Las comisiones de paz de Guatemala se enfocaron en esclarecer casos emblemáticos de abusos a derechos humanos y crímenes de guerra. Esto solo benefició a pequeños sectores poblacionales, que igual sacrificaron la justicia, la verdad y para muchos, la reparación.

Kenia

Tras las elecciones de 2007 en Kenia murieron más de 1.100 personas. Después de los actos de violencia se tomaron varias medidas, entre ellas una comisión de la verdad, la cual se ha visto empañada por diversos problemas. De esta se esperaba un informe público de resultados que nunca vio la luz.

Para investigar y recoger testimonios, la comisión contrató a personas poco preparadas. Se grabaron declaraciones, pero no siempre de forma que pudieran ser útiles para analizar o tabular los resultados, y extraer conclusiones y recomendaciones sólidas y basadas en pruebas.

Ojo al proceso de firmas

Alejandra Barrios, directora de la MOE, habla sobre los avances que implementa la Registraduría para las elecciones de octubre y sobre los riesgos electorales.

Foros Semana: ¿Qué está haciendo bien la Registraduría?

Alejandra Barrios: Desde que surgió la Misión de Observación Electoral (MOE) en 2006 a hoy los procesos electores han mejorado. Al inicio de la MOE no era posible encontrar información rápidamente, ni había fácil acceso a bases de datos. La mayoría de información estaba en papel o archivos PDF, lo cual dificultaba elaborar análisis estadísticos de los resultados electorales.

Foros Semana: ¿Qué hay por mejorar?

A. B.: Como algunos partidos políticos no cuentan con mecanismos objetivos democráticos para la selección de sus candidatos, las autoridades electorales no pueden vigilar los procesos. Algunos candidatos no pasan por las principales instancias del gobierno del partido y esto facilita la relación entre ilegalidad y política. Eso debe cambiar.

Foros Semana: ¿Cuáles son las amenazas para las próximas elecciones?

A. B.: El conteo de votos es una de las amenazas más marcadas para estas elecciones. El problema es el retraso en aplicar la tecnología biométrica. Necesitamos llegar a unos comicios en los que los delegados no sumen los votos, sino una máquina que arroje el resultado.

Foros Semana: ¿Qué opina de quienes critican el proceso de firmas al verlo como una forma de saltarse las reglas que aplican los partidos?

A. B.: Realmente es una forma de saltarse las reglas. Debemos tener en cuenta que el Consejo Nacional Electoral no logró avanzar en este sentido. El país necesita una reglamentación basada en los alcances que puede tener la publicidad de aquellos que están recogiendo firmas y saltándose los procesos de sus partidos.

Más seguridad en las elecciones

El país contará con más de 10.000 estaciones biométricas para los comicios electorales de octubre próximo que estarán ubicadas en las zonas del país con mayor riesgo de delitos electorales.

Durante el primer foro del ciclo ‘Proceso electoral 2015’, que se realizó el 15 de mayo, el registrador Carlos Ariel Sánchez señaló que “en total el país tendrá más de 11.000 puestos con 99.000 mesas”. Además, anunció la puesta en funcionamiento de registradurías auxiliares en diferentes poblaciones, las cuales “acercarán a los ciudadanos a los procesos de registro, identificación y administración de los procesos electorales”.

Finalmente, reconoció que todo el aparato gubernamental está engranado para que las elecciones de octubre se lleven a cabo con transparencia y total alcance en todo el país. “El Estado está en marcha frente al proceso electoral y se actualiza permanentemente a través de reuniones con los entes reguladores y espacios de discusión en los que se conocen criterios y se plantean soluciones”, finalizó.

semana.com