Según cifras del Ejército, hace un año las Farc contaban con 6700 hombres. Sin embargo, la discusión apunta a que la justicia transicional, que por estos días se analiza en La Habana, también involucraría a otros actores del conflicto armado
Según cifras del Ejército, hace un año las Farc contaban con 6700 hombres. Sin embargo, la discusión apunta a que la justicia transicional, que por estos días se analiza en La Habana, también involucraría a otros actores del conflicto armado

www.fuerzasmilitares.org (03AGOS2015).- Hace exactamente seis meses y quince días, el expresidente César Gaviria, en una carta abierta, planteó la posibilidad de que en aras de cimentar de la mejor manera el proceso de paz en La Habana, la llamada justicia transicional debía cubrir varios sectores de la sociedad colombiana que se han visto involucrados en el conflicto.

“…Hasta ahora solo se ha hablado de justicia transicional para los integrantes de las guerrillas como para los miembros de la Fuerza Pública tanto por parte del Presidente de la República como de los negociadores. Tal decisión deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la Rama Judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana. Ante esta situación, han surgido inquietudes sobre la necesidad de que la justicia transicional también cubra a los sectores no combatientes de las distintas ramas de la sociedad que de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación y con el fin de adelantar su tarea proselitista”.

Valga decir que estas declaraciones del expresidente liberal, en ese instante, no desataron mayor controversia. Es más, podría decirse, incluso, que pocos le pusieron atención al trasfondo de lo que planteaba Gaviria.

Sin embargo, un semestre después, el recién descubierto consejero jurídico de las Farc, Enrique Santiago, un avezado dirigente del partido comunista español y de Izquierda Unida, reconocido por su discurso radical y la defensa de causas polémicas, planteó esta semana una teoría que encendió un nuevo debate en el escenario de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana.

Como si estuviera recogiendo las palabras de Gaviria, que en su momento no encontraron mayor eco, el abogado de las Farc planteó que la guerrilla no se sentó a negociar para terminar en la prisión y que los jefes guerrilleros solo pagarían cárcel si “los máximos responsables del Estado” también lo hacen.

“Desde el punto de vista jurídico, los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto no son únicamente quienes han empuñado las armas. Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia. Pero ¿quiénes son los máximos responsables del Estado? Para la justicia internacional no hay inmunidad de ningún cargo político”, atizó Santiago, encendiendo el fuego de la discusión sobre el tipo de justicia que las Farc pretenden aplicar en los diálogos de La Habana.

La mesa de discusión quedó servida. Mientras quienes han mantenido una posición crítica frente al proceso de paz advierten que con esta declaración las Farc dejaron en claro, una vez más, su intención de tender un manto de impunidad para sus líderes, analistas más cercanos al proceso advierten que, por fin, el grupo guerrillero ha mostrado sus verdaderas cartas y ha aceptado un principio de justicia, que hasta hace unos meses habían negado de manera sistemática.

Surgen entonces una serie de inquietudes. ¿Las declaraciones del abogado Santiago hacen parte de una nueva burla de la guerrilla a la justicia, amparada en un artilugio jurídico? ¿Si todos son culpables, luego entonces nadie es culpable? ¿El plan de las Farc es impunidad total? ¿Realmente revelaron las Farc sus cartas jurídicas? ¿La justicia transicional es la salida para desenredar el proceso de paz?

La primera carga llegó desde el lado del Centro Democrático. En diálogo con El País, el senador por ese partido, Alfredo Rangel, enfatizó que las declaraciones del abogado de las Farc son totalmente consistentes con lo que ha dicho anteriormente ese grupo subversivo, en el sentido de que el Estado es el principal responsable de la violencia en Colombia y que no reconocen a la justicia colombiana como legítima y que por tanto no aceptan un solo día de cárcel.

“De aceptarse la tesis absurda y absolutamente disparatada de las Farc, la primera persona que debería comparecer ante la justicia sería el presidente Juan Manuel Santos, todo su gabinete y la cúpula militar, eso es absolutamente inconcebible. Así que lo que están haciendo las Farc es sencillamente distraer el debate y seguir apuntando a su único propósito que es el de la total y absoluta impunidad para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en forma sistemática por esa organización terrorista”, sostiene.

Para Rangel es claro que con la tesis planteada por el abogado Santiago “si resulta que todos en Colombia somos culpables, pues entonces nadie es culpable y todos debemos ser perdonados”.

Otro de los críticos del proceso, el procurador Alejandro Ordóñez, también enfiló baterías y respondió a Santiago en el sentido de “que no se puede equiparar a los ciudadanos de bien con el ejercicio de la violencia para desconocer los derechos de los colombianos. Creo que, con eso, lo que se trata es de insistir en la impunidad que ellos siempre han concebido y creo que si hay una claridad, es que precisamente no puede concebirse un proceso de paz con la dosis de impunidad que cada vez, con mayor descaro, está exigiendo las Farc”.

Incluso, a su paso por Bogotá, invitado por la Universidad Nacional, el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de Paz, Óscar Arias, también terció en el debate y explicó que lo más difícil de estos procesos de negociación es lograr un balance entre el equilibro y el perdón, que de alguna manera tendrá que vivir la sociedad.

“Para las guerrillas no sería ningún aliciente dejar las montañas para ir a una mesa de negociación si no tienen la posibilidad del perdón. Sin embargo, la inmensa mayoría no quiere impunidad y demanda sanciones para crímenes. Por eso el equilibrio lo deben encontrar los propios colombianos”, argumentó.

La otra mirada

Otra percepción tiene el analista Juan Diego Duque, de la Fundación Ideas para la Paz, quien considera que, por el contrario, las declaraciones de Santiago demuestran un avance de las Farc, que han comenzado a entender que deben acomodarse a las normas internacionales y a lo referente al derecho internacional humanitario.

Con respecto al planteamiento de que los máximos responsables de violaciones de derechos humanos, de diferentes orillas, deben acudir a los tribunales, Duque percibe que lo que hay es un pulso entre el Gobierno y las Farc para definir los mecanismos y quiénes serían señalados como responsables de esas violaciones.

Una posición similar tiene el rector de la Universidad Libre de Cali, Libardo Orejuela, quien no advierte en la declaración de Santiago una estratagema para que las Farc evadan la justicia y logren impunidad total para sus delitos de lesa humanidad.

“No hay que verlo con esa lectura, aquí todo mundo no es culpable, pero tampoco todo mundo es inocente, hay denuncias graves que, por ejemplo, comprometen a multinacionales, que financiaban frentes paramilitares. Hay sectores y personas que también están vinculados con la guerrilla, por eso la guerra en Colombia es una guerra atipíca, pero como no se trata de dejar un país hijo de la venganza, de la ira, sino de cómo salimos de este laberinto, me parece que hay que mirar o tener lecturas absolutamente distintas”, agrega.

Para el analista Camilo Sánchez, de la Fundación Dejusticia, el aspecto clave es que para él resulta evidente que no solamente las Farc han participado en delitos de lesa humanidad a lo largo de 50 años de conflicto interno.

“Entonces el punto es determinar cuáles serían las fórmulas de justicia para los guerreros. En segundo lugar, ambos ejércitos han sido financiados o apoyados por otros, que en muchos casos han respaldado estas violaciones, entonces la pregunta es cuál sería la fórmula de justicia para los que estuvieron detrás, por ejemplo, para los financiadores de la guerrilla o para aquellas personas que dentro de las instituciones aprovecharon el Estado y las Fuerzas Armadas para cometer violaciones de derechos humanos”, apunta.

En lo que todos parecieran estar de acuerdo es que el punto de la verdad, justicia y reparación se muestra como el más complejo y el que puede determinar si las conversaciones de paz pueden llegar a buen puerto.

Por ello, algunos de los analistas plantean que los dos aspectos cruciales en que deberán concentrarse los negociadores de ambas partes en los próximos meses son: primero, determinar qué tipo de sanciones son las óptimas (que no necesariamente, en algunos casos, pasan por la privación de la libertad), y segundo, cómo será el proceso de selección de aquellos a quienes se considera máximos responsables de violaciones de derechos humanos.

Mientras tanto, tal vez, en las conciencias de quienes adelantan las negociaciones resuenen las últimas palabras del nobel de Paz Óscar Arias antes de regresar a su país: “Les digo a los colombianos que no vayan a perder el tiempo, el esfuerzo y el dinero que han invertido en las conversaciones, no se levanten de la mesa hasta que lleguen a un acuerdo que les permita a las nuevas generaciones vivir en paz”.

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