En una audiencia que pasó de agache en 2014, el ente investigador se opuso a las tesis de la Procuraduría sobre la naturaleza de esa guerrilla. Imagen de archivo
En una audiencia que pasó de agache en 2014, el ente investigador se opuso a las tesis de la Procuraduría sobre la naturaleza de esa guerrilla. Imagen de archivo

www.fuerzasmilitares.org (16SEP2015).- A finales de julio, el fiscal Eduardo Montealegre anunció que, antes de que se acabe el año, la Fiscalía les imputará distintos crímenes de guerra y de lesa humanidad a los miembros del Estado Mayor Central y del Secretariado de las Farc. Las diligencias prometen conjurar la percepción de que los delitos cometidos por esa guerrilla quedarán en la impunidad,

Pese a que aún se desconoce la manera como, eventualmente, se articularían esos procesos judiciales con el nuevo modelo de justicia transicional que se pacte en La Habana.

Y aunque las diligencias prometen dar de qué hablar, por tratarse de la primera imputación colectiva contra los máximos comandantes de las Farc, ya a finales de 2014 la Fiscalía reveló la forma como entiende a la guerrilla y sus formas de operar. Los lineamientos quedaron consignados en una extensa imputación en Justicia y Paz contra 133 exguerrilleros, que pasó de agache en los medios y que incluyó a desmovilizados tan polémicos como Elda Neyis Mosquera, alias Karina; Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, y Helí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra.

Varias fueron las tesis que expuso la Fiscalía en esas diligencias. En primer lugar, el ente investigador dejó claro que, a su juicio, las Farc no son narcotraficantes. En repetidas ocasiones los fiscales manifestaron que “luego de la verificación y los análisis de los documentos de las Farc no existe una indicación expresa que haga referencia de que abordan el negocio del narcotráfico como un elemento integral de su lucha” y que “el narcotráfico no ha sido un fenómeno colectivo de las Farc”, sino de frentes como el sexto y el 48, que lo usan para financiarse.

Una afirmación que cayó muy mal en la Procuraduría, cuya delegada manifestó que “los informes del Grupo de Memoria Histórica y del Centro Nacional de Memoria Histórica hacen una relación de las Farc con el narcotráfico, por lo que se debe replantear este punto”. No obstante, el ente investigador insistió en su postura y dijo que “la evidencia no nos permite establecer que las Farc hayan mutado de una organización insurgente a una estructura dedicada de forma exclusiva al narcotráfico”, en contravía de los señalamientos según los cuales esa guerrilla es uno de los “carteles de cocaína más grandes del mundo”.

Otro punto en el que la Fiscalía se apartó de la mayoría de los análisis fue en el de las razones que motivaron el surgimiento de las Farc, en 1965. Entrevistas realizadas por el periodista Carlos Arango en 1983 a Jacobo Arenas, el Mayor Lister y Tirofijo, tres de los fundadores de esa organización, le bastaron a la entidad para concluir que “su origen se encontró en el desarrollo de la violencia bipartidista y no en el problema de la tenencia de la tierra, como equivocadamente se ha afirmado por parte de algunos”. Una conclusión que contradice informes del calado del ¡Basta ya!, según los cuales los primeros destacamentos guerrilleros tenían entre sus principales reivindicaciones la lucha por la tierra, tal como quedó consignado en el Programa Agrario de los Guerrilleros, de 1964.

El ente investigador también se ocupó de presentar una relación detallada de las conferencias guerrilleras que han definido la estrategia de las Farc, y de la conformación de los bloques y sus áreas de injerencia. Sin embargo, además de lo militar, le otorgó una especial importancia a las estructuras políticas de la guerrilla, destacando la labor que cumplen el Partido Comunista Clandestino Colombiano, las escuelas de formación político-militar y las uniones solidarias, en la formación ideológica de los combatientes y la relación con la población civil. De ahí que no se haya mostrado a las Farc como un grupo “terrorista”, sino como una organización insurgente.

Asimismo, la Fiscalía entregó información reveladora sobre dos archivos encontrados en el computador del abatido jefe guerrillero alias Iván Ríos, que serían el preámbulo de las nunca promulgadas, al menos oficialmente, leyes 005 y 006 de las Farc. Según esos archivos, la guerrilla buscaba juzgar, en una suerte de “tribunales populares”, a los altos funcionarios, oficiales, narcotraficantes y terratenientes “responsables de crímenes de guerra”. Toda una paradoja a la que se sumaban restricciones en las áreas rurales, que incluían horarios para transitar los caminos, observaciones sobre la llegada de “forasteros”, condiciones para la celebración de negocios entre civiles y hasta orientaciones para que las juntas comunales se encargaran del cuidado de ríos y bosques.

Capítulo aparte mereció el tema de las finanzas. Para dar cuenta de los ingresos y egresos de la guerrilla, la Fiscalía leyó un informe que elaboró en 2011 el Comité Interinstitucional de Lucha contra las Finanzas de las Organizaciones Terroristas. Con base en ese documento, aseguró que, más allá de la participación directa en el negocio del narcotráfico, las Farc se dedican a cobrar “extorsiones” sobre la cadena de producción y comercialización de cocaína. De ahí que la extorsión, entendida en esos términos, “es la actividad delictiva que actualmente representa mayor rentabilidad financiera para las Farc”.

Según el informe, mientras en 2010 la venta de ese alcaloide le representó ingresos a la guerrilla por $890 mil millones, la “extorsión” al cultivo de hoja de coca y a la producción de pasta y de clorhidrato le significó más de $1.300 millones. Durante ese año, las Farc también habrían obtenido $190 mil millones producto de la extorsión a la extracción de oro en minas legales e ilegales de Antioquia, Cauca, Chocó y otros cinco departamentos. En esas zonas, los cobros abarcarían desde el ingreso de retroexcavadoras a las zonas auríferas hasta el permiso para realizar el tradicional barequeo.

También se reportaron como fuentes de financiación el robo de ganado, la extorsión a los presupuestos municipales y a la extracción de tungsteno; las inversiones en tierras, ganado y maquinaria para la extracción de oro, y los ingresos obtenidos del trabajo proselitista desplegado por el Frente Internacional. Sobre las tierras, se dijo que “la posesión intermitente de áreas baldías, en territorios fuera del control del Estado, les produce alta rentabilidad” y que esa guerrilla cuenta con propiedades en países como Ecuador, Perú y Bolivia.

La Fiscalía también reportó que los egresos para 2010 habían sido de $756 mil millones, lo que significa que la cantidad de dinero que ingresa a la organización es superior a la que sale por concepto de mantenimiento y operación de los frentes. La pregunta central de la audiencia fue, entonces, dónde estaba el excedente, que se requeriría para reparar a las más de 2.600 víctimas que se incluyeron en la diligencia.

Un interrogante que quedó sin responder, por cuenta de las dificultades que han enfrentado las autoridades para identificar el flujo de los recursos, tanto en Colombia como en el exterior. Según Karina, “este es uno de los temas más candentes. Incluso los mismos desmovilizados nos hacemos la pregunta de dónde está toda esa plata que a nosotros como combatientes y como mandos medios nos exigía el Estado Mayor Central, que es el que tiene el manejo exclusivo del dinero”. Y dijo que “será en el proceso de La Habana donde pueda haber resultados, para que se nos diga a la sociedad colombiana y a los excombatientes dónde están esos recursos que nos exigieron como ‘finanzas para la paz’, con el fin de tomarnos el poder”.

Así las cosas, el ente investigador dejó claro que, en su concepto, las Farc no son una organización narcotraficante, ni mucho menos terrorista, y que sus orígenes y motivaciones son eminentemente políticos, en concordancia con la postura que asumió el Gobierno cuando se sentó a negociar en La Habana. Al término de esas consideraciones, la Fiscalía les imputó cargos a los 133 exguerrilleros por los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro, reclutamiento ilícito de menores y violencia basada en género.

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