Por la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, han sido condenados el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias.
Por la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, han sido condenados el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias.

www.fuerzasmilitares.org (25SEP2015).- En las últimas 36 horas no han dejado de sonar los teléfonos de reconocidos abogados que defienden a militares y policías enredados en procesos penales. Sus clientes les están preguntando cuáles serían los alcances de la nueva justicia transicional acordada entre el Gobierno y las Farc en la mesa de diálogos de La Habana.

“Varios clientes ya manifestaron su interés en saber qué tipo de beneficios tendrían con los acuerdos de paz y qué posibilidades hay de reducir sus condenas”, señaló un abogado.

“Lo que les hemos dicho es que esperen a que esos beneficios sean un hecho jurídico real y que, mientras tanto, se mantengan en la justicia ordinaria”, indicó otro defensor tras señalar que “es normal que una persona civil o uniformada vea con esperanza la posibilidad de recuperar su libertad”.

Si bien ya hay oficiales que están presos hace varios años y que contemplan la posibilidad, hay una línea dura de condenados que ya rechazaron los eventuales beneficios, bajo el entendido que les supondría reconocer actuaciones que ellos siguen negando. En ese grupo, según las fuentes consultadas, está el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión por los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, en 1985.

“Muchos han dejado ver su preocupación por los señalamientos que podrían sufrir dentro de las mismas fuerzas por considerar acogerse a la nueva jurisdiccción –dijo otro jurista–, pero es un hecho claro que si se abre esa puerta muchos van a entrar por ella para contribuir con la verdad y la reparación”.

El acuerdo no. 4 del proceso de paz con las Farc señala que en el nuevo modelo de justicia tendrán cabida no solo los miembros de la guerrilla sino los agentes del Estado y los civiles que hayan cometido conductas criminales relacionadas con el conflicto armado.

El nuevo Tribunal para la Paz, que entrará en vigencia siempre y cuando se firme la paz con la guerrilla, tiene facultades para reabrir casos ya juzgados por la justicia ordinaria colombiana, siempre y cuando se cumplan presupuestos de reconocimiento de responsabilidad y restauración de las víctimas.

En este momento hay dos generales condenados por hechos del conflicto. Jaime Humberto Uscátegui fue sentenciado a 37 años de cárcel por omisión en la masacre de Mapiripán (Meta), cometida por paramilitares en 1997. Y el general Jesús Armando Arias Cabrales paga 35 años por el caso del Palacio de Justicia.

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