Hacinamiento carcelario
Hacinamiento carcelario

www.fuerzasmilitares.org (09OCT2015).- Cuando el país se apresta a celebrar un acuerdo que ponga fin a 50 años de guerra, los altos índices de criminalidad siguen siendo un problema para la institucionalidad. Así lo demuestra un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), que indica que la jurisdicción penal tiene pendientes por evacuar aproximadamente 1,5 millones de procesos.

Aun cuando reconoce los avances, tampoco desconoce que son latentes los problemas de las autoridades penales, debido a cierto déficit en la formación de algunos de sus funcionarios, problemas en infraestructura y en capacidad tecnológica. En su criterio, algunas de estas problemáticas podrían dificultar las más de dos millones de noticias criminales pendientes de atender a finales del 2014.

Las cifras corresponden a un balance de organismo a los 10 primeros años del sistema penal acusatorio. El estudio evidencia la honda preocupación de la CEJ por los problemas de hacinamiento y la incoherencia de las respuestas institucionales.

Para la Corporación, la crisis humanitaria que vive el sistema carcelario colombiano, que en el 2013 llegó a niveles insospechados del 58 %, obedece a una cultura jurídica que privilegia el encierro en prisión de quienes violan la ley penal, por leves que sean las faltas.

La CEJ no solo critica que ante los fenómenos de criminalidad el Congreso tienda a responder con aumentos de pena. También se opone a que se privilegie la detención preventiva de personas que todavía están siendo juzgadas. A su juicio, la reclusión durante el juicio debe ser una medida excepcional y no convertirse en la regla general.

“(…) Con el fin de que los jueces no sigan concediendo medidas de detención preventiva que sean fomentadas y presionadas por los medios de comunicación y aplaudidas por la ciudadanía (lo cual sin lugar a dudas influye en el hacinamiento carcelario), se debe otorgar un papel más vigoroso a la pedagogía sobre el sistema”, dice el estudio de 306 páginas.

La Corporación se detiene en analizar la manera como los medios se pronuncian frente a las actuaciones judiciales. Se duele de algunas de las posiciones que allí se defienden frente al otorgamiento de algunos beneficios penales.

Por impopulares que sean, la CEJ defiende la eficacia de algunos de esos mecanismos, como la prisión domiciliaria, los preacuerdos o las rebajas de penas por aceptación de cargos. Según el organismo, por mucho que la sociedad se pueda oponer a su otorgamiento, son mecanismos efectivos contra los fenómenos criminales.

“(…) La práctica el desmonte de incentivos derivados del preacuerdo y la aceptación de cargos termina generando (como ya se ha expuesto en el pasado) condenas más altas, pero un menor número de ellas, ligado al desgaste institucional que implica llevar todos estos casos hasta la etapa del juicio oral, corriendo el riesgo que en este escenario no se logre desvirtuar la presunción de inocencia”, dice el documento.

“(…) Persiste una cultura jurídica que privilegia el ideal de la justicia retributiva, centrada en la venganza, el castigo y la privación de la libertad”, dice el balance, que además responsabiliza a los medios de ejercer cierta presión en los operadores judiciales.

El estudio no deja de lado su preocupación por la pérdida de credibilidad del sistema penal. Recordó que, durante la llamada crisis de la justicia, que se produjo al estallar el escándalo de corrupción que supuestamente protagonizó uno de los integrantes de la Corte Constitucional, la imagen desfavorable del poder jurisdiccional ascendió al 79 %.

De hecho, la corporación teme que esa desbordada desconfianza de los colombianos en el sistema pueda traducirse en una disminución de denuncias. Así, los subregistros sobre índices de criminalidad podrían ser mucho más altos. Las instituciones enfrentarían así muchas más dificultades para diseñar una política criminal coherente y efectiva.

Aun cuando el balance termina reconociendo el mejoramiento de los esquemas de los que dispone el país para enfrentar los fenómenos delictivos, los resultados no dejan de ser desalentadores.

La capacidad de respuesta de los organismos penales es todavía lenta, los cambios políticos tampoco han favorecido la disminución de los índices de criminalidad y no existen medidas coherentes que busquen solución al insoportable hacinamiento en las cárceles.

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