Los negociadores se encontrarán a mediados de enero para reiniciar los diálogos de paz
Los negociadores se encontrarán a mediados de enero para reiniciar los diálogos de paz

www.fuerzasmilitares.org (29DIC2015).- Colombia pasará el fin de año más tranquilo del último medio siglo. No sólo porque durante la temporada festiva la guerrilla de las FARC suele declarar un alto al fuego sino porque esta vez, a diferencia de los últimos 50 años, cuando los colombianos vuelvan de las vacaciones lo más probable es que siga habiendo paz.

Es la consecuencia más clara del período de paz más pacífico que ha vivido Colombia en los últimos tiempos. Un año monopolizado políticamente en lograr la paz y que termina con una fecha en el horizonte: 23 de marzo del 2016. Según el presidente Juan Manuel Santos, antes de ese día tendría que firmarse el acuerdo para darle fin al conflicto armado más largo de América Latina.

Santos se ha jugado todo su prestigio en esta causa implicándose más allá de lo político. Alcanza, incluso, lo estético: el presidente y sus ministros rara vez aparecen sin la insignia de una paloma de paz prendida en la solapa y hasta en las comidas que se ofrecen en la casa presidencial, las servilletas llevan el pájaro bordado en hilo dorado, retrato de una nueva época.

El 2015 termina con cuatro temas pactados con la guerrilla. El último de ellos, relacionado con las víctimas, la justicia y las condenas que pagarán a los combatientes, ha sido el más difícil y polémico de acordar. Cerrar esta compleja negociación el 15 de diciembre pasado ocupó la mitad de los 37 meses que hasta ahora se han empleado en el proceso.

Las partes creen que ya no hay marcha atrás para poner fin a un conflicto con casi siete millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

Pero todavía son muchos los retos que se deben abordar, pues aún los colombianos tienen que aprobar lo acordado en un plebiscito, y muchos no están de acuerdo con que no haya cárcel para quienes confiesen delitos. Tampoco está claro cómo se va a financiar la recuperación del campo, tras tantas décadas de guerra, o cómo se enfrentará la aparición de un nuevo tipo de violencia protagonizada por los guerrilleros que no quieran desmovilizarse y opten por seguir lucrándose del narcotráfico o la minería ilegal. También habrá que ver cómo Colombia sorteará la presión internacional si siguen aumentando los cultivos de hoja de coca en el país. Sin embargo Enrique Santiago, abogado de las FARC, defiende que este acuerdo es "único en el mundo" porque busca exigir responsabilidad tanto a guerrilleros como a soldados y porque pretende juzgar a quienes llevaban el fusil al hombro como a quienes financiaron el conflicto durante medio siglo.

"Tradicionalmente en Colombia los no combatientes, políticos, empresarios, financiadores e instigadores del conflicto han pasado 'de agache', sin cumplir sus responsabilidades, y este acuerdo termina con todo esto", dijo el abogado español, que estuvo sentado durante muchos meses en la mesa de negociación.

El polémico acuerdo, que no incluye cárcel para los culpables de matanzas siempre que reconozcan su responsabilidad, ha levantado ampollas entre amplios sectores de la población que ven este marco jurídico una gran concesión a la guerrilla. Las últimas encuestas señalan que el 80 % de los colombianos rechazan que no haya cárcel para los guerrilleros y que puedan competir por curules en el Congreso.

"Es un proceso de paz fraudulento que va en contra de la exigencia de justicia", dijo Alfredo Rangel, senador del partido del derechista expresidente Álvaro Uribe. "El Gobierno ha igualado al Estado y a las FARC para negociar la agenda nacional". También la organización Human Rights Watch calificó el acuerdo como una "piñata de impunidad", según José Miguel Vivanco.

En los próximos meses comenzará la negociación del fin del conflicto y la forma que tendrá la "dejación de armas". Para ello se estudian en La Habana modelos como los de Irlanda, El Salvador y Congo, donde hubo entrega de armamento, según los negociadores.

En paralelo, el gobierno de Santos convocará a un plebiscito para cumplir su gran promesa de campaña: "Los colombianos podrán aprobar o rechazar con su voto todo lo pactado en La Habana", una votación que, según el calendario apuntado, podría llegar en junio. Pese a que cada detalle del proceso está medido, el plebiscito introduce nuevos problemas.

Mientras para Santos celebrar una votación es una promesa central, las FARC dicen que este asunto no ha sido consensuado en La Habana.

En el campo económico el Gobierno cree que con la paz el PIB crecerá entre el 1,5 % y el 2 % adicionales "de por vida", dijo Santos en una entrevista reciente con el diario El Colombiano.

Con el turbio panorama económico por delante, el argumento del bolsillo seduce a las clases medias y altas del país, cuyos hijos no padecen la guerra y que tradicionalmente se han mostrado reacias a los acuerdos. En paralelo, la caída del precio del petróleo, que supone el 50 % de las exportaciones colombianas, sumado al limitado apoyo internacional que ha recibido el proceso de paz y el descenso en las aportaciones de Estados Unidos al 'Plan Colombia', siembran muchas dudas sobre la posibilidad de llevar a las zonas rurales el dinero necesario para la paz.

No obstante, el proceso que se sigue en La Habana deja también avances muy concretos. La violencia ha llegado a un mínimo sin precedentes en la historia del conflicto, según CERAC, una organización con sede en Bogotá que monitorea diariamente la violencia política en el país.

Expertos de la organización creen que este descenso ha evitado "por lo menos" las muertes de 1.500 personas en comparación con el periodo de Uribe y su política de Seguridad Democrática que acorraló a la guerrilla entre el 2002 y el 2010.

Paradójicamente, una de las consecuencias de la firma de la paz será el recrudecimiento de una violencia con rostro nuevo, según expertos consultados. Se calcula que se desmovilizarán unos 5.000 guerrilleros de los 7.000 que aproximadamente tienen las FARC, pero que el resto pasaría a formar parte de bandas criminales, según distintas organizaciones.

Para Jorge Restrepo, director de CERAC, al finalizar un conflicto surgirán nuevas disputas por la tierra, la cocaína o la minería ilegal entre guerrilla y paramilitares no desmovilizados que buscan permanecer en el crimen organizado, "lo que provocará un aumento de la violencia", explica.

Y advierte de que "ya comenzó una disputa por estos botines de guerra que están todavía en manos de los mandos medios de las FARC". Según el analista, la depreciación del peso colombiano frente al dólar "hace muy rentables las actividades de criminalidad, ya que rinde más lavar el dinero en Colombia", dijo.

En el plano internacional los datos de la ONU confirman que Colombia podría superar a Perú en el 2016 y volver a ser el primer productor mundial de hoja de coca, lo que aumentaría la presión exterior. Existe la sensación de que la nueva política antidrogas está hecha a medida de las exigencias de la guerrilla, que pidió, por ejemplo, que se suspendieran las fumigaciones con glifosato, algo que Santos aprobó meses después.

El exguerrillero y senador de izquierda Antonio Navarro Wolff, aliado del Gobierno en el proceso de paz, también detecta nubes negras y le baja el optimismo del Ejecutivo. "Hay una visión muy repetida de que la paz va a producir grandes cambios, pero no veo muchas variaciones a corto plazo".

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