El vicefiscal asegura que solo quienes hayan tenido participación decisiva en delitos graves serán judicializados.
El vicefiscal asegura que solo quienes hayan tenido participación decisiva en delitos graves serán judicializados.

www.fuerzasmilitares.org (07ENE2016).- Es indudable que el avance de las guerrillas en su propósito de poner en jaque al Estado se debe también a la colaboración de muchos civiles. Investigaciones académicas, versiones de los pobladores y actuaciones de diversas autoridades así lo demuestran.

En su propósito de reconstruir los hechos del conflicto, la Fiscalía estableció que hubo 1.500 episodios delictivos en los que se presume la colaboración de particulares con las FARC. El anuncio fue hecho por el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo.

El funcionario indicó que a raíz de estas indagaciones, muchos civiles tendrán que responder ante el Tribunal de Paz que se encargaría de juzgar a los desmovilizados de la insurgencia. Lo harán si cumplieron un papel decisivo en delitos graves y atroces.

Sin embargo, aclaró que no todos los particulares que hayan colaborado con las FARC tendrán que vérselas con la justicia transicional. Si se comprueba que su participación en los ilícitos fue menor y que las conductas penalizables no tienen mayor trascendencia, podrán obtener distintos tipos de beneficios, entre ellos su no judicialización.

Según Perdomo, los hechos que ahora están siendo identificados se conocieron por las versiones libres que entregaron guerrilleros postulados a Justicia y Paz. De ahí la importancia de la desmovilización individual de 500 integrantes de las FARC que tuvo lugar durante la ejecución de esta Ley.

Añadió que importantes exlíderes de la guerrilla como ‘Karina’, ‘Martín Sombra’, ‘Olimpo’ y ‘Olivo Saldaña’ colaboraron en el esclarecimiento de estos acontecimientos. Los civiles involucrados habrían sido claves para identificar zonas propicias para el reclutamiento forzado, la ubicación de personas adineradas a las cuales extorsionar y secuestrar, entre otros delitos.

El vicefiscal señaló que los investigadores a cargo de estos 1.500 expedientes deberán seguirles la pista a casos de fuga de presos, desapariciones y desplazamientos forzados, testaferrato y demás punibles.

Para algunos civiles, la presencia de las FARC en el territorio no fue un problema. Al contrario, el grupo se convirtió en un conveniente aliado para eliminar contradictores políticos o poner fin a viejas disputas por la tierra. En más de un ocasión, particulares acudieron a guerrilleros para sacar del camino a quienes les parecían molestos.

Pero la participación de estas personas en los planes delictivos de la insurgencia no en todos los casos fue tan utilitarista. El vicefiscal indicó que en más de una ocasión personas ajenas a las hostilidades fueron coaccionadas para que colaboraran en la ejecución de acciones violentas y otras actividades afines a la guerra. En estos casos, desde luego, se trata de víctimas, no de cómplices del grupo armado.

Por estos hechos, la Fiscalía entregó copias de los 1.500 expedientes a distintos despachos de la entidad y otras autoridades competentes. Allí se determinará si se investigan los hechos relatados por los guerrilleros en sus versiones libres y se determine cuáles de ellos deberán ser juzgados por el Tribunal de Paz y cuáles de ellos serán sujetos de beneficios.

Esto significa que aun cuando muchos de los eventuales indiciados no verán afectada su libertad, otros tendrán que pagar penas restrictivas de la libertad de entre cinco y ocho años. Esa misma pena tendrán que pagar los guerrilleros que tengan una responsabilidad determinante en delitos atroces.

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