Timochenko, Iván Márquez y Pastor Alape.
Timochenko, Iván Márquez y Pastor Alape.

www.fuerzasmilitares.org (15ABR2016).- Sin esperar a que se firme el acuerdo de paz en La Habana, el Gobierno y todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático, empezaron a discutir las reformas al actual sistema político para garantizar uno de los principales objetivos del proceso de paz, el que la guerrilla de las FARC cambie los fusiles por los votos.

Parece prematuro, pero ha sido habitual que el Congreso se anticipe a medida que avanza el proceso de paz. Lo hizo al crear un referendo para la paz, luego un plebiscito para refrendar popularmente el acuerdo, y lo está haciendo con un acto legislativo para crear el ‘congresito’ que haga las reformas necesarias para implementar los acuerdos de paz. Ahora han ido más allá. Presentaron propuestas iniciales sobre dos normas para implementar el segundo acuerdo firmado en la Mesa, el de la participación política.

Los congresistas y el Gobierno hicieron un mea culpa en Cartagena, y admitieron que con las actuales reglas de juego de la política no hay las suficientes garantías para que las FARC se conviertan en un partido político. Pero no sólo este grupo insurgente, también los partidos independientes, las minorías políticas, las organizaciones sociales fracasarían frente a las maquinarias políticas que dominan la política actual.

Por eso para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien adelanta la concertación, “los acuerdos de paz en La Habana deben ser aprovechados para que en Colombia hagamos las reformas que, lamentablemente, no se han hecho en la últimas décadas en Colombia”.

Por ejemplo, el estatuto de la oposición. Aunque hace parte del acuerdo con las FARC, también ha sido una de las asignaturas pendientes desde hace 25 años. Desde la Constitución del 91 ningún gobierno ha podido sancionar una ley que brinde garantías al ejercicio de los partidos que se declaren en oposición.

Clara López, presidenta del Polo, completa 14 años haciendo oposición, tanto a Uribe como a Santos, y con esa experiencia dice que la oposición debería tener derecho a la réplica, por ejemplo, a los anuncios del presidente, presencia en cargos directivos del Congreso, en la comisión asesora de relaciones exteriores, en el Consejo Nacional Electoral, y una procuraduría delegada para los derechos de la oposición; deberían tener espacios de televisión, y tener algún plus en su financiación. “Es una lista de mercado”, dijo.

Horacio Serpa le añadió más ingredientes a la lista al proponer incluso que los organismos de control estuvieran en manos de la oposición, y calificó como un avance que el candidato que pierda la Presidencia tenga por derecho propio un escaño en el Senado. “Cómo me habría gustado que fuera ley hace 17 años”.

Carlos Baena, exsenador y presidente del Mira, partido político que en cada elección está en riesgo de desaparecer, dice que así como se piensa en estatuto de oposición, también se debería diseñar uno especial para las minorías. “Nos iría mejor en la oposición que como minoría”.

Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso, es de la idea de que las garantías a la oposición vendrán por otra vía. Un reequilibrio de poderes frente al Ejecutivo. “En Colombia, más que presidente tenemos virrey, y el poder está en el consejo de ministros, que sólo representan a tres universidades de Bogotá, pero no hay un negro ni un campesino”.

Hernán Penagos, expresidente de la Cámara, también señala al sistema presidencialista como el responsable. “El presidencialismo coopta a la oposición”. Claudia López dice que para dar garantías políticas, “hay que acabar con el sistema de compra-venta de congresistas”.

Además del estatuto de la oposición, la otra norma que se empieza a delinear es la reforma política, que incluya un componente para fortalecer los partidos políticos y uno para ajustar las reglas de juego de las elecciones.

Se percibe un amplio consenso en que el voto preferente se ha convertido en uno de los males de las elecciones. “Los avales convirtieron los partidos en tiendas, ya no cautivan, no mueven banderas”; dice el conservador Eduardo Enríquez Maya. “La gente prefiere votar por nombres que por partidos”, apunta Serpa. “Mientras cada persona invierta y consiga votos individualmente, no habrá partidos fuertes”. Por eso muchas propuestas coincidieron en establecer listas cerradas, incluso Roy Barreras mencionó como “buen ejemplo” al Centro Democrático.

También hubo sugerencias en bajar las condiciones para el reconocimiento jurídico de los partidos políticos, señalando que el umbral es un listón muy exigente para futuras organizaciones políticas. “De lo que se trata es de abrir espacios a los que van a dejar las armas”, dice Barreras.

De momento son las primeras propuestas. Tras oír a los congresistas, Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional, no supo descifrar si lo que hablaron varias horas era una ley, una reforma constitucional o los temas de una Constituyente. Para quien fue ponente de la sentencia que hundió la segunda reelección presidencial, o se hacen leyes transitorias, por un periodo de ocho años, o se tendría que abrir la "caja de pandora” de la Constituyente.

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