Con menos del 15% del territorio nacional estudiado para minería, Colombia se considera un país inmaduro en términos exploratorios, señala la UPME. Imagen ilustrativa
Con menos del 15% del territorio nacional estudiado para minería, Colombia se considera un país inmaduro en términos exploratorios, señala la UPME. Imagen ilustrativa

www.fuerzasmilitares.org (17MAY2016).- Del oro que se extrae en Colombia, solo se tiene certeza del 25 %, y nadie sabe de dónde viene ni para dónde va el otro 75 %. Esa es la radiografía de la minería de metales preciosos en el país. Estudios revelan que la informalidad minera en Colombia se explica en buena medida por la “histórica debilidad institucional en materia de la fiscalización”.

La participación de las exportaciones mineras a lo largo de la década ha pasado del 10,1 % en el 2000 a 21,1 % en 2011, siendo carbón, níquel y oro los minerales que mayor participación tuvieron en esta cifra, precisa un informe de la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME).

Esta difícil realidad de desolación y destrucción en la minería extractiva es la que busca poner en el radar nacional el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), convocado por el Social Science Research Council y la Fundación Ford. El grupo lo integran personas de diferentes pensamientos y actividades que tienen un solo propósito: el aprovechamiento de los recursos mineros en el país.

Colombia dispone de minerales estratégicos como coltán, oro, tungsteno y litio, con rentabilidades elevadas, “en ocasiones superiores o semejantes a la de narcotráfico”, dice el informe del GDIAM.

“El grupo nace de la necesidad de confrontar la actual gran variedad de criterios alrededor de la minería”, dice el exministro de Minas y Energía Luis Ernesto Mejía. Propone la conformación de una agencia de diálogo intercultural “que no solo coadyuve (con) los temas de consulta previa, sino que se constituya en un mecanismo de unificación de políticas estatales para acompañamiento permanente de la relación con las comunidades”.

Citando varios estudios, el informe de la ONG resalta que “al problema de la criminalidad (…) se suma la depredación ambiental y social que ella genera y que ya muestra graves impactos en el territorio”.

Ese impacto y destrucción provocaron la reacción del presidente Juan Manuel Santos cuando sobrevoló la región chocoana. “Quedé adolorido, casi que con rabia al ver la cantidad de bosque tropical que ha sido destruido por esta minería criminal”. La decisión inmediata fue ordenar a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, conformar una brigada militar para atacarla.

Y para completar, en Chocó operan redes mafiosas brasileñas dedicadas a la extracción ilegal, denunció Claudia Jiménez, exdirectora de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y miembro del GDIAM. “El país no se puede equivocar de enemigo. El enemigo no es la minería empresarial. El enemigo es la minería ilegal y la criminal”, advierte Jiménez.

Territorios étnicos

Para Benjamín Mosquera, miembro del Proceso de Comunidades Negras de Colombia, la minería criminal es un tema que afecta directamente los territorios étnicos. “La minería se viene haciendo de manera ilícita, sin ningún arreglo, sin ninguna política clara”, dice Mosquera al pedir respeto por los principios y los derechos de las comunidades.

El exministro remarca que la actividad minera debe realizarse con base en las mejores prácticas internacionales conocidas y “debe procurar que haya vida después del proyecto minero”. Asimismo aboga por una institucionalidad medioambiental “supremamente sólida”.

El estudio propone un cambio en la estructura del Sistema Nacional Ambiental que contemple planeación, regulación, seguimiento y presencia regional. El GDIAM considera que hay cuatro tipos de minería: la formal, que cumple con los requisitos de ley y es pequeña, mediana y a gran escala; la tradicional y ancestral, que es de subsistencia y realizada por las comunidades indígenas; la informal, desarrollada a pequeña escala no mecanizada, y la minería ilegal y criminal.

Claudia Jiménez explica que esta última minería no cumple con los requisitos de ley. La diferencia entre una y otra es que la minería criminal financia grupos al margen de la ley (guerrilla, paramilitares o bacrim), mientras que la minería ilegal es ejecutada por grupos económicos, como las redes mafiosas brasileñas que operan en Chocó.

“El tema minero para nosotros como comunidad negra ha sido un cuello de botella, toda vez que lo hemos considerado un tema de subsistencia. Hoy, como se está haciendo de manera indiscriminada por las empresas criminales, está afectado la vida de las comunidades”, argumenta Mosquera. Fabio Velásquez, presidente de la Fundación Foro Nacional por Colombia, propone que el país designe una política de participación ciudadana para el sector minero.

Participación y algo más...

“Es necesario crear espacios nuevos de diálogo en donde se sienten Estado, empresas y comunidades a discutir los temas en el territorio. Esa discusión puede dar muchos mejores resultados que una simple directriz gubernamental que viene desde arriba y cae en el territorio”.

Velásquez considera que es necesario que la ciudadanía tenga instrumentos para la participación. Esos instrumentos deben ser mesas de diálogo con herramientas de información sobre los temas de su territorio y sobre los impactos de la minería. “Tienen que ser instrumentos de capacitación y formación para el diálogo, para el conocimiento del mundo de la minería”.

El exministro Mejía insiste en que un ingrediente importante en el proceso de la minería es desarrollar alrededor de esta actividad “encadenamientos económicos que permitan aprovechar la palanca de la minería para crear nuevas oportunidades de desarrollo y trabajo”. Señala también que la producción extractiva de materiales no es suficiente, debido a que el Estado tiene que crear un ambiente de industrialización para darle valor agregado modificando la materia prima “y venderlas al mundo como productos manufacturados donde haya generación de riqueza”.

Regulación errónea

Claudia Jiménez, que también se desempeñó como ministra consejera de la Presidencia de la República y embajadora en Suiza, señala que la falta de claridad conceptual en cuanto a los diferentes tipos de minería ha hecho que las políticas públicas que se hacen para regularlas o para enfrentarlas han sido erróneas.

Antes de posesionarse, y días después de su designación, el ahora ministro de Minas y Energía, Germán Arce, le dijo a El Espectador que “la puesta que hemos hecho es que podemos explorar y explotar recursos naturales de manera responsable y sostenible. Aquí la regulación es clave”.

“El compromiso nuestro como Estado es mandarles señales de seguridad y estabilidad jurídica a los inversionistas, porque Colombia tiene una tradición de país serio, de mandar señales claras”, agregó.

Con menos del 15 % del territorio nacional estudiado para minería, Colombia se considera un país inmaduro en términos exploratorios, señala el Plan Nacional de Desarrollo Minero de la UPME.

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