Colombian Soldier
Soldado Colombiano prestando su servicio militar en las montañas del país.

www.fuerzasmilitares.org (02MAY2017).- “Cuando el joven David Argenis Trespalacios Sánchez fue reclutado por el Ejército Nacional como soldado regular, estaba en perfectas condiciones de salud. El 28 de junio de 2011, cuando se encontraba en operaciones antiguerrilla en jurisdicción del municipio de El Zulia, Norte de Santander, sus compañeros le robaron el teléfono celular y la billetera, lo que le ocasionó un episodio de desespero y angustia, motivo por el cual desertó y se presentó en su casa, en pantaloneta y con trastornos de ansiedad. En vista de la anterior situación, el soldado fue llevado por sus familiares hasta el Batallón Mecanizado Maza N° 5, donde fue atendido, pero por la gravedad de la situación lo remitieron al Hospital Mental Rudesindo Soto, en Cúcuta, donde fue hospitalizado por ocho días.

Los médicos siquiatras de ese centro de salud lo remitieron a su casa, ordenándole medicinas acordes con el estado de salud mental deteriorada. El 23 de febrero de 2012, David fue sometido a examen por la Junta Médica del Ejército Nacional, entidad que concluyó que presentaba pérdida de capacidad laboral equivalente al 10,5 %”. Sin embargo, “la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, en respuesta a una solicitud hecha por un juez de primera instancia, concluyó en septiembre de 2013 que David sufría una pérdida de capacidad laboral del 100 %”, circunstancia que lo hacía dependiente de su familia por el resto de su vida.

Esos son los hechos narrados por la madre del soldado, quien demandó al Estado –representado por el Ejército y el Ministerio de Defensa– en una acción de reparación directa con la pretensión de que la justicia declarara responsable patrimonialmente a la Nación por el estado de postración en que quedó David y ordenara el pago de una indemnización por los daños sufridos.

Petición negada

El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cúcuta, el 28 de mayo de 2014, negó las pretensiones de la demanda al concluir que no se acreditó por la parte demandante “la causa o razón que generó la patología que soporta el señor David Argenis Trespalacios Sánchez, toda vez que en el escrito de demanda se señala como fecha de los hechos el día 28 de junio de 2011 y se le atribuye a las actividades de contraguerrilla desarrolladas por la compañía a la que hacía parte el conscripto en cita, fecha en la que se indica le hurtaron su celular y billetera, hecho este que no se prueba, pues cierto es que no existe informe administrativo alguno que dé cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten el mismo, como tampoco se desprende de la declaración dada por el prenombrado, pues en su dicho que bien pudiera merecer la valoración especial por la pérdida de capacidad laboral en un 100 % y la patología que presenta, en la misma afirma no recordar, ni se lo atribuye a las actividades propias del servicio militar (...)”. Un fallo apoyado, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que admitió la existencia de la patología que desencadenó en una psicosis esquizofrenia, pero no así su origen.

La condena

El caso fue conocido por la Corte Constitucional, que en sentencia T-011 de 2017 precisó que en el proceso para la incorporación del personal militar deben realizarse tres exámenes de aptitud psicofísica para determinar si la persona es apta para desarrollar las actividades propias de la prestación del servicio. Y citando al Consejo de Estado, consignó que si bien el examen sobre la capacidad no es exhaustivo y por ende es complicado detectar enfermedades mentales, “es claro que frente a las personas que prestan su servicio militar obligatorio surge para el Estado una obligación de resultado como es la de devolverlos a la vida civil en perfectas condiciones. Al respecto, se parte de la consideración según la cual si un joven es declarado apto para la prestación del servicio militar, se infiere que goza de un buen estado de salud, siendo entonces deber de la administración hacer lo propio para mantener dicha situación, para así poder entregar a la persona en las condiciones en que lo recibió”.

En ese sentido, si los síntomas de la enfermedad se manifiestan o se agravan durante la prestación del servicio, el Estado debe responder por tal situación, pues “se somete a una persona no apta, desde un principio, a prestar el servicio militar obligatorio, todo lo cual desvirtúa el principio de igualdad de las personas ante las cargas públicas”. En el proceso, las entidades demandadas no pudieron desvirtuar su responsabilidad, ya que nunca demostraron la culpa exclusiva del soldado, la fuerza mayor o el hecho exclusivo de un tercero en la generación del daño (patología) ocasionado al uniformado.

Por las anteriores razones, la Corte Constitucional revocó las sentencias de segunda y primera instancias y le ordenó al Tribunal Administrativo de Norte de Santander proferir un nuevo fallo respetando los requisitos de transparencia, suficiencia, interpretación favorable y el deber de devolver a los soldados conscriptos sanos y salvos a sus hogares.

 

(elespectador.com)