El gobierno ha dado un paso atrás en materia de fuero militar, pero todo indica que se prepara a dar un salto adelante. El artículo para reforzar el fuero militar que el ministro de Defensa introdujo en el proyecto de reforma a la Justicia en el Congreso desató una tormenta. No solo defensores de derechos humanos y ONG nacionales e internacionales, como Human Rights Watch, sino el Departamento de Estado de Estados Unidos, la tenían entre ojos. La decisión, anunciada por el presidente, de retirar ese artículo, por "consejo" de la comisión de alto nivel que estudia el fuero militar, es, a todas luces, una derrota para el ministro y el gobierno. Pero se trata apenas de las primeras de cambio en una larga batalla, tan compleja como apasionada, y el gobierno ya tiene lista su próxima carta, que se jugará a comienzos de marzo.

A todas luces, el gobierno se equivocó de estrategia en su intento de dar a los militares lo que piden en materia de garantías jurídicas. Introducir a último minuto en la reforma a la Justicia un artículo que cambia lo que la Constitución dice desde 1886 (y que ratificó la del 91) sobre el fuero militar generó sorpresa. El texto, que se interpretó como un intento de devolver a la Justicia Penal Militar la primera competencia para toda acción emprendida por los uniformados con ocasión del conflicto armado, generó toda clase de reacciones.

 

Algunas ONG dijeron que el cambio podía tener implicaciones de fondo en la certificación por derechos humanos de la ayuda estadounidense y hasta llevar ciertos casos a la justicia internacional. Altos funcionarios del Estado afirmaron que la reforma seguiría su curso pasara lo que pasara, pero la presión empezó a venir, además, del gobierno de Estados Unidos y sectores del Congreso de ese país. Finalmente, se anunció el retiro del polémico 'articulito' (una decisión que arriesga arrastrar consigo la reforma a la justicia completa, cuyo curso en el Congreso luce cada vez más tortuoso).

Sin embargo, esto no quiere decir que el gobierno Santos haya renunciado a dar respuesta a los clamores de "inseguridad jurídica" del estamento militar y sectores cercanos al mismo. Una comisión especialmente designada por el gobierno venía trabajando en el tema del fuero y la reforma a la Justicia Penal Militar –y su primera propuesta, retirar el artículo, fue prontamente recogida como un salvavidas por el presidente. En su lugar, la comisión tiene listo un paquete que apunta a afianzar y clarificar la figura del fuero militar y a reforzar a fondo la justicia penal militar, el cual será presentado a comienzos de marzo, hacia las sesiones ordinarias del Congreso.

La comisión -que es técnica, no política y cuenta con representantes de distintas posiciones (de Rafael Nieto a Jaime Córdoba), con dos generales de la Policía y el Ejército y está presidida por el expresidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda- es un evidente intento de buscar un balance en un debate que polariza al país. Hay un abismo de distancia y docenas de matices entre quienes opinan que la justicia militar ha sido fuente de impunidad frente a las violaciones cometidas por los uniformados y los que alegan que, en un país en conflicto armado, los militares no deben ser juzgados bajo los estándares penales o de derechos humanos tradicionales sino bajo los del derecho internacional humanitario.

La discusión apenas empieza y divide aguas con la misma pasión que la guerra misma. El debate es políticamente explosivo y está sembrado de complejidades jurídicas de grueso calibre. Ya se verá, en el Congreso y fuera de él, si la comisión es capaz de hacer el milagro de lograr consensos básicos entre los militares y sus partidarios y los defensores de derechos humanos.

Las propuestas de la comisión

1. Crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzosa, tortura, ejecuciones extrajudiciales, actos de terrorismo contra la población civil, violencia y abuso sexual y reclutamiento de menores nunca irán a la justicia penal militar. 

2. Todas las demás infracciones al derecho internacional humanitario que los militares cometan sí irán a los tribunales castrenses.

3. En casos polémicos, una nueva comisión mixta entre la policía judicial existente (CTI de la Fiscalía) y una policía judicial que se creará en la justicia militar decidirá sobre cuál de las dos justicias tendrá la competencia.

4. Los militares serán juzgados bajo los estándares del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria definirá el marco jurídico de cómo este se aplica en Colombia y su relación con el derecho penal.

5. Para asegurar una interpretación homogénea de este marco jurídico se crea un Tribunal de Garantías Penales que, además de funciones de juez de garantías (es decir, que decide si el acusado debe ir a prisión) supervisará la calidad de la acusación. El tribunal estará compuesto por magistrados nombrados por los presidentes de las altas cortes y pueden participar en él como magistrados militares retirados que reúnan los requisitos.

6. Se deben crear una Justicia Penal y un Código Penal para la Policía, distintos de los militares.

7. La Justicia Penal Militar deberá funcionar de manera más independiente que en la actualidad y, por ejemplo, el ascenso de sus jueces no debe depender, como hoy, del mando militar.

Semana.com