Los ministros Juan C. Pinzón y Ruth S. Correa y se reunieron con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla (centro).Uno de los proyectos más importantes de discusión para el Gobierno Nacional en lo que queda de la legislatura es la ley estatutaria de reforma al fuero militar, la cual, aseguran, le brindará seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública que sean investigados por actos del servicio. Esta iniciativa no ha tenido la mejor acogida entre las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, pues los críticos advierten de que su aprobación podría significar “impunidad” en materia de investigaciones contra los militares.

Tal es la preocupación que genera la reforma al fuero militar que incluso se han hecho advertencias sobre la posibilidad de que los casos de jóvenes asesinados por miembros de la Fuerza Pública y presentados como muertos en combate —fenómeno conocido como falsos positivos— puedan llegar ante tribunales internacionales.

Por este motivo, los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y de Justicia, Ruth Stella Correa, viajaron a Costa Rica y se reunieron con jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para explicarles el contenido de la reforma, así como para presentarles los alcances del denominado Marco Legal para la Paz, que sería la herramienta jurídica con la cual se aplicarían los acuerdos que se lleven a cabo en La Habana entre el Gobierno y las Farc. Con las dos iniciativas, la preocupación es la misma: la impunidad.

A la luz de los argumentos, en la audiencia pública de la reglamentación del fuero militar Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, presentó un documento que da cuenta de la gravedad de algunos puntos incluidos en el articulado de la iniciativa. Señala que “se flexibiliza la responsabilidad penal de miembros de la Fuerza Pública creando un régimen más laxo”.

Cita como ejemplo el artículo 17, que plantea que “la conducta de los miembros de la Fuerza Pública será valorada por las autoridades judiciales (...) teniendo en cuenta la información de la que disponía el miembro de la Fuerza Pública al momento de realizar la conducta, considerando la apreciación honesta y razonable de las circunstancias en que éste actuó en ejercicio de su margen de apreciación”. Es decir, cualquier tipo de sanción depende de una valoración subjetiva de quien intervino en los hechos.

También hay preocupación frente a la ampliación de la competencia de la justicia militar en el artículo 40, el cual señala que “los ataques de la Fuerza Pública contra blancos legítimos y objetivos militares se entenderán realizados en el marco de las hostilidades, salvo que se pruebe lo contrario”.

Al respecto, Gallón afirma que “se trata una comprensión equivocada del DIH, utilizan el fuero como un instrumento de legalización de acciones militares y esa no es la pretensión. El DIH se trata de un conjunto de normas para proteger a las víctimas y a los civiles de la guerra, pero acá buscan establecer una especie de presunción de legalidad de los actos realizados por las Fuerzas Militares. La ley estatutaria modifica las normas contenidas en los tratados internacionales”.

Estas son sólo algunas de las dudas que genera la aplicación de la reforma al fuero penal militar y el Marco Legal para la Paz, dos iniciativas que apuntan a caminos diferentes pero cuya finalidad, como ha planteado el presidente Juan Manuel Santos, es lograr la paz “por las buenas o por las malas”. La reforma al fuero busca fortalecer jurídicamente a la Fuerza Pública en el marco de acciones de servicio y el marco, hacer realidad lo que se acuerde en La Habana con las Farc. La estrategia del garrote y la zanahoria.

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