Henry Villarraga, magistrado de la Sala Disciplinaria.www.fuerzasmilitares.org (01NOV2013).- De los siete magistrados que hacen parte de la Sala Disciplinaria de la Judicatura –que tiene dentro de sus funciones definir si las investigaciones de los miembros de la Fuerza Pública van a la justicia ordinaria o a la penal militar–, tres son profesionales activos de la reserva de las Fuerzas Militares, una especie de cuerpo de apoyo, fuera de combate, de los uniformados.

La polémica situación, que no inhabilita a los magistrados pero que sí aumenta el debate sobre la transparencia de sus decisiones, se conoce en momentos en que Henry Villarraga, uno de los miembros de la Sala Disciplinaria, está en el ojo del huracán por un aparente caso de corrupción en el que trató de enviar un ‘falso positivo’ de regreso a la justicia militar.

Villarraga tiene entre sus magistrados auxiliares a un teniente retirado que, según reconoció en entrevista con 'Blu Radio', lo empezó a asesorar desde que estaba en servicio en temas relacionados con el juzgamiento de los militares. Además, recientemente se graduó como oficial de la reserva y ha sido uno de los promotores de las visitas de algunos de sus colegas a poderosos oficiales que están presos en instalaciones castrenses.

Villarraga y su colega Julia Emma Garzón han sido atendidos varias veces en el batallón de la Policía Militar de Puente Aranda por el general Rito Alejo del Río, condenado por un crimen de los ‘paras’ y quien, a pesar de su situación, tendría influencia en esa guarnición.

Precisamente, el general Del Río ha sido mencionado como uno de las personas que estarían involucradas en las interceptaciones de la Fiscalía que revelaron los contactos entre Villarraga y el coronel Róbinson González, el oficial que supuestamente iba a ser beneficiado por el magistrado. En la charla, el magistrado pide ayuda para que no sea registrado en la guardia, y supuestamente esa gestión se habría hecho con el general.

Por iniciativa de Villarraga, desde este año empezó a funcionar en el quinto piso del ala occidental del Palacio de Justicia una oficina de enlace de las Fuerzas Militares con la Judicatura. Está en manos de un coronel.

Pero no solo Villarraga hace parte de esa reserva. Angelino Lizcano, otro de los miembros de la Sala Disciplinaria, reconoció que hizo el curso para oficial hace unos diez años, pero señaló que no volvió a esos encuentros de civiles que los fines de semana se visten de camuflado y se someten a los rigores físicos del servicio militar.

El magistrado Ovidio Claros es capitán de la reserva profesional de la Armada. Este jueves le dijo a EL TIEMPO que hizo el curso en el 2002, cuando estaba en el Congreso, y que no ha vuelto a participar en las actividades, por su condición de juez de jurisdicciones. “Desde mi óptica, un magistrado que tiene dentro de sus funciones decidir las competencias de los casos no puede ir a esos encuentros. Desde que llegué a la magistratura me separé de la reserva”, afirmó.

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