Miembros de las FARC. Imagen de archivo.www.fuerzasmilitares.org (16FEB2014).- Siendo apenas una niña Sara (nombre cambiado por seguridad) se vio obligada a cavar una fosa para sepultar a una profesora. La vida le cobraría el hecho y la llevaría a la cárcel. Hoy, tiene 28 años y la justicia le da un nuevo respiro.

A sus 12 años fue reclutada por las FARC. “Una noche llegaron tres hombres armados y me llevaron con ellos. Al día siguiente, mientras íbamos a un campamento, un señor de esos abusó sexualmente de mí”. Su mamá trató de persuadir al comandante del frente noveno de la guerrilla para que le devolviera a su hija, pero lo único que logró fue que todos se vieran obligados a salir desplazados. 

El 19 de abril del 2001, Sara, con apenas 15 años, recibió una orden, junto con dos compañeros más, de su comandante de frente: debían abrir una fosa. Justo en ese mismo momento hombres armados irrumpían en la escuela rural de una de las veredas de Antioquia y se llevan consigo a una docente. 

Hasta el sitio donde fue abierto el hoyo llegaron los guerrilleros con la profesora y la hicieron desvestir. “Yo creí que la iban a violar frente a mí, pero lo que hicieron fue lanzarla a la fosa y dispararle. Yo les dije que ya no más, pero sólo se rieron. Quise haber salido corriendo junto a ella, pero era su vida o la mía”.

Finalmente, así como le tocó abrir la fosa, también le tocó taparla con el cuerpo de la víctima dentro. Desde ese momento Sara tomó la decisión definitiva de no estar un día más en la guerrilla. Cada día la atormentaba la idea de lo que la violencia le había obligado vivir. Cuando casi cumplía sus 16 años, después de mucho analizarlo y de buscar no ser descubierta, logró presentarse a la Cruz Roja. La guerrilla le había lavado el cerebro con argumentos según los cuales, todo aquel que se desmovilizaba ante la fuerza pública era violado y luego asesinado. 

Un año después fue entrevistada por el Ejército con el temor de la advertencia que un día le habían hecho sus jefes guerrilleros. “Al que abra la boca se le corta la cabeza y las de su familia y se echan al mismo hoyo”. Sin embargo, Sara contó todo, incluso el episodio del asesinato de la docente. 

La cárcel 

En manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar logró estudiar, hacer un curso de auxiliar de oficina. Tiempo después conformó una familia y se hizo madre de dos hijos. Pero el año pasado un fantasma del pasado volvió a su vida y la llevó a parar en la cárcel. 

Apenas transcurrían 14 días de enero del 2013 cuando la Fiscalía la vinculó al proceso por la desaparición forzada de la docente, mediante una indagatoria. Dos días después, un fiscal le dictó medida de aseguramiento y fue enviada a la prisión de El Buen Pastor en Bogotá. 

El 22 de noviembre del año pasado aceptó cargos en calidad de cómplice. “Yo dije que era culpable porque aceptaba el error. Creo que me equivoqué al decir la verdad, simplemente quise ser sincera y no me defendí”. Sara, en medio de su colaboración con la Fiscalía, fue al lugar en el que hace 13 años tuvo que presenciar uno de los episodios más fuertes de su vida. Observó cómo de manera descarada y sin ningún escrúpulo asesinaban a un ser humano. Sin embargo, el cuerpo de la víctima no ha aparecido. A la desmovilizada el 6 de diciembre del año pasado la Fiscalía le otorgó el beneficio de casa por cárcel. Gracias a ello, puede trabajar en un negocio familiar.

¿Errores de la Fiscalía? 

Pero su historia no terminó ahí. El pasado 6 de febrero Juzgado 56 Penal del Circuito de descongestión de Bogotá dictó una sentencia anticipada porque Sara aceptó los cargos imputados. Estimó que en su proceso se había cometido graves errores por parte de la Fiscalía y determinó entregarle la libertad inmediata y anular toda la acción en su contra. 

La juez indicó que fue un error de la Fiscalía vincular a la exguerrillera a un proceso como si fuera una adulta, cuando los hechos se dieron cuando era menor. Además criticó que el ente investigador manifestara que la joven ingresó a las filas de la subversión por su propio deseo como si desconociera que un menor de edad no puede prestar consentimiento válido para participar en la guerra. 

Además señaló que en el caso de Sara la Fiscalía cometió irregularidades como privarla de la libertad con pruebas que no demostraban su responsabilidad en el hecho. Además de haber descartado varios testimonios y tener en cuenta únicamente para el proceso la indagatoria de que fue objeto la desmovilizada “en donde afirmó que vio el deceso de la docente y que ella solo cavó el hueco por orden de sus superiores”. 

Señaló la juez que difícilmente en el caso de Sara se puede intuir que existió un convenio con los autores del asesinato. Ella ha asegurado que nunca supo que la docente iba a ser ultimada, porque su entonces comandante, alias ‘Vicente’, no le comentó de sus planes con la profesora. 

También se entiende en el fallo que contra la entonces adolescente se cometieron múltiples violaciones a los Derechos Humanos. “Lastimosamente pasó por alto el ente acusador el hecho de que fuera víctima de abuso sexual y le obligara a su corta edad a cometer múltiples crímenes y ser reclutada para empuñar un arma y participar del combate”. 

Finalmente, la juez valoró el hecho que la entonces adolescente desertara de las FARC por cuenta del episodio que le tocó presenciar durante la muerte de la profesora. Al tiempo que invita “al nuevo fiscal de Infancia y Adolescencia a que en aras de enderezar el proceso entregue todas las garantías procesales”. Sara no sabe si seguirá vinculada a la investigación. Lo cierto es que sigue detenida en su casa en una de las ciudades más importantes del país, porque el INPEC no ha acudido a su residencia para darle definitivamente la libertad. 

El juzgado además ordenó que se investiguen por parte de la Fiscalía la posible comisión de los delitos de reclutamiento de menores y acceso carnal abusivo con menor de 14 años en contra de Sara. 

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