Imagen de archivowww.fuerzasmilitares.org (21MAR2014).- La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio realizó durante cuatro días una visita humanitaria al municipio de Achí (Bolívar), en la cual pudo verificar las quejas de la comunidad en relación con las presión que ejercen los grupos armados ilegales, particularmente para reclutar a menores de edad.

Estos grupos armados, particularmente las denominados 'bandas criminales' buscan llevarse a los niños a través de amenazas y constreñimiento a la población; una situación que ha sido advertida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, a través de informes de riesgo y notas de seguimiento, que dan cuenta de la vulnerabilidad de los menores de edad.

En su informe de riesgo No. 32 de 2013, vigente para San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, municipios vecinos de Achí, el SAT de la Defensoría del Pueblo advierte del riesgo que enfrentan cerca de 20.000 habitantes tanto de áreas rurales como urbanas, especialmente miembros de organizaciones sociales de víctimas en procesos de reclamación, mineros, pescadores en procesos organizativos, miembros de juntas de acción comunal, docentes, servidores públicos locales, defensores de derechos humanos, y niños, niñas y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo, ha advertido a las autoridades competentes sobre la exposición de la población civil que habita dichos municipios del sur de Bolívar, a sufrir graves violaciones a los derechos fundamentales, como consecuencia del accionar violento de los grupos guerrilleros Farc y ELN y de los grupos post desmovilización 'Urabeños' y 'Rastrojos'.

"Estos grupos utilizan la ubicación estratégica de estos municipios como corredor de movilidad y zona privilegiada para la explotación agrominera y el dominio de los circuitos de narcotráfico entre el nordeste de Antioquia, los departamentos de Córdoba y Sucre, el sur de Cesar y Norte de Santander", destaca el informe de riesgo del SAT.

Situación similar a la de estos tres municipios y de Achí enfrentan los habitantes de Tiquisio y Norosí, advierte la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio y asegura que la falta de educación es uno de los factores que aumenta el riesgo de ser víctimas de reclutamiento forzado y utilización por parte de estructuras ilegales.
La comunidad del corregimiento Nueva Esperanza, por ejemplo, expresó la difícil situación que afrontan niños, niñas y adolescentes, quienes reciben clases en chozas construidas por los mismos padres de familia, a la intemperie, con temperaturas que en ocasiones alcanzan los 40 grados centígrados y donde no se cuenta con servicio de electricidad.

De 19 estudiantes que se graduaron en dicho corregimiento en el 2013, solo tres lograron ingresar a algún centro de formación media o superior, debido a que no tenían recursos económicos o porque su nivel académico no les permite competir con estudiantes formados en centros de educación de mayor calidad. Además, no han tenido educación completa por falta de profesores.

La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio advirtió el año pasado a la Procuraduría General de la Nación que en algunos sectores del sur del departamento el periodo escolar es de tan solo seis meses y es brindado por bachilleres contratados por algunas ONG sin el lleno de los requisitos.
El desempleo también es un problema que se convirtió en fuente del trabajo infantil y caldo de cultivo para los grupos armados ilegales. A todo esto se suma que algunos de estos niños y niñas son alimentados con agua proveniente de un caño en el cual se vierten aguas residuales residenciales, las basuras del municipio, los desechos hospitalarios y los residuos líquidos del lugar destinado para el sacrificio de reses. Es evidente la carencia de agua potable en sus veredas.

La Defensoría Regional Magdalena Medio instó a las autoridades locales para que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales de la población vulnerable. Así mismo, se están adelantando las acciones pertinentes que permitan reivindicar el goce de derechos a estas comunidades afectadas históricamente por el conflicto armado y el abandono estatal. 

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