Felipe Molinares, de Fedeseguridad; Alejandro Éder, de la agencia para la reintegración; Pedro Medellín, de revista SEMANA y Francisco Lloreda, alto consejero presidencial para la seguridad. El evento contó con el apoyo de las ARL Colpatria, Sura y Equidad.www.fuerzasmilitares.org (11MAY2014).- En el foro ‘Posconflicto y el sector de la vigilancia y seguridad privada: ¿cómo aportar a la paz?’ –organizado por SEMANA y Fedeseguridad– el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, fue tajante cuando explicó que los desmovilizados no deberían incorporarse a la fuerza pública, “por el nivel técnico y académico que se requiere para ingresar”. 

Con esta opción descartada –y en un posible escenario de posconflicto– Felipe Molinares, presidente de Fedeseguridad, planteó la posibilidad de que a las empresas de seguridad privada se les permita participar en el desminado humanitario del país. Al efecto, dijo, podrían contratar a los reinsertados y capacitarlos para que hagan el trabajo de campo “no técnico, requerido para identificar y desactivar minas antipersona”.  De esta manera no solo se les da una opción laboral, sino que se les permite realizar una labor de reparación hacia la sociedad. 

Para el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Lozano, la propuesta de Fedeseguridad es más que viable, siempre y cuando el gobierno flexibilice el decreto 356, vigente desde 1994, que no contempla esa actividad para las empresas privadas.

El viceministro de Defensa, general José Javier Pérez, estuvo de acuerdo, pues aseguró que para desminar el país se requeriría dedicar  31 pelotones del Ejército durante 20 años, lo que parece fuera del alcance, pues hoy solo se dedican diez. E hizo énfasis en la urgencia de hacerlo, pues apenas entre enero y marzo de 2014 se registraron 58 víctimas, 14 civiles y 44 militares, según datos del programa presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersona.

Por su parte, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Alejandro Éder, calificó de viable la propuesta del sector privado aunque indicó que para que un desmovilizado –según el caso– pueda integrarse a un entorno laboral necesita al menos de seis años de recuperación. 

Ante eso Francisco Lloreda, alto consejero presidencial para la Seguridad y Convivencia, aseveró que Colombia maneja procesos de reinserción desde hace diez años y finalizó tras asegurar  que, “hay que cortarle el cordón umbilical de la violencia a los desmovilizados con trabajos dignos”.

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