Imagen de archivowww.fuerzasmilitares.org (05JUN2014).- No sólo a militares colombianos de cierto rango el gobierno de Canadá les está negando el ingreso o permanencia en su país, acusándolos de violaciones de derechos humanos. Además de las denuncias reveladas la semana pasada por El Espectador sobre al menos una docena de casos de oficiales que se quejaban de una “agresión sistemática” por parte del gobierno canadiense, este medio ha conocido las de policías retirados, exagentes del DAS y hasta soldados regulares.

El Espectador conoció el caso de un civil que prestó su servicio militar obligatorio y ahora, tras seis años de vivir en Canadá, completa ya tres de ellos intentando solicitar la residencia y recientemente le fue notificado que, por haberse enlistado, tal como lo obliga la ley colombiana, no es apto para recibir el permiso.

El gobierno de Canadá lo acusa de haber sido cómplice de torturas e interrogatorios ilegales por el hecho de haber servido como militar de guardia en el Batallón de Artillería Nº 2 La Popa, con sede en Valledupar (Cesar), que se hizo célebre por los supuestos vínculos de su comandante con grupos paramilitares.

“Usted trabajó como soldado de guardia de ‘La Popa’ a partir de agosto de 2004 hasta agosto de 2006. Según información de una fuente abierta, los miembros de esa unidad militar ingresaron población civil para ser interrogada... el uso generalizado de la tortura contra los detenidos por parte de los miembros de ‘La Popa’ durante sus interrogatorios, es razonable creer que usted pudo tener conocimiento de que los detenidos probablemente sufrieron daños durante sus sesiones de interrogatorio”, dice la

Embajada en una comunicación fechada el 5 de mayo pasado.

A pesar de que en sus comunicaciones con el gobierno canadiense, Tilson García* ha insistido en que simplemente fue un soldado que sirvió como guardia y posteriormente como estafeta de las oficinas administrativas del batallón, las autoridades de inmigración canadienses no dan crédito a su versión e inclusive les parece inverosímil que no se haya enterado de las irregularidades.

“Usted afirma en su solicitud que no presenció ni participó en los malos tratos a los presos o civiles. Pero resulta improbable que usted no haya tenido conocimiento de los actos cometidos en el batallón (...) por lo tanto, es razonable creer que su apoyo como guardia de ‘La Popa’ sirvió de apoyo a la organización en prácticas irregulares como la tortura y el maltrato de los detenidos”.

García señaló que llegó a Canadá a través de la convocatoria laboral de una empresa de trayectoria en ese país y ha tenido permiso de trabajo durante seis años. Pero ahora le han negado la residencia. En ese tiempo, solamente ha podido viajar una vez a Colombia a ver a su esposa e hijos.

Más allá de las implicaciones políticas que han esgrimido altos oficiales a los que se les ha negado la visa, se están generando dramas familiares alrededor de esta situación.

La hija de un coronel retirado de la Policía, con 23 años de servicio, comentó que tuvo que presentar un folio de más de 800 páginas con el historial de su padre para tramitar la visa. A todos los miembros de su familia les fue aprobado el ingreso al país, pero respecto a él, pese a tener una hoja de vida sin ninguna investigación, la Embajada argumenta que, según en Cinep, entre 1975 y 1995 se reportaron hechos que involucraban a policías en casos de limpieza social.

Inclusive, en la misiva que comunica la negación se menciona el caso de la violación y asesinato de una niña de nueve años en una estación de Policía en Bogotá y se señala que un informe de Human Rights Watch de 1994 advierte sobre el involucramiento de policías en violencia contra menores de edad desde 1980.

A ella le otorgaron la visa por nueve años pero al coronel en retiro se la negaron con los argumentos expuestos. Ni siquiera valió, dice ella, “la carta que envió el esposo de mi hermana, quien es ciudadano canadiense” en la que explicaba el carácter de unidad familiar que tenía la solicitud. Su padre no pudo asistir al matrimonio de su hermana y tampoco podrá estar presente en el nacimiento de su nieta.

A un exagente del DAS la Embajada le indica que, por no haber intentado retirarse de la institución, se supone que aceptó tácitamente las irregularidades que allí se cometieron, incluidas las chuzadas.

“Debido a que usted ha sido durante mucho tiempo un agente del DAS que ha ocupado diversos puestos de supervisión, hay motivos razonables para creer que al aceptar estas responsabilidades y promociones y no tratando de dejar el DAS en la primera ocasión que se le presentó, se adhirió a los objetivos de la organización y debe ser consciente de los crímenes contra la humanidad cometidos por ésta”, argumenta la embajada.

elespectador.com