Tropas del Ejército Colombiano (BIGUP)www.fuerzasmilitares.org (10JUL2014).- Mientras prepara una respuesta formal a Human Rights Watch (HRW) por sus críticas al proyecto que reforma la justicia penal militar y que ya ha tenido dos de cuatro debates en el Congreso, el Gobierno se alista para defender en el trámite interno esa iniciativa.

El proyecto formaba parte del paquete legal sobre la reforma del fuero militar, que el año pasado se cayó por trámite en la Corte Constitucional y que también incluía una ley estatutaria.

El Gobierno, que le pidió a la Corte que revise su decisión de tumbar la reforma del fuero, decidió seguir adelante con este proyecto, que podría convertirse en ley antes de que termine el año y que ya genera polémica.

El director de HRW, José Miguel Vivanco, les envió una carta a los ministerios de Defensa y Justicia en la que asegura que varios artículos del proyecto implicarían el paso de las investigaciones de los ‘falsos positivos’ –civiles presentados como guerrilleros o delincuentes muertos en combate– a la justicia penal militar. Además, dice la ONG, las chuzadas de comunicaciones hechas por militares y policías no podrían ser investigadas por la justicia ordinaria.

Fuentes del Gobierno aseguraron que las prevenciones no se justifican y que las reservas de Vivanco no tienen en cuenta las salvaguardas para evitar la impunidad, que quedaron establecidas en el acto legislativo que se quiere revivir en la Corte o, en último escenario, volver a presentar al Congreso.

El debate se concentra en el artículo 8 del proyecto, que, entre otros delitos, deja en la jurisdicción de la justicia penal militar los homicidios, los delitos “contra la protección de la información y de los datos (las interceptaciones de comunicaciones)”, “delitos contra la fe pública y la administración pública” y los “delitos contra la existencia y la seguridad del Estado”.

La posición del Gobierno es que esas conductas, por mandato constitucional, son las que se refieren única y exclusivamente a actos del servicio. Pero varios sectores aseguran que, por vía legal, se está ampliando el fuero militar.

EL TIEMPO consultó a altas fuentes de la Fiscalía, que se mostraron sorprendidas por el articulado y señalaron que estudiarán el asunto para establecer los alcances del texto aprobado en el Congreso. Aseguraron que su posición será la de que los ‘falsos positivos’ se deben mantener en la justicia ordinaria.

No le ven futuro

Expertos constitucionalistas y penalistas consultados por este diario expresaron dudas sobre el futuro de esta reforma ante una inminente demanda en la Corte Constitucional. “Están intentando revivir disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte en pasadas demandas”, dijo el exmagistrado José Gregorio Hernández.

En opinión del exvicefiscal Francisco José Sintura, aunque la norma sea aprobada por el Legislativo, “no resistirá el análisis de constitucionalidad”. En su concepto, “este proyecto está ampliando la cobertura de la justicia penal militar a casos que la Corte ya señaló como no admisibles”.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, por su parte, aseguró que el proyecto tiene elementos que “no pueden tenerse como conexos con el servicio y, por lo tanto, no serían de la justicia penal militar”.

El senador Juan Manuel Galán, uno de los ponentes de la iniciativa, defendió la propuesta y garantizó que no será una puerta a la impunidad.

En el mismo sentido, altas fuentes del Ministerio de Defensa, autor del proyecto, aseguraron que cada punto fue debidamente analizado y que no hay ninguna intención de favorecer a los que han cometido crímenes, sino que se busca evitar injusticias contra los militares y policías que cumplen su misión constitucional.

Ya anuncian demanda

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que, con el proyecto de reforma de la justicia penal militar, “están ignorando la normativa vigente y actuando como si el acto legislativo 2 del 2012 (fuero militar) no hubiera sido declarado inconstitucional por la Corte”.

Anunció que están preparando una acción constitucional en caso de que el Congreso le dé su aprobación al proyecto.
En dos sesiones del Senado, una del 12 de diciembre del 2013, en Comisión Primera, y otra en la plenaria del 20 de mayo de este año, se surtieron dos de los cuatro debates que requiere la iniciativa.

eltiempo.com