Una de las edificaciones del resguardo de Mutatáwww.fuerzasmilitares.org (13OCT2014).- En medio de las cálidas selvas tropicales del noroeste del departamento de Antioquia, en el municipio de Mutatá, emerge sorpresivamente, entre el recio paisaje, una pequeña ciudadela indígena de 84 “tambos” o viviendas y otras instalaciones de moderna arquitectura para el bienestar comunitario, llamada por sus habitantes “el lugar donde la vida crece con el perfume de las flores” (Jaikerazabi en la lengua de los emberá, una antigua tribu de la zona). Desde el aire, el poblado -construido según la cosmovisión indígena- parece un gran juego de mesa armado por gigantes en un extenso claro de la selva.

Pero en realidad es la respuesta concreta a un sueño colectivo en el que participaron las Fuerzas Militares desde el año 2011, cuando se formalizó una alianza interinstitucional para construir a los pies de la agreste Serranía de Abibe un asentamiento moderno y permanente para los indígenas emberá-katío, muchos de ellos desplazados y víctimas de la violencia, con el objetivo de favorecer su supervivencia y desarrollo sin desarraigarlos de su cultura.

Hoy Jaikarazabi, al igual que otros nueve pueblos indígenas similares de esa zona del país, alberga a los nativos en un entorno que cuenta con escuela, jardín infantil, puesto de salud, casa comunitaria para reuniones, cancha polideportiva, sede para el chamán o médico tradicional y senderos peatonales.

Jaikerazabi, que algunos denominan “un resguardo del primer mundo”, es el resultado de una labor desarrollada en consenso con los indígenas por el Ministerio de Defensa, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Gobernación de Antioquia, la Gerencia Indígena departamental, la Fundación Social Corbanacol, el municipio de Mutatá, la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otros. Es una evidencia exitosa de la interagencialidad en acción.

Un solo equipo

En los últimos años, la Séptima División del Ejército, con el apoyo de la unidad de Ingenieros Militares, ha sido la responsable de impulsar la idea de construir nueve pueblos indígenas en los departamentos de Antioquia y Córdoba, a lo largo de una cadena montañosa especialmente afectada por la presencia de actores armados que actúan al margen de la ley.

Se trata de un modelo de gestión interagencial que ha beneficiado hasta el momento a los resguardos indígenas de El Pando (Caucasia), Vegas de Segovia (Zaragoza), Ciacoro (Apartadó), Nakirazabi (Dabeiba), San Andrés de Sotavento (Tuchín), Dokerazabi (Turbo), El Volao y Caimán Nuevo (Necoclí), que pertenecen a las etnias Zenú, Emberá y Tule.

Los Ministerios de Defensa y de Agricultura, al igual que la Gobernación de Antioquia, destinaron inicialmente importantes recursos al proyecto, al cual se sumaron paulatinamente otras instancias, como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, los cabildos indígenas, los alcaldes de los nueve municipios beneficiados y el Plan Integral para Urabá, entre otros.

El Ejército Nacional, por su parte, dejó una huella indeleble en la región. Allí se reconoce como “padrino” de los pueblos indígenas al entonces Comandante de la Séptima División, General Hernán Giraldo, quien tomó como bandera institucional la idea de crear viviendas modernas para los nativos, por lo cual los Tule -en un emotivo rito de bautizo ceremonial- lo distinguieron como uno más de sus hijos.

Esta comunidad, que recibió el apoyo del Estado mediante la compra y titulación de tierras, tiene hoy la feliz oportunidad de construir un territorio de paz planificado después de conocer, en 2009, una experiencia similar entre los indígenas Arahuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Larga historia, nuevos rumbos

La interagencialidad, como herramienta de gestión del Estado en los territorios socialmente vulnerables, tiene una larga historia en Colombia. Este tipo de coordinación entre las instituciones estatales para atender a las regiones afectadas por la violencia se inició durante el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), cuando operaron los llamados Grupos Polivalentes, que reunían a especialistas con la misión de desplazarse a las regiones afectadas por la violencia partidista para atender sus necesidades más apremiantes.

Estas experiencias continuaron con relativo éxito y tuvieron una nueva expresión en el Plan Nacional de Rehabilitación y sus Comités Regionales durante el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990), cuando además de promover el avance social de las regiones atendidas, se perseguía su inserción en la economía nacional.

Luego, tras diversas experiencias enriquecedoras en el tema, la interagencialidad halló un nuevo camino en la conformación del Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República en 2004, a mediados del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A esta línea de gestión se sumaron las Fuerzas Militares y de Policía, todos los Ministerios, las instancias de control y la cooperación internacional, entre otros, con el propósito de fortalecer la presencia del Estado en los territorios con influencia de los actores armados ilegales.

A mediados de octubre pasado, el concepto de interagencialidad recibió un fuerte impulso por parte del Comité de Renovación Estratégica e Innovación, CREI-3, del Plan de Guerra “Espada de Honor”, que lo señaló como una de las líneas de gestión más importantes dentro las Fuerzas Militares en las actuales circunstancias del país.

En desarrollo de esta sugerencia del CREI-3, el Grupo Asesor de Comandante, GAC, del Ministerio de Defensa Nacional –uno de los impulsores del Plan de Guerra-, avanza en la formulación de la Política Interagencial para gestionar la consolidación con el propósito de articular capacidades estatales que contribuyan a la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción del Territorio Nacional (PNCRT), en las áreas estratégicas, críticas y grises.

Para el desarrollo de dicha política, el GAC propone integrar la capacidad técnica Institucional (Acción Integral) con la oferta Estatal, el sector privado y la cooperación internacional, generar acciones interagenciales (proyectos) en todos los niveles, en cumplimiento de estrategias y Políticas de Estado, y formalizar relaciones de corresponsabilidad entre los actores que intervienen en la política.

Mientras se formaliza su conformación como equipo de coordinación interagencial, el GAC avanza en el trabajo conjunto con instituciones como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y , últimamente, con la industria petrolera.

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