El vicealmirante César Augusto Narváez (al centro), inspector general de las Fuerzas Militares y los inspectores de la Policía, Fuerza Aérea y Armada, conformaron el comité de alto nivel que el pasado viernes presentó el informe sobre Andrómeda y el caso ‘hacker’.www.fuerzasmilitares.org (26ENE2015).- La fachada Andrómeda de inteligencia militar, el caso del hacker Andrés Sepúlveda, la filtración de documentos secretos y la existencia de una polémica lista de correos escandalizaron al país. Desde hace un año todos estos episodios se convirtieron en un dolor de cabeza para los militares y han ocupado la atención de los medios. Después de varios meses de trabajo, un comité de alto nivel integrado por el inspector general de las Fuerzas Militares, los inspectores generales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía y el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa anunció el 23 de enero los resultados de las primeras investigaciones. El informe contiene datos  reveladores.
A diferencia de las recurrentes ocasiones del tapen-tapen, esta vez la investigación presentada por el vicealmirante César Augusto Narváez acepta y reconoce que ocurrieron graves irregularidades en todos los casos, y toma medidas.

El informe comienza por el caso Andrómeda, una fachada de inteligencia que, revelada por Semana.com en febrero del año pasado, desató una gran tormenta pues presuntamente desde ese lugar se habrían realizado actividades contra los negociadores en La Habana. Según la investigación, allí “se encontraron fallas de seguridad que evidenciaron indisciplina y falta de control del personal que visitaba la dependencia. No se tenía control sobre las actividades realizadas por el personal militar y civil ajeno a la Operación Andrómeda. Muchas de ellas que ingresaban, tenían un alto conocimiento y capacidades a nivel informático, sin embargo, trabajaban sin supervisión alguna”, afirma uno de los apartes del informe.

“En la fachada de la Operación Andrómeda no se aplicó el principio del secreto, establecido por la inteligencia militar para este tipo de actividades. No se realizó un detallado estudio de seguridad del personal para la selección de los agentes que integraron la operación”, reconoce la comisión en otro de los puntos. Si bien aclara que la fachada estaba amparada por la ley para realizar labores de inteligencia, acepta que debido a la falta de controles y al desorden algunos de sus integrantes se desviaron de su misión y terminaron relacionados a nivel individual en actividades ilegales.

Sobre el caso del hacker Andrés Sepúlveda, el informe acepta que miembros de las Fuerzas Armadas terminaron por entregarle información confidencial. “Se presentaron errores de procedimiento y de seguridad con el manejo de la documentación clasificada y gestión documental, observándose falta de control y supervisión en la cadena de mando directa: grupo de atención humanitaria al desmovilizado, central de inteligencia técnica del Ejército Nacional y la seccional de Policía Judicial de la Policía Metropolitana de Bogotá”, afirma el documento. Por la entrega de información al hacker, que este utilizó para atacar el proceso de paz, en octubre del año pasado la Fiscalía ordenó capturar a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a un cabo que hizo parte de la fachada Andrómeda y un patrullero de la Sijin de la Policía de Bogotá.

Durante la rueda de prensa el vicealmirante Narváez  afirmó que hasta el momento de presentar su informe la comisión no había logrado establecer un vínculo entre la fachada Andrómeda y el hacker Sepúlveda. No obstante desde el año pasado, e incluso a comienzo de la semana anterior en una entrevista radial, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ha repetido insistentemente que en las investigaciones de la Fiscalía está perfectamente claro y probado que sí existió un vínculo entre los dos casos.

En septiembre pasado, SEMANA publicó una investigación llamada ‘Los documentos secretos’ que reveló cómo decenas de informes confidenciales y secretos del Ejército y las Fuerzas Militares habían terminado en manos de varios civiles, incluido Sepúlveda. Esa fuga de información fue utilizada, en el caso del hacker, con fines políticos, y evidenciaba riesgos incluso para la seguridad nacional. Sobre este punto la comisión reconoce la gravedad de lo ocurrido y aunque no ahonda en detalles afirma que  “se detectaron debilidades de control en algunas dependencias en lo referente a procesos de seguridad informática y  gestión documental”.

A finales de octubre pasado Semana.com también reveló una polémica lista de decenas de direcciones de correos electrónicos de funcionarios de la oficina del alto comisionado y periodistas nacionales y extranjeros que habría sido elaborada con fines no muy claros por la Central de Inteligencia Militar del Ejército (Cime), lo que desató un gran escándalo en su momento. La comisión del Ministerio de Defensa afirmó en su informe que no lograron encontrar dicho listado. No obstante gran parte de este sí apareció  en los discos duros y computadores incautados por el CTI de la Fiscalía al hacker Sepúlveda al arrestarlo.

Algo que llamó la atención de los anuncios es que no se hizo referencia al caso de las interceptaciones y al cierre de la llamada sala gris que operó en la Cime cuando el general Mauricio Forero dirigía esa unidad. Ese escándalo, estalló al tiempo con Andrómeda y hacía referencia a chuzadas ilegales de comunicaciones desde esa sala de interceptaciones. Forero también aparece relacionado en los casos de los documentos secretos y la polémica lista de inteligencia militar, temas por los que fue relevado de su cargo de jefe de inteligencia. Recientemente fue enviado como agregado militar a China.
En términos generales el informe acepta que ocurrieron los hechos irregulares y, en consecuencia, adopta una serie de sanciones que si bien pueden no llenar las expectativas del público, sin duda demuestran que algo no estaba funcionando bien. “Se ordenó relevar de sus cargos a veinte (20) miembros de la fuerza pública: diez (10) oficiales, ocho (8) suboficiales, un (1) patrullero  y un (1) funcionario no uniformado así como excluirlos del arma de inteligencia si fuere el caso”, dice el comunicado oficial. En las Fuerzas Militares el relevo y separación del cargo es una de las sanciones más fuertes que se contemplan.

“Se decidió retirar del servicio activo a cinco (5) miembros de la fuerza pública, entre ellos tres (3) oficiales, un (1) suboficial y un (1) patrullero. No obstante, las investigaciones continuarán y podrán presentarse retiros adicionales”, dice otro de los apartes. Narváez también afirmó que como consecuencia de estos primeros resultados se iniciaron seis nuevas  investigaciones disciplinarias, cuatro  por el caso del hacker y dos más relacionadas con el tema de los documentos secretos y la lista de inteligencia militar. Por estos casos 11 integrantes de la fuerza pública están bajo investigación.

Con 36 integrantes de las Fuerzas Militares sancionados, cinco de los cuales ya fueron destituidos, y la decisión de controlar futuras fugas y ventas de información concluyó el informe militar que, según se dijo, será enviado a la Fiscalía General, la entidad que en realidad tiene la última palabra sobre estos difíciles temas. Es claro que falta mucho por investigar para determinar quienes de rangos más altos podrían estar involucrados. Pero este informe es un buen primer paso y muestra que el Ministerio cogió el toro por los cachos.

semana.com