El alto tribunal examinará el plebiscito por la paz y las leyes que le den vida jurídica al acuerdo. Imagen de archivo
El alto tribunal examinará el plebiscito por la paz y las leyes que le den vida jurídica al acuerdo. Imagen de archivo

www.fuerzasmilitares.org (03ENE2016).- La paz no solo dependerá de la buena voluntad de las FARC y del Gobierno. Ni siquiera el apoyo de la ciudadanía será suficiente. Si antes la Corte Constitucional no le da el visto bueno al mecanismo de incorporación de los acuerdos, la conquista de la reconciliación será una tarea mucho más compleja.

Así, el examen constitucional al plebiscito por la paz es sin duda uno de los debates de mayor trascendencia que tendrá que resolver el órgano que vigila el respeto a la Carta Política de 1991 en este año que empieza.

La aprobación en segunda vuelta del acto legislativo por la paz es el primer punto de la agenda del Gobierno en el Congreso. Así lo ha hecho saber el Ejecutivo en numerosos pronunciamientos. De ahí que el Ministerio del Interior haya expresado su interés para que el proyecto se convierta en Ley de la República durante el primer semestre del año.

Pero por mucho que corra el legislativo para llevar a feliz término esta intención, de nada servirán los esfuerzos si la Corte Constitucional no está de acuerdo con la manera como la administración Santos pretende implementar el pacto al que se llegue con las FARC para alcanzar la paz.

La alta corporación deberá determinar primero si el Congreso respetó las exigencias que la ley y la Constitución imponen para estos casos. Además, deberá discutir si sustituye o no la Carta al someter a plebiscito asuntos de esta naturaleza. También deberá examinarse si ese mecanismo de participación es idóneo -a la luz del mandato constitucional- para que el presidente pueda introducir al ordenamiento los acuerdos con la guerrilla.

De ahí que la labor de la Corte en este año deba concentrar en una buena medida la atención del Gobierno y su coalición. Pese a los temores que puedan surgir frente a una opinión desfavorable del órgano judicial, la perspectiva para el Ejecutivo parece ser muy positiva.

Y es que la Corte ha respaldado buena parte de los mecanismos por medio de los cuales se ha buscado implementar la carta de navegación hacia la reconciliación nacional. Así lo dejó ver el tribunal, al juzgar constitucionales el marco jurídico para la paz y lo que en su momento se denominó como el referendo por la paz.

En ambas ocasiones la labor de los congresistas, como de los magistrados que revisaron las dos herramientas legislativas fue en vano. Lo fue porque las FARC no aceptaron el marco jurídico propuesto para le desmovilización de los guerrilleros y porque el tiempo no alcanzó para adelantar el referendo. Sin embargo, la manera como actuó la Corte frente a ambos expedientes parece evidenciar que, al menos de su parte, no habrá ningún obstáculo para llevar a feliz término la institucionalización del pacto.

Pero la tarea del organismo jurisdiccional no parará ahí. Si decide darle el sí al plebiscito y la ciudadanía le da su bendición a la paz, será nuevamente la alta corporación la que tenga la última palabra. La aprobación de las medidas legales que utilice la administración Santos para viabilizar cada uno de los aspectos del gran acuerdo al que, eventualmente, lleguen los negociadores estarán también en manos de la Corte.

Dado que esas disposiciones se consolidarán mediante leyes estatutarias, ningún punto del pacto podría operar de manera efectiva si antes la Corte no le ha dado su aval.

Así las cosas, si bien la entidad jurídica tiene en sus manos otros temas que darán de qué hablar, como el matrimonio entre homosexuales, la verdad es que el 2016 también será para el organismo el año de la paz.

semana.com