Desmovilizados de las FARC
72 desmovilizados de las FARC buscan montarse a la JEP.

www.fuerzasmilitares.org (02MAR2017).- El portazo de las FARC a los guerrilleros que se sometieron a la Ley de Justicia y Paz no fue tan contundente como muchos creían. Este martes, cuando el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, anunció que se prepara el primer paquete de 1.200 amnistías, la Fiscalía, por su parte, destapó el interés que tienen 72 excombatientes de llevar sus casos a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Desde cuando arrancó la implementación y el Congreso le dio vía libre a la Ley de Amnistía, las FARC han solicitado insistentemente que se aplique la figura y que se dejen en libertad los miles de guerrilleros que se encuentran en las cárceles del país condenados por rebelión o delitos conexos. Su voz, sin embargo, no se ha alzado por los cientos de miembros de sus filas que se acogieron voluntariamente a la primera herramienta de justicia transicional promulgada para dar un marco jurídico a la desmovilización de los paramilitares, y que hoy tiene más de un proceso estancado.

Ha sido una exigencia diferenciada. ¿La razón? Desde cuando abandonaron el grupo armado "la guerrilla insiste en que sus antiguos compañeros no tienen ninguna representación porque desde que acordaron su ingreso al proceso de Justicia y Paz, traicionaron a las FARC", advierte el portal especializado en temas de conflicto Verdad Abierta.

Quizá por eso el anuncio del ente investigador pasó inadvertido y para algunos analistas que se percataron a tiempo cayó como un baldado de agua fría. En principio se había dicho que el acuerdo no los tenía en cuenta y ahora cuando los voceros del Gobierno en el Senado se preparan para el último debate del Acto Legislativo que da vida a la JEP, se confirma que este grupo de exguerrilleros no necesita aparecer en las listas que entregan las FARC, sino que es suficiente con que un documento judicial los reconozca como antiguos miembros del grupo armado.

"La Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación (Dinac), en aplicación de lo dispuesto en la Ley 1820, tramita 72 solicitudes de libertad condicionada presentadas por desmovilizados de las FARC, que se postularon a la ley 975 de 2005", se lee al final del comunicado.

Es decir, 72 desmovilizados de las FARC -de los 429 que se sometieron a Justicia y Paz- buscan ampararse en el capítulo IV de la Ley de Amnistía que les permite la "libertad condicionada a las personas que llevan más de cinco años privadas de la libertad por delitos que no son objeto de amnistía iure".       

Una de las que aparecen en la lista es Claudia Alejandra Cardona, condenada por los atentados -con rockets- a la posesión del expresidente Álvaro Uribe, que dejaron 26 personas muertas. Esta psicóloga de la Universidad Católica está condenada 40 años de prisión por los hechos ocurridos el 7 de agosto del 2002 y ahora está postulada a la Ley de Justica y Paz aspirando a una pena no mayor de ocho años.

Aunque su salida aún no es inminente, su solicitud y las de sus demás excompañeros están radicadas ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que en los próximos días deberá -en audiencia pública- decidir si queda en libertad o no.

Igual a como sucederá con los demás miembros de la guerrilla de las FARC que tengan delitos de lesa humanidad y que se hagan acreedores a la libertad condicional mientras empieza a funcionar el Tribunal de Paz, "deberán suscribir un acta de compromiso, sometiéndose libremente a la JEP" y tendrán que informar todo cambio de residencia y no podrán salir del país sin previa autorización.

Los otros 71 miembros de la lista son un misterio. Pero es de público conocimiento que guerrilleros que ocuparon cargos destacados dentro de la guerrilla como Elí Mejía, ‘Martín Sombra‘, quien ya lleva siete años para cumplir su pena, han venido abonando desde hace meses el terreno para que se le tengan en cuenta. Nombres como el de Elda Neyis Mosquera, ‘Karina‘; José Luis Calvo Pabón, Alirio o Tatareto; Jorge Eliécer Jiménez Martínez, Jerónimo Aljure; Pedro Pablo Montoya, ‘Rojas‘ o Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña‘, también podrían cruzar la puerta que se les abrió con la Ley de Amnistía mientras empieza a funcionar el Tribunal de Paz.

El Estado ahora también enfrenta una avalancha de solicitudes de excombatientes, algunos vinculados a repudiables hechos de violencia, y deberá ingeniárselas para que no retornen a la guerra a lado del crimen organizado. Estarán en un régimen de libertad condicional. Pero no es claro que el Estado esté listo a recibirlos con una política ágil para reintegrarlos a la vida civil.

"Imagine los riesgos que eso tiene para efecto de un proceso que ni siquiera ha escogido a los magistrados, que aún no ha constituido y apenas están discutiendo la construcción de la JEP. La gran pregunta es: ¿van a estar a sus anchas por cuánto tiempo? Ellos tienen que someterse a la Jurisdicción de Paz (...) el Estado tiene que mostrar los caminos que va a utilizar para resolver esta situación. Se negoció y estoy de acuerdo con la negociación pero no se ha resuelto una cantidad de temas prácticos para que eso funcione de forma adecuada", manifestó el profesor de la Universidad Externado y columnista Francisco Barbosa.

Este sería otro de los temas urgentes del Consejo Nacional de Reincorporación. De llegar a confirmarse que los exintegrantes de esa guerrilla que se sometieron voluntariamente a la justicia tienen acceso a su libertad condicional, habrá que garantizarles no sólo una ruta de reincorporación, sino también seguridad. Y es que Karina, por ejemplo, es una de las que han dicho que es "un objetivo militar de las FARC".

Tras más de una década de aplicación de la primera ley de justicia transicional en Colombia, el balance tiene unas de cal y otras de arena. Por eso, el aterrizaje de este casi centenar de excombatientes da -en parte- por las inconformidades que han encontrado en la aplicación de la ley. Los retrasos, las pocas sentencias que se han emitido desde cuando empezó a funcionar y los múltiples beneficios que podrían tener si cuentan la verdad en la JEP son las razones que estarían motivando su petición.

 

(semana.com)