CNN Paramilitares
Las fosas comunes son parte de la horrible herencia de la guerra en Colombia.

www.fuerzasmilitares.org (14MAR2017).- Asfixia, ahogamiento, golpes violentos, mutilaciones, descargas eléctricas, perturbación psíquica, quemaduras y violencia sexual son algunas de las formas de tortura a las que recurrieron los grupos paramilitares en Colombia, según un informe del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en el que se detalló por primera vez la sanguinaria violencia de estos grupos armados al margen de la Ley.

El extenso informe del Tribunal de Justicia y Paz está fechado 27 de junio de 2016 y analiza la sentencia contra tres líderes del Frente Héctor Julio Peinado Becerra las Autodefensas Unidas de Colombia que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz.

En marzo de 2006, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, 251 paramilitares se desmovilizaron para incorporarse la vida civil. En este proceso los combatientes entregaron 179 armas largas y cortas, 357 granadas, 35.054 unidades de municiones, dos vehículos tipo camioneta y cinco motos de diferente cilindraje, según el informe del Tribunal Justicia y Paz al que tuvo acceso CNN en Español.

El informe presentado por el magistrado ponente Eduardo Castellanos Roso asegura que los grupos paramilitares tenían 31 modalidades de tortura con los que infringieron de diversas maneras sufrimiento físico y mental a sus víctimas.

La profundización en el tema de la tortura a través de este documento es útil para el proceso de justicia tradicional pues busca “contribuir con el esclarecimiento de la verdad para redignificar a las víctimas de esta conducta criminal” y complementaría los estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica que ha estudiado en detalle otras formas de violencia como secuestro, desplazamiento forzado, despojo de tierras, masacres [de otros grupos al margen de la ley] y desaparición forzada, pero aún no ha examinado con mayor detenimiento la tortura como delito de lesa humanidad y crimen de guerra.

La degradación de la guerra

A través de estos métodos los paramilitares buscaban tener beneficios estratégicos para controlar zonas claves de Colombia.

“Se trató más bien de planes de guerra cuyo propósito era obtener beneficios estratégicos para el grupo armado organizado al margen de la Ley en términos de eliminación del enemigo, mantenimiento de la cohesión interna y búsqueda de aceptación en las comunidades”, dice el informe.

“La tortura en los grupos paramilitares tendió a ser utilizada para alcanzar fines de la organización ilegal y no tanto para satisfacer individualmente un patrullero sádico y sanguinario”, añade.

La investigación se basó en la base de datos sobre violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los grupos paramilitares en el sur del departamento del Cesar entre 1996 y 2006, una década en la que según el Grupo de Memoria Histórica el conflicto armado colombiano se intensificó y “tuvo su mayor nivel de degradación”.

Torturas al aire libre

En el informe las autoridades dicen que una parte considerable de las torturas ocurrieron en espacios abiertos como vías entre veredad, fincas con extensos pastizales o predios ubicados a la orilla de un río caudaloso.

“Los paramilitares dejaban el cadáver mutilado de la víctima en un sitio de concurrencia pública con letreros que indicaban la razón por la cual había sido atrozmente asesinada”, señala el informe.

Según el Tribunal, el modus operandi de los grupos paramilitares fue diferente a los casos de tortura juzgados y analizados por los tribunales penales internacionales y los reportes de las Naciones Unidas pues estos casos registrados “no tendieron a presentarse en sitios de encierro, detención y reclusión (como prisiones, calabozos, guarniciones militares u oficinas burocráticas) y los principales perpetradores del delito no contaron en muchas ocasiones con la participación directa o el auspicio institucional de los funcionarios públicos del Estado colombiano”.

Los hechos ocurrieron en 15 de los 32 departamentos del país, específicamente en Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, César, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vichada.

Las autoridades identificaron modalidades de tortura en contra de los civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Según el informe, aproximadamente el 74% de esas torturas duraron entre 1 y 8 horas, y el 26% restante duraron entre 1 y 8 días.

El documento presenta el registro de al menos 63 víctimas directas de las que son responsables los tres líderes de las Autodefensas, el caso que se estudia allí.

El número de víctimas por parte de los paramilitares no está diferenciado en el Registro Único de Víctimas.

 

(cnnespanol.cnn.com)