Cremil, con más de ochenta años de servicio a los oficiales, suboficiales, sus beneficiarios y ahora soldados profesionales en retiro de las Fuerzas Militares, es una institución de inmaculado historial, fundada por el general presidente Pedro Nel Ospina en favor de los militares que al cabo de una carrera entregada a su patria quedaban en la orfandad y el abandono.

Dirigida por el Mayor General en retiro Rodolfo Torrado Quintero los últimos diez años, experimentó una modernización que la sitúa entre las empresas mejor gerenciadas del país, sistematizada y eficiente.

Pese a lo anterior, se registra hoy una ola de demandas contra la Caja, motivadas por sus propios afiliados.

Es bueno advertir desde el comienzo que ninguna de tales acciones se basa en malos o equívocos manejos de su director o de los funcionarios responsables de los procesos jurídicos, administrativos o contables, sino que obedecen a finalidades políticas y aspiraciones electorales de mala ley, con las cuales se busca autopromocionarse para el Congreso de la República, como líderes capaces de obtener beneficios para nuestros afiliados.

El más activo de esta dañina y perturbadora actividad prepara las demandas con su esposa abogada. Dos veces candidato al Senado, piensa por este medio obtener los votos que como ciudadano le han sido esquivos, en lo cual antepone sus intereses personales a los de la colectividad militar y su entidad rectora.

Obran en su favor las disposiciones gubernamentales creadas para recompensar los sacrificios y vicisitudes de los cuadros en actividad.

La puesta en marcha de tales disposiciones toma tiempo, en especial por la consecución de los dineros correspondientes a Cremil, y por ello con las demandas en tales casos se hace creer que produjeron el pago.

A estas jugadas de mala ley se suman otros de origen anónimo dirigidas contra el director y la entidad, desfigurando dos imágenes dignas ambas de respeto y consideración. Nada parece importar a los autores, que refugiados en el anonimato cumplen aviesas tareas disociadoras.

Otra fuente explotable para los turbios manejos de quienes podríamos denominar con justicia enemigos de la Caja proviene de las demoras en situar los aumentos periódicos ordenados por el Gobierno en favor de los servidores del Estado, incluida la Fuerza Pública, que repercuten en la Caja de Retiro.

La Contraloría, en sus inspecciones al manejo de los fondos públicos y los procesos contables, no halló materia alguna de orden punible, pero se abstuvo de fenecer la cuenta de la Caja, correspondiente al 2010, por no haber atendido el pasivo pensional, sin reparar en el hecho de que tal pasivo no es responsabilidad de Cremil sino del Gobierno Nacional.

Mal podría la Caja, cuyos ingresos se originan en los aportes que desde el servicio activo hacemos los oficiales en actividad y continuamos haciendo en el retiro, echarse a cuestas un pasivo que es una obligación de la nación como en los casos de servidores públicos en general.

El general Rodolfo Torrado Quintero ha presentado su renuncia a la dirección de la Caja de Retiro, no como escape a las demandas que siempre ha enfrentado con entereza, habilidad dialéctica y el valor que comunica la justicia de su causa; por el contrario, su decisión se fundamenta en la dignidad profesional, el honor que se quiere mancillar y la decepción de que a sus denodados servicios a la institución se responda con acusaciones, demandas y agresiones personales.

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