Juan Manuel Santos
Debe haber mayor preocupación por las afectaciones psicológicas que ha ocasionado el conflicto

www.fuerzasmilitares.org (26OCT2017).- Es difícil reflexionar sobre la salud mental de los colombianos cuando el énfasis de las políticas nacionales está puesto en su bienestar físico. Más complicado aun cuando ese énfasis está organizado por un Sistema de Seguridad Social ineficiente y endeudado que delega a un sector privado corrupto el cuidado de la vida.

Pero no por eso debo dejar de hablar sobre lo que no se habla y que además causa cierto malestar, especialmente entre aquellos que toman las decisiones. Como hablar, por ejemplo, de la salud mental de los colombianos, de la de los afectados por el conflicto armado y especialmente, de la de quienes sufren por su condición de excombatientes.

Indicios elocuentes

Según cifras presentadas por el Hospital Militar, con anterioridad a la desmovilización de las FARC se registraba un promedio de hasta 1.000 militares heridos en combate por año. Es decir, entre 2 y 3 personas por día. Los datos más recientes señalan una reducción del 97 por ciento en el número de afectados en lo corrido de este año.

Y por supuesto estas estadísticas se refieren tan solo a las afectaciones físicas que la confrontación armada causó a los integrantes de nuestra Fuerza Pública. Poco se sabe acerca del estado psicológico de quienes han vivido expuestos a condiciones de confrontación armada.

Pero hay ciertos indicios. Por ejemplo, en el 2015 quien fuera la coordinadora de siquiatría del Ejército Nacional, Teniente Coronel Rosmery Garzón, calculó que el 22 por ciento de las personas que componían esa fuerza padecían de estrés postraumático. Así mismo aseguraba que existían otros grupos de combatientes, aún no bien definidos, con cuadros clínicos asociados con la depresión, la ansiedad y el trastorno bipolar de personalidad. Por la falta de tratamiento, la inmensa mayoría de estos casos tienen una alta probabilidad de convertirse en situaciones crónicas.

Importa señalar que los causantes de esta sintomatología son tanto la crudeza de las experiencias asociadas con el conflicto armado como la vulnerabilidad social, afectiva, familiar y económica de la cual proviene la inmensa mayoría de combatientes rasos que engrosan las fuerzas armadas regulares e irregulares.

Por justicia y por negocio

Sin embargo Colombia se rehúsa sistemáticamente a reconocer la importancia del bienestar mental de quienes han peleado la guerra que ha vivido y también, la de la población en general.

Sórdida realidad cuando se compara con países como Inglaterra, que desde el 2008 avanza hacia un sistema gratuito para atender la salud mental de sus habitantes, con la sorprendente y grata presentación de cifras como la de un millón de personas evaluadas por año de funcionamiento.

Y no es porque esto sea un lujo de una sociedad “avanzada”, sino porque con el tiempo los responsables de formular las políticas se percataron de que este tipo de intervención es más económico para el sistema. Por ejemplo, a través de los cambios en materia de capacidades laborales y productividad de las personas mentalmente sanas. Inclusive en términos de  enfermedad física, en Colombia el Hospital Militar ha asegurado que el trabajo en el bienestar mental contribuye a la recuperación física de heridos en combate.

En Inglaterra se está encontrando evidencia creciente sobre el hecho de que las atenciones de salud mental contribuyen a reducir los niveles de agresividad, la afectividad negativa y los usos de violencia en la vida cotidiana.

Pero Colombia está tan lejos de esa realidad que hasta el acompañamiento a ex combatientes traumatizados por la violencia es una mera utopía. ¿Cuántos años más tendrán que pasar para que se formalicen políticas públicas y programas dedicados a trabajar con esa población? o ¿Cuáles crisis y problemas asociados con el estado mental de esas personas tendrán que vivir los colombianos para que las autoridades del ramo lleven a cabo acciones en este campo?

Una lección desde el Norte 

En Estados Unidos, un país con larga tradición guerrerista, es un hecho demostrado que uno de cada ocho soldados que combatió en Irak y Afganistán padeció o padece algún síntoma asociado con el Trastorno por Estrés Post-Traumático (TEPT).

Este trastorno está incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales  (DSM) y en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) que son referencias y fuentes de consulta para el estudio y diagnóstico de enfermedades mentales en el mundo.

Estas fuentes nos explican que el TEPT es una respuesta que aparece en forma de malestar a un acontecimiento estresante, amenazante o catastrófico relacionado con la exposición a la muerte, lesiones graves, daño físico o violencia sexual. Peligros a los que comúnmente están expuestos los soldados o combatientes que participan en confrontaciones bélicas. Algunos síntomas que se le asocian son: insomnio, reacciones con sobresalto exagerado, sueños y recuerdos angustiosos, comportamiento irritable, imprudente, autoaislamiento, autodestrucción, pesadillas, recurrencia de escenas retrospectivas y estado emocional negativo, entre otros.

Toda esta sintomatología ha sido ágilmente llevada al cine a través de películas como Nacido el 4 de Julio (Born on the Fourth of July) y más recientemente El Francotirador (American Sniper).

Otra estimación señala que en años recientes en Estados Unidos se han presentado crisis cuando hasta 22 veteranos de guerra se suicidan diariamente. Un dato congruente con la realidad de un país donde 41.000 personas se quitan la vida cada año donde la tasa de suicidios aumentó en 25 por ciento entre 1999 y 2014.

Ha sido tanta la magnitud de este problema que en 2015 el presidente Obama firmó la Ley “Clay Hunt”, cuyo objetivo es mejorar los procesos de evaluación, medición, atención y prevención del suicidio en veteranos de guerra mediante acciones que contribuyan a mejorar su salud mental.

Este es sin duda un avance importante para Estados Unidos, y una lección para otros países en conflicto sobre la necesidad de abordar el problema de las consecuencias psicológicas de la guerra de una manera sería y como preocupación básica de salud pública. No es para menos cuando se sabe que la sintomatología del TEPT tiene como veredicto final el suicidio.

Sin cifras  y sin acciones 

Ahora bien, en Colombia no tenemos sino datos dispersos, no tenemos institutos dedicados a tratar este problema, ni mucho menos leyes o políticas para llevar a cabo acciones contundentes - aunque tal vez tengamos películas y telenovelas que hacen visibles los daños mentales resultantes de nuestra violencia-.

El TEPT es una respuesta que aparece en forma de malestar a un acontecimiento estresante, amenazante o catastrófico.

Una cifra vieja (para los años 2008 y 2009) señala que en promedio un miembro activo de las fuerzas armadas se suicidaba semanalmente. Pero no existen registros exactos ni estimaciones oficiales sobre la prevalencia del suicidio o sobre la incidencia de afectaciones  mentales entre combatientes de las fuerzas armadas regulares, y apenas hay algunas estimaciones de quienes llevan años desmovilizándose de los grupos insurgentes.

La dirección de la Agencia Colombiana para la Reintegración ha dicho que el 90 por ciento de los cerca de 49.000 desmovilizados que ha recibido padece de afectaciones mentales, y que en cerca del 30 por ciento de los individuos se presentan los síntomas del TEPT.

Pero debo y debemos insistir en la pregunta de por qué este grave problema no se estudia, o por lo menos de por qué  los centros de sanidad y direcciones de siquiatría que pertenecen a las Fuerzas Armadas no realizan estimaciones y menos todavía intentan ahondar en su análisis.

Por otra parte y sin embargo, desde algunas organizaciones se ha intuido algo sobre la afectación mental de la población a causa del conflicto.

Médicos Sin Frontera (MSF) afirmó en el 2013 que entre las 4.400 personas que atendieron en zonas en conflicto en el sur de Colombia, el 67 por ciento presentaban tendencia a sufrir síntomas de depresión y ansiedad o cuadros post-traumáticos relacionados con vivencias propias de la confrontación armada. Lastimosamente, no se aborda el caso concreto de los alzados en armas.

Lo mismo ocurre con la Encuesta Nacional de Salud Mental que también explora las consecuencias psicológicas del conflicto armado en Colombia, sin que sus resultados se prestan para realizar muchas extrapolaciones acerca del grupo de interés.

¡Y claro!, tampoco existe un aparato institucional dedicado a la medición, investigación, intervención y tratamiento de la población afectada en su salud mental por el conflicto armado.

Apenas en los últimos años han empezado a definirse líneas que aparecen como tímidos esfuerzos desde instituciones como la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Unidad de Víctimas con su estrategia “Entrelanzando”, en la cual se ha incorporado el trabajo con los victimarios. Por otro lado en los acuerdos de la Habana se habla de fortalecer el servicio de salud mental y de establecer facilidades para acceder a el:   amanecerá y veremos.

El TEPT comenzó a ser estudiado intensamente en la década de 1980 como respuesta a su incidencia entre los veteranos de la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Desde entonces  ese país ha avanzado en medidas para el control y tratamiento de la salud mental de los ex combatientes.

A partir de ese archivo de experiencias Colombia debe abordar en serio este problema real pero ignorado, porque el éxito de un proceso de paz debe medirse tanto en el número de combatientes que entregan sus armas como en su no reincidencia en actividades delictivas. Aquí se encuentra gran parte del secreto para abrir la puerta a una reconciliación en donde los excombatientes de todos los lados tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades para enfrentarse a las dificultades de la vida, trabajar productivamente y por supuesto contribuir pacíficamente con la comunidad.

 

(Juan R. Díaz A., en razonpublica.com)