Omitió las pruebas claras que vinculaban a gente de alias ‘Cuchillo’ con el asesinato de una mujer en el Guaviare.El Tribual Superior de Villavicencio condenó a cinco años y seis meses de prisión al exfical seccional de San José Guaviare, Carlos Alberto Baquero Torres, por cancelar de manera irregular una serie de órdenes de captura en contra de paramilitares que operaban en dicha región.

Según la decisión judicial, el exfiscal incurrió en los delitos de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, en concurso con prevaricato por acción,puesto que sin razón alguna dio marcha atrás a las órdenes de captura que existían contra hombres de alias ‘Cuchillo’ sindicados de haber asesinado a tres mujeres en dicho departamento.

En la investigación se resalta el hecho de que Baquero Torres estaba a cargo de un proceso por la desaparición de tres mujeres el 2 de septiembre de 2003, en la vereda Porvenir de San José de Guaviare, donde, paramilitares al mando de Pedro Oliverio Guerrero, alias ‘Cuchillo’, retuvieron a la señora Gladys Orfilia Pardo Sarmiento quien disfrutaba una paseo familiar.

Días más tarde sus hermanas Hermelinda Pabón Sarmiento y Sonia Patricia Vera Sarmiento y se enteraron de su homicidio perpetrado por los integrantes de los grupos paramilitares que estaban al mando de ‘Cuchillo’, sin embargo no les dieron mayor información sobre el paradero de sus seres queridos y a cambio de eso fueron amenazadas e intimidadas para que abandonaran su hogar.

Ante estos hechos, el entonces fiscal seccional continúo con la investigación, sin embargo, y pese a las pruebas claras canceló las ordenes de captura proferidas en contra de José Heberto López Montero, alias ‘Caracho’, Israel Campo Villamil, alias ‘Matasiete’, y Víctor Julio Almanza, alias ‘Ramoncito’.

Estas personas fueron señaladas por un exintegrante de las autodefensas de haber participado en el crimen e indicó el lugar donde fueron inhumados los cuerpos.

También, el entonces funcionario judicial canceló la investigación por la desaparición, por el desplazamiento y por el homicidio de las mujeres fue remitida a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, uno de cuyos fiscales aseguró a los procesados en octubre de 2009. 

RIA Novosti