General (r) Oscar NaranjoPor fortuna, día a día pierde aceptación la tesis política de que la delincuencia es una expresión natural de la pobreza, pues nada más arbitrario que graduar injustamente a los más humildes de criminales, desconociendo que una de las razones causales de la inseguridad y la violencia no es la pobreza, sino la exclusión social.

Lo que resulta evidente es que la falta de oportunidades destruye cualquier proyecto de vida y contribuye a facilitar los argumentos que usa el crimen organizado para reclutar jóvenes y condenarlos al mundo de la ilegalidad. La ausencia de oportunidad da origen a unas lógicas de muerte que se asumen como una especie de ‘religión’, como sucede con las llamadas ‘maras’ centroamericanas y se repite con los ‘combos’ en las comunas de Medellín, Cali, Bogotá, Río de Janeiro o São Paulo.

En el fondo, cuando un joven se consagra a la ‘virgen de los sicarios’ antes de asesinar a su víctima lo que transmite es la convicción de que la vida solo tiene sentido si se entrega a la muerte. El mensaje lapidario de los victimarios es que están muertos en vida por falta de oportunidades y no precisamente por ser pobres.

Justificar a la delincuencia como consecuencia de la pobreza es una apreciación que alimenta un falso dilema a la hora de mantener el equilibrio entre los presupuestos destinados a la inversión social y los orientados a los temas de seguridad. Un dilema que habitualmente se ha resuelto en América Latina abandonando instituciones como las policías, los sistemas penitenciarios y los procesos de rehabilitación para menores, desconociendo que luchar contra la pobreza sin garantizar la seguridad es descender al fondo de la anarquía que impone el crimen.

La contradicción es que el crecimiento económico de la última década en Latinoamérica, insisto, coincide con una explosión de violencia, que nos ubica como la región más violenta

del planeta, pues, representando el 9 por ciento de la población mundial, registramos el 36 por ciento del total de los homicidios. Esta lamentable situación reafirma que las políticas públicas de seguridad han hecho crisis y hay que aceptar que la asociación histórica de seguridad con autoritarismo no ha permitido asumirla como un valor democrático fundamental.

Ciertamente, son contadas las excepciones en la región donde la inversión en seguridad ha significado la transformación de sus instituciones. Por fortuna, en Colombia la recuperación de su fuerza policial, en términos de profesionalismo y capacidades, es diferencial en América y su modelo funcional es un producto de exportación, tanto que por decisión del Presidente de la República, la Policía Nacional coopera en los procesos de fortalecimiento institucional en 17 países. Sin embargo, todavía está pendiente definir con claridad los roles y misiones entre lo militar y lo policial, para que no se confunda al ciudadano y no se desdibuje su vocación civilista.

Hoy, los gobiernos del continente, ante la angustia que producen la inseguridad y la violencia, han reaccionado como quien, con la casa en llamas, busca angustiado a los bomberos y descubre que hace rato estos se quedaron sin agua, máquinas y mangueras y lo único que funciona es la sirena. Despertar a una realidad de crecimiento económico que prueba que la pobreza disminuye y la delincuencia crece es una pesadilla insoportable que abre el camino al fortalecimiento profesional de los cuerpos de policía, para que apaguen el incendio y rescaten a las comunidades de las garras de la delincuencia.

El reto es enfrentar el crimen con una fuerte dosis de humanismo, política pública y eficacia institucional y, sin estigmatizar a los pobres, asegurar su inclusión social.

General Óscar Naranjo