Hacinamiento en las cárceles de Colombia. Archivo.Con 117 mil reclusos, con un hacinamiento carcelario cercano al 53%, con 16 cárceles clausuradas o con patios cerrados por cuenta de decisiones judiciales y, en general, con unas políticas públicas que se han mostrado deficientes a la hora de convertir a las penitenciarías en centros de resocialización, eran necesarias medidas de choque. Sin embargo, la emergencia carcelaria anunciada ayer por el presidente Juan Manuel Santos para solucionar la crisis que vive el sistema penitenciario fue vista por algunos sectores como paños de agua tibia.

Para el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, la declaratoria de emergencia carcelaria no es suficiente. Al respecto aseguró que “ante la magnitud de la mayor crisis carcelaria que haya registrado el país en su historia reciente, la emergencia carcelaria no resulta funcional ni puede ser invocada para conjurar los problemas de hacinamiento y de cierre de pabellones y cárceles que, en este momento, son los aspectos centrales de la crisis”.

Y agregó que, en su criterio, es la declaratoria de emergencia social “la figura indicada para afrontar la actual situación, porque es la única que le permite al presidente tomar medidas de carácter extraordinario cuando se registren hechos sobrevinientes que pongan en riesgo a la sociedad”.

El meollo del asunto radica en que la emergencia carcelaria –regulada por el Código Penitenciario– les permite al Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios (USP) realizar los traslados que consideren necesarios y contratar directamente las obras que, en su criterio, se requieran para una pronta solución a la crisis. No obstante, esta medida no posibilita, por ejemplo, hacer cambios al sistema judicial o ampliar la cifra de jueces de ejecución de penas o involucrar a otras entidades diferentes del Inpec y de la USP en la solución del problema. Lo que sí faculta la emergencia social –regulada por la Constitución–, que le da poder al presidente para tomar cuantas medidas sean necesarias para conjurar la crisis.

Fuentes del Consejo Superior de la Judicatura, consultadas por este diario, se mostraron de acuerdo con Otálora e indicaron que la emergencia carcelaria no toca los problemas de fondo, sino, apenas, algunos problemas administrativos y que la crisis no se soluciona con nuevas cárceles –que se demorarían por lo menos un año en construirse–, sino con cambios en la política criminal y algunas acciones por parte de los jueces de ejecución de penas.

Contraria a estas opiniones, ayer en diálogo con El Espectador, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, salió en defensa de esta medida. Al respecto aseguró que desde hace días se estaba pensando en declararla y que el Ministerio ha tomado todos los elementos necesarios para con esta iniciativa buscarle pronta solución a la crisis carcelaria.

“El Gobierno tiene muy claro que tiene que solucionar prontamente esta situación y para ello no sólo ha anunciado esta emergencia, sino también ha propuesto 12 medidas para solucionarla, entre ellas el nuevo Código Penitenciario y Carcelario, que es estudiado en el Congreso de la República”, aseguró la ministra.
Hace menos de un mes, la funcionaria reconoció que la medida de la emergencia carcelaria, a la que hoy recurre el gobierno “tiene muy pocos elementos que permitan tomar medidas de choque frente a la situación en las cárceles. Sólo se podrían hacer traslados, que ya se están haciendo, o hacer contrataciones directas”. Y, por ello, indicó que era necesario aprobar el nuevo Código Penitenciario y Carcelario, con el que “ la figura de la emergencia tendría más posibilidades para lograr superar situaciones como la que actualmente se presenta”. El proyecto de ley continúa su trámite en el Congreso.

En las cárceles están a la espera de que el Ministerio de Justicia, el Inpec y la USP tomen las medidas que consideren necesarias. La tarea no es fácil: sacar del atolladero un sistema carcelario que, como lo denunció recientemente El Espectador, se ha convertido en un infierno carcelario con un hacinamiento que en algunas cárceles llega al 300%, con miles de enfermos y, en general, con una situación que ha hecho de este problema una vergüenza nacional.

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