Presidente de ONG asegura que está en capacidad de documentar la totalidad de las víctimas.

Gustavo Adolfo Muñoz Roa, presidente de la fundación La Nueva Esperanza, que trabaja por la defensa de las victimas del secuestro en Colombia, asegura que la ONG que dirige tiene la documentación necesaria para comprobar que son 725 los secuestrados que permanecen en poder de las Farc.

¿De dónde saca las cifras?

Las cifras salen del consolidado que desde 1995 por ley de la República se empezaron a distribuir a las organizaciones no gubernamentales  por parte de ministerio de Defensa y por parte de la unidad de derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, esa información también nos llegaba por parte de las familias de los secuestrados que se acercaban a la fundación a solicitar ayuda sicológica y jurídica y que manifestaban que no habían denunciado el secuestro.

 

¿Por qué son tan diferentes a las del Gobierno?

Las cifras del Gobierno son diferentes porque desafortunadamente en el gobierno Álvaro Uribe se quería demostrar ante la comunidad internacional que la política de seguridad democrática era todo un  éxito y que el flagelo del secuestro se había reducido en un 90 por ciento.  Es así como de la noche a la mañana las cifras de los secuestrados desparecen de las computadoras gubernamentales.

¿Por qué las Farc niegan la existencia de esos secuestrados?

Las Farc aprovecharon el afán gubernamental del momento de demostrar que no existían secuestrados en Colombia y ellos hábilmente empiezan a negar la responsabilidad de esos secuestros por un solo motivo: Quedar bien ante la Corte Penal Internacional para que sus comandantes no fueran excluidos de amnistías en un posible futuro acuerdo de paz.

¿Ustedes realmente están en capacidad de ubicar a esos secuestrados?

Así es. Si el Gobierno no sabe los nombres, ni los sitios donde fueron secuestradas esas personas, y si los nuevos comandantes de las Farc también tienen perdida esa información, esta fundación está en capacidad de entablar diálogos, sea con el Gobierno Nacional o con las Farc, para suministrarle los datos, los nombres, las cédulas, los sitios y el frente guerrillero que los secuestró.

El Tiempo