Los coroneles José Javier Vivas (izq.) y Nelson de Jesús Arévalowww.fuerzasmilitares.org (08JUN2013).- El representante de la Procuraduría General presentó una serie de objeciones ante la decisión de la juez 64 de garantías que decidió no acoger los argumentos para cobijar con medida de aseguramiento a los coroneles de la Policía, Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez y José Javier Vivas Báez en el proceso penal que se les adelanta por su presunta participación en la alteración de la escena del crimen en el caso del joven grafitero, Diego Felipe Becerra.

Pese a que no presentó ningún recurso de reposición o apelación, el delegado del Ministerio Público manifestó como no recurrente que la funcionaria judicial tuvo en cuenta para su decisión argumentos que no fueron presentados por la Fiscalía, ni por la parte civil, ni por los representantes de los oficiales.

“(…) afirmar de manera tajante que los dos reciben la escena alterada, casi que ubicarlos en el mismo sitio, a la misma hora, más bien constituiría un indicio en su contra”, señaló el procurador del caso quien consideró que al momento de tomar la decisión no se tuvieron en cuenta los argumentos que fueron presentados en el debate procesal como debe ser.

Y es que para el delegado del órgano de control disciplinario “no existe un mínimo elemento material probatorio que indique” que tres uniformados (dos patrulleros y un teniente) cuyas declaraciones fueron claves en este caso estén buscando beneficios procesales con la Fiscalía como lo aseguró la jueza.

Igualmente señaló en su argumentación que de la misma forma en que se llegaron a esas conclusiones, también se pudo haber apreciado el hecho de que estas personas hubieran omitido detalles o incurrido en contradicciones debido a las presiones internas de la Institución e incluso presiones de sus superiores.

Llamó la atención que la funcionaria judicial no hiciera mención alguna sobre las amenazas en contra de su integridad personal y la de su familia reveladas por uno de los patrulleros al que incluso le obligaron a repetir su “primera versión” para que no involucrara a uno de los coroneles ahora procesados.

La ubicación

“Si tenemos una situación desigual, aplicarle el mismo rasero implica una desconexión con el material probatorio y con la realidad”, de esta manera el procurador del caso cuestionó el hecho de que no se evaluaran todos los argumentos esgrimidos por los sujetos procesales sobre la participación de los coroneles Vivas y Arévalo en la alteración de la escena del crimen.

En este sentido calificó como un error el hecho de que se analizaran de manera conjunta “y casi homogénea” la participación de los entonces subcomandante de la Policía Metropolitana y el comandante de la Policía de Suba al lugar donde el joven de 16 años recibió un disparo por la espalda por parte del patrullero Wilmer Antonio Alarcón.

“Ubicarlos en el mismo sitio y a la misma hora, lo cual es absurdo”, señalando claramente que según la exposición en la Fiscalía “en el caso del coronel Arévalo “existen muchos más hechos indicadores de una probable responsabilidad que en relación con Vivas Báez”, explicó durante su intervención.

En este punto fue reiterativo en indicar que se presentaron “errores en cuanto a la conclusión de inferencia” puesto que se debía tener en cuenta la individualización de los dos coroneles y su participación diferencial en los hechos narrados por la Fiscalía General durante las audiencias celebradas hace dos semanas.

Para el procurador, en su decisión la administradora de justicia no fue clara al establecer el momento o el responsable directo de presentar una falsa denuncia con el fin de acusar a Diego Felipe Becerra como el miembro de una banda que habría atracado a un bus de servicio público.

Ante esto, se presentaron cuestionamientos a la decisión de la juez de cobijar con detención domiciliaria a Nubia Mahecha Melo, esposa del conductor del bus, Jorge Eliécer Narváez, quien es procesado por estos mismos hechos y se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

La investigación

Este miércoles, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicaturase reunirá para estudiar este caso y verificar si se presentó alguna extralimitación u omisión por parte de la jueza de garantías.

Fuentes cercanas indicaron que se evaluarán los argumentos esgrimidos por la funcionaria judicial, así como por el juez que avaló la solicitud para capturar a los dos uniformados quienes se encontraban como agregados militares en Inglaterra y Honduras.

“Entendemos que hay una discrecionalidad por parte de los jueces, pero estudiaremos este caso para determinar si finalmente pedimos que investiguen a los jueces que actuaron en este proceso”, precisó el presidente de la Sala Disciplinaria, Wilson Ruiz Orejuela en diálogo con Capital Noticias.

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