Personal femenino de la Policía Nacional entrenándose como escoltas.www.fuerzasmilitares.org (06ENE2014).- Hace 6 meses avanza revisión para retirar el esquema a personas que ya no enfrentan riesgo. La tarde del 30 de diciembre, el exsenador Ómar Yepes, director del Partido Conservador, envió a uno de sus escoltas a entregarle un millón de pesos a una conocida en una finca cercana a Chinchiná (Caldas). Mientras esperaba a que la mujer arribara al lugar, dos hombres intentaron robar al policía, quien resultó herido.

Este es el más reciente caso de mal uso de los esquemas de seguridad que entró a estudio en la Dirección de Protección de la Policía, que hace seis meses inició una revisión minuciosa para detectar a personajes que, pese a que dejaron de ser funcionarios públicos y a que no tienen riesgo, continúan con protección a cargo del Estado.

“En este caso (el del excongresista conservador) no necesitaba escolta, sino un empleado”, afirma el general William René Salamanca, director de esa unidad clave de la Policía y quien ha liderado la depuración de la lista de beneficiarios.

Hasta ahora han sido retirados 300 esquemas por mal uso o porque simplemente no existía riesgo que los justificara. Pero la lista va en aumento.

En una primera revisión detectaron a 150 personas que ocuparon cargos públicos hace 15 años o más y que “se acostumbraron a tener protección oficial sin necesitarla”. “Se hizo una revisión seria y responsable, y a los que ya no lo necesitaban se les explicó que debían entregar el esquema”, agrega Salamanca.

En ese primer grupo estaba el exalto comisionado de Paz Víctor G. Ricardo. También figuran exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, algunos de los cuales llegaron a tener cuerpos de seguridad de hasta 20 hombres.

En ese caso, la Policía les ha venido reduciendo paulatinamente el número de uniformados. La práctica usual, pero hay casos de excepción, es que los exmagistrados tengan seguridad oficial por seis meses. Ese periodo se extiende a un año, si pertenecían a la Sala Penal.

Policías cuidando casas

En un segundo corte, la Policía detectó otros 300 casos que fueron llevados a un comité de análisis conjunto con la Unidad Nacional de Protección (UNP). De ese total, se decidió mantenerles la seguridad a 150 personas que registraban algún tipo de riesgo. A los demás les retiraron los esquemas.

Ahora está en marcha un nuevo estudio en el que se revisará la cantidad de uniformados que están destinados a cuidar las viviendas de quienes en algún momento ocuparon un alto cargo.

“No puede ser que haya un policía cuidando una vivienda cuando en el edificio o el conjunto hay circuito cerrado de televisión y una compañía de seguridad privada vigilando. El servicio de Policía es público y tiene que atender a la comunidad, no casos individuales”, cuestiona el general Salamanca.

Los casi 600 hombres que ya fueron liberados de las labores de protección reforzarán las investigaciones en áreas de infancia y adolescencia y van a ser destinados también a la seguridad de las jornadas electorales que se avecinan.

Siguiendo esa lógica, hasta el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pidieron reducir sus esquemas de seguridad y destinar el personal a frentes claves que siempre requieren más hombres.

Hoy, la Policía tiene a 7.000 de sus hombres protegiendo a 2.500 funcionarios y exfuncionarios públicos, altos dignatarios, ministros, magistrados, alcaldes y gobernadores.

“Queremos concientizar, a quienes se les ha asignado un esquema de protección de que tienen derechos, pero también restricciones y deberes. El trabajo del policía que le presta seguridad no es hacer mandados ni cargarles el maletín, hay que dignificar su labor”, señala Salamanca.

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