Cárcel colombianawww.fuerzasmilitares.org (28AGO2014).- Las cárceles colombianas, que padecen una epidemia de hacinamiento, deben ser preparadas para cumplir con los requisitos del postconflicto y acoger a los miles de desmovilizados que lleguen con la paz, alertó Eric Sottas, enviado especial de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Sottas, que evaluará en Colombia las condiciones de los internos en las cárceles de Valledupar (norte) e Ibagué (centro) tras la prohibición para hacerlo el año pasado, explicó en una entrevista con EFE que las prisiones deberán cambiar si se llega a un eventual acuerdo de paz.

"Oficialmente se dice que se separará a los presos en categorías en función del delito, pero, por lo que sabemos, esa distinción no es posible porque hay demasiada gente", cuestionó.

Así las cosas, las dos posibilidades para darles cabida son instaurar "penas sustitutivas" para los delitos menos graves o diseñar un sistema de justicia separado para los desmovilizados que podrían producirse con la firma de la paz entre el Gobierno y las FARC.

"Hay que ver cómo reorganizar la represión de tal modo que no se siga dictando solamente una sentencia estándar, sino tratando de hacer que haya menos gente que vaya a la cárcel a través de otro sistema de penas alternativas", subrayó Sottas.

El enviado de la OMCT, que desde hace cinco años visita las cárceles colombianas, dudó además de que la pena de prisión sea "la mejor solución" para todos los casos de justicia transicional, modelo que el Gobierno aspira a aplicar en los casos de desmovilizados por un acuerdo de paz.

Cumplir el objetivo de acabar con el hacinamiento y gestionar unas mejores cárceles para los desmovilizados son retos que van de la mano, indicó Sottas, puesto que el posconflicto puede traer "una buena oportunidad" para realizar cambios que ahora provocarían el rechazo de la sociedad.

"En la fase de posconflicto se aceptan cosas que en otro tiempo serían difíciles de asimilar por la opinión pública. La gente tiene una visión más amplia por la paz, y el miedo a la inseguridad individual se diluye", afirmó.

Con base en este principio, el enviado especial consideró que también se podrían cambiar otros dos elementos esenciales además de penas alternativas: acabar con "el hábito de los jueces" por determinadas sentencias y crear la infraestructura necesaria para permitir la reinserción, que actualmente es inexistente en Colombia.

Pero mientras ese momento llega, hay que enfrentar los problemas inmediatos de las cárceles, asediadas por un hacinamiento que llega a afectar a 130 de los 137 centros del país, según cifras del sindicato mayoritario de guardianes, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), que representa a 5.000 de los 12.000 agentes.

Lo desesperado de la situación provocó que la semana pasada un millar de carceleros rechazaran el ingreso más internos, algo que Sottas tiene muy presente en este examen carcelario.

"Hay que tomar medidas inmediatas para aliviar la situación porque las penas alternativas necesitan un tiempo para funcionar. En la fase actual hay que tomar otras medidas, como incrementar el personal y organizar algunos centros de detención previa", aseguró.

Pese al escenario de paz que se empieza a dibujar en Colombia tras dos años de negociaciones entre el Gobierno y las FARC, a Sottas le preocupa que el delito de tortura vaya a pasar inadvertido al mezclarse con otros considerados "más graves", como el asesinato.

"La invisibilización de la tortura es algo que nos preocupa. Se oculta dentro de otro crimen y no se destaca en la denuncia. Además, las cifras que presenta el Estado no son coherentes con fuentes regionales y otros datos que se pueden recopilar. Hace falta luz para saber cual es la situación real de la tortura", afirmó.

Si se firma la paz, advirtió, "se va a considerar que hubo muchos menos casos de torturas de lo que ocurrieron", y alertó de que el proceso de transición debe ir acompañado de la "depuración de las fuerzas de seguridad".

Además, el enviado de la OMCT considera probado que la tortura dentro de prisión "se mantiene" y que la violencia en estos centros se ve agravada porque se mezclan los reclusos del conflicto con otros delitos menores.

En los años que lleva visitando Colombia, Sottas reconoce que la "zona gris" para conocer la realidad de las cárceles se mantiene y que uno de los mayores riesgos es que la historia se cierre sin conocer quién cometió cada delito en función de una eventual amnistía.

EFE