General Castañedawww.fuerzasmilitares.org (04FEB2015).- En la noche del pasado martes se entregó en el Centro de Estudios de la Policía (Cespo) el brigadier general (r) Fabio Alejandro Castañeda Mateus, investigado por su presunta participación y responsabilidad en los hechos que rodearon el asesinato de 20 indígenas de la etnia Nasa a manos de miembros de la Fuerza Pública en zona rural del municipio de Caloto, Cauca, en la noche del 16 de diciembre de 1991.

El ofiicial en retiro, quien fungió como comandante de la Policía de Cali hasta 2013, será investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en concurso homogéneo y heterogéneo, homicidio en grado de tentativa, porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública y daño en bien ajeno. (Ver Consejo de Estado dejó en firme condena contra la Nación por masacre de Caloto)

Atendiendo una compulsa de copias emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el pasado 22 de agosto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reabrió la investigación en contra del general en retiro y el mayor Jorge Enrique Durán por estos hechos que contaron con la participación de miembros de la Fuerza Pública y particulares. (Ver Caloto: una masacre impune)

Los indígenas fueron asesinados cuando se encontraban en la hacienda El Nilo, ubicada en el corregimiento El Palo, en el marco de una protesta pacífica “cuando un número no determinado de individuos, que portaban armas de uso privativo de las fuerzas armadas, llegó intempestivamente al lugar y tras reunir a los miembros de la comunidad y prenderles fuego a los ranchos que habitaban, obligó a las víctimas a tenderse bocabajo en el suelo donde las ejecutaron”.

El pasado 11 de julio la Sección Tercera del Consejo de Estado tuvo en cuenta la investigación adelantada por la Fiscalía General sobre estos hechos y cita que cinco de los procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares, incendio y daño en bien ajeno por lo que fueron condenados a diferentes penas.

Dos de los condenados señalaron al “comandante Segundo del Distrito de Policía de Santander de Quilichao de haber planeado la incursión armada al Nilo “con el fin de obligar a los indígenas a abandonar el lugar y al comandante de la compañía antinarcóticos de la Policía con sede en el mismo municipio de haber comandado uno de los grupos que participó en la masacre.

Uno de los grupos, según los testimonios recolectados estaba integrado por un número aproximado de 11 policías que llegaron al sitio de los hechos portando sus armas de dotación oficial, vistiendo uniformes, botas de campaña y cubriendo sus rostros con pasamontañas. Sin embargo el capitán Fabio Alejandro Castañeda y el mayor Jorge Durán Argüelles rechazaron los señalamientos asegurando que no se encontraban en la zona para el momento de los hechos.

Igualmente en su defensa manifestaron que se trataba de un intento por enlodar su buen nombre y el prestigio de la Institución. En febrero de 1997, el juzgado de primera instancia de la Policía declaró la nulidad del caso. La decisión fue avalada por el Tribunal Superior Militar que dejó en firme su absolución al considerar que no se presentaron pruebas que sustentaran que los oficiales participaran en la acción por la que eran investigados. La Procuraduría General también los absolvió en el proceso disciplinario.

Sin embargo al hacer una revisión de los testimonios de los familiares de las víctimas, de un grupo de uniformados y documentos oficiales el alto tribunal consideró que existían incongruencias y contradicciones de los declaraciones rendidas por los dos oficiales sobre la actividades que estaban adelantando cuando se presentó la masacre. En este caso sentido se precisa que esta situación debe ser analizada y revisada por las autoridades competentes.

“Los múltiples testimonios practicados no permiten fundar por si solas, ni vistas en conjunto, una conclusión sobre la veracidad de la inocencia ya que como se indició algunas no son confiables en la medida que emanan de testigos (agentes de Policía al mando del capital Castañeda) que pueden tener algún interés en los resultados del proceso y las otras no son relevantes puesto que solo prueban que los llamados en garantía permanecieron en la estación de policía el día de la masacre no demuestran la participación de los dos oficiales en los hechos”, indica el fallo.

Igualmente señala que “los dictámenes de balística pueden tenerse como evidencia concluyente en la ausencia de responsabilidad debido a la forma en cómo fueron practicados dejan serias dudas sobre su objetividad y fiabilidad”. Hecho por el cual se reseña que existen vacios en los procesos que se adelantaron contra los dos oficiales por este caso el cual ya fue reconocido y aceptado por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

El tribunal de lo contencioso administrativo declaró la responsabilidad civil de los dos oficiales “por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes que no fueron incluidos dentro de los acuerdos conciliatorios (…) Como consecuencia condenar a cada uno de los llamados en garantía a reintegrar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional en porcentajes iguales al 40% el valor de las condenas impuestas en la presente sentencia”.

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