Policía Nacional en un procedimiento de controlwww.fuerzasmilitares.org (10FEB2015).- El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 apuesta por lo bajo por la mejora en los indicadores de seguridad y convivencia. Si todo sale como propone el proyecto, en los próximos cuatro años la tasa de hurtos a personas disminuiría en un 4%, al igual que ocurriría con el número de hurtos al comercio. A su vez, la tasa de extorsiones descendería 9% y el hurto a residencias en un 10%. En el período 2010-2014, la tasa de hurtos a personas aumentó en 43%, la tasa de extorsión 243% y el hurto a entidades comerciales 55%. ¿Por qué plantear descensos tan limitados para los próximos cuatro años, cuando las alzas han sido tan notables?

En el caso de los homicidios, se plantea llevar la tasa de 27,8 por cada 100 mil habitantes a 23, con lo cual Colombia continuaría teniendo una de las cifras más altas del hemisferio y más de dos veces la tasa del promedio de los países de Latinoamérica. Aunque, para ser justos, es en donde el Plan es más ambicioso. Sin embargo, en un país que está pensando en el posconflicto, en donde la inseguridad es uno de los principales problemas y que planea invertir importantes recursos en este campo, las metas están siendo, en general, demasiado modestas.

Pero el problema de los indicadores que plantea el Plan no termina ahí. En la mayoría de los casos, las metas propuestas se basan en las denuncias que ponen los ciudadanos, que representan un porcentaje muchísimo menor de lo que realmente ocurre, en promedio, 25% de los delitos que son denunciados. De hecho, una mejora en la confianza en las instituciones debería reflejarse en un aumento en el número de personas que acuden a ellas poniendo denuncias. Sólo así se puede explicar, por ejemplo, que países como Chile o Costa Rica —considerados relativamente seguros— tengan una tasa mayor de hurto que países como Guatemala o El Salvador. En Chile y Costa Rica la gente denuncia porque tiene mayor certeza de que el Estado atenderá su situación.

Lo más serio sería tomar como base la victimización, la cual se mide a través de encuestas que dan una idea más cercana de lo que sucede y de los cambios que se están dando. De esta manera, por ejemplo, lo hacen Chile y el Reino Unido. Desde 2012, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) hace anualmente una encuesta de victimización junto a Planeación Nacional, que con todo y sus limitaciones es un termómetro de la seguridad en las principales ciudades del país. En este estudio se le pregunta directamente a la gente si ha sido víctima de un delito. El Plan deja por fuera esta información, incluyendo indicadores que dependen de las misma instituciones que van a ser evaluadas.

Un buen ejemplo para ilustrar este problema es lo que sucede con la extorsión. De acuerdo con el PND, en 2018 la tasa de extorsiones habrá disminuido en 8% en comparación con 2014. No es un secreto que las denuncias por este delito son muy bajas. De hecho, parte del esfuerzo realizado por la Fuerza Pública ha sido llegar a los lugares donde este delito se expresa intensamente, para acercarse a los ciudadanos que prefieren no acudir a las autoridades. La tasa entonces dice poco o nada de lo que realmente ocurre en los municipios y barrios de Colombia.

De otro lado, el Plan no diferencia los delitos en los que se usa violencia. Una de las características importantes de los países con mayores niveles de seguridad no sólo es que tienen menos robos, sino que además los delincuentes usan en menor medida las armas blancas o de fuego. El PND no tiene ninguna desagregación en este sentido, poniendo todos los hurtos en la misma bolsa y pasando por alto el problema del delito violento.

El problema de fondo es que las metas propuestas han sido puestas ahí por las mismas instituciones que tendrán que responder por su cumplimiento —el conocido problema del “yo con yo”—. Esto es como si a un estudiante se le pidiera que defina la manera en que va a ser evaluado, con el grave riesgo de que aplique la ley del mínimo esfuerzo. Los indicadores de éxito, tanto para las personas como para las instituciones, son incentivos que determinan la voluntad y los recursos que se pondrán en una tarea.

En octubre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos le propuso al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, bajar la tasa de homicidios de Bogotá a un dígito. En ese momento eso significaba 8 puntos: pasar de 17 por cada 100 mil habitantes a 9. En la actual versión del PND la propuesta es bajar la tasa en 5 puntos: de 28 a 23. ¿Por qué no ser más ambiciosos?

Con estas proyecciones y metas, habrá pocas razones para que los colombianos se metan la mano al bolsillo para pagar un impuesto que tenga como objetivo fortalecer la seguridad. Para esto, el Gobierno tendría que proponer un esfuerzo sostenido que cambie la situación actual de manera notable. En otras palabras, proponer un Plan que plantee cambios de fondo. Pero el presentado preserva la inercia y evita los cambios. Por ejemplo, nada se dice de la creación del Ministerio de la Seguridad o la salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.

Si nos guiamos por lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo, en 2018 la seguridad ciudadana no estará peor, pero tampoco mucho mejor. Tal vez en el fondo esto no sea más que una alta dosis de realismo. “Todos por un nuevo país”, es el título del Plan, y habría que agregar: más o menos igual de inseguro.

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