Menores de edad capturados en Colombia.
Menores de edad capturados en Colombia

www.fuerzasmilitares.org(13ABRIL2015).- Ocho veces ha ingresado este año un menor de edad al reformatorio en Barranquilla por el delito de hurto, y el año pasado otros tres lo hicieron al menos en nueve ocasiones.

En Bogotá, unos gemelos asesinaron a tiros y puñal a un taxista que se resistió a que le robaran, en agosto pasado, el dinero producido durante un día de trabajo. En La Vega (Cundinamarca), un joven de 15 años sigue siendo el principal sospechoso de asesinar y desmembrar a un pequeño de tan solo 7 años. Y hace ocho días, 31 adolescentes formaron una escalera humana y saltaron los muros del centro El Redentor, en el sur de la capital. De ellos, 21 fueron recapturados tras un intenso operativo.

Esa es parte del panorama de la delincuencia juvenil, cuyo tratamiento es una bomba de tiempo y que aún no ha sido objeto de un profundo debate.

Los registros de capturados (o aprehendidos, como legalmente son reportados) arrojan que desde el 2011 se mantiene la tendencia de entre 60 y 70 por día. Aunque este año las cifras podrían aumentar.

En lo corrido del 2015, un poco más de 7.300 jóvenes han sido puestos a disposición de jueces del Sistema Penal Adolescente. Y el año pasado fueron 24.357, la gran mayoría por hurto, tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, lesiones personales y tráfico o porte de armas.

“Esa presencia de menores tiene una incidencia importante en la situación de inseguridad del país. Empiezan con pequeños delitos y al ver que pueden obtener beneficios por su edad siguen delinquiendo, amparados por un manto de impunidad”, dice el director de Seccionales y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González.

La Policía calcula que los menores tienen una participación del 9,8 por ciento en el total de delitos cometidos en el país. Por eso, con la Fiscalía, planteó una revisión urgente sobre las penas, el manejo y estado de los 34 sitios de reclusión para los menores infractores.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) indicó, en su último informe sobre los reclusorios que tiene a cargo, que allí permanecen unos 3.500, y que en los últimos dos años 1.100 menores se han fugado. Los centros más afectados son los de Bogotá y Cali.

Para el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, una de las razones de las fugas masivas y amotinamientos es la debilidad en los sistemas de seguridad y en el control de los centros; pero, sobre todo, la permanencia de jóvenes que, aunque ingresaron siendo menores, hoy superan los 21 y 23 años.

La Defensoría del Pueblo dice que incluso tiene documentados casos de personas de 25 años que llegaron a los reclusorios siendo mayores para pagar o completar penas por hechos que cometieron antes de los 18 años. “En El Redentor hay 210 muchachos, de los cuales 127 ya son mayores de edad. La falta de infraestructura física hace que no sean separados, por lo que representan una mala influencia sobre los menores”, dice José Manuel Díaz, defensor delegado para la Política Criminal y Carcelaria.

Estudios, en marcha

Frente a esa situación, la Policía inició con el ICBF un estudio para determinar cuántos de los más de 3.500 menores detenidos deben pasar a un centro de reclusión para mayores de edad.

Para eso, trabajan en un análisis del perfil criminal de estos jóvenes, que son los que usualmente protagonizan las fugas y amotinamientos. “Estas personas deben ir a un centro diferente, sea una cárcel o un establecimiento especial, pero no pueden seguir en el mismo lugar con los menores de edad”, afirma el general Palomino.

Al tiempo, la Dirección de Protección de la Policía comenzó un diagnóstico del centro El Redentor en el sur de la capital, para proponer estrategias que mejoren las condiciones.

Por ahora, la propuesta de la Policía para todos los centros es que, además de la institución, el Inpec entre a capacitar a los tutores contratados por el ICBF en seguridad y programas de resocialización. La Policía tiene la misión de garantizar a seguridad en el perímetro de los centros de reclusión especial.

Por ejemplo, en Medellín, el ICBF reconoce que “hay problemas de tipo hidráulico, eléctrico, de infraestructura y de seguridad, para garantizar que los menores estén en unas condiciones dignas, que favorezcan el proceso educativo”.

Las autoridades esperan que la situación sea atendida antes de que termine en una crisis irreparable.

3 de cada 10 en centros especiales son mayores de 18

Además de las deficiencias estructurales, las cortas jornadas de educación y la escasez de programas de atención psicológica, que no permiten una adecuada resocialización, en los centros especiales de reclusión de menores hay otro factor que se suma a sus líos. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al menos 3 de cada 10 personas detenidas en estas correccionales ya son adultas, hecho que está contribuyendo en las constantes fugas.

Los mayores, algunos hasta de más de 25 años, siguen en estos centros porque entraron cuando tenían menos de 18, o fueron capturados cuando ya eran adultos pero los trasladaron a estas correccionales porque los hechos los cometieron cuando eran adolescentes.

José Manuel Díaz, defensor delegado para la Política Criminal y Carcelaria, explica que aunque la norma exige que menores y mayores estén separados, en la práctica esto no se está cumpliendo por las fallas estructurales de esos centros especiales.

A pesar de haber cumplido la mayoría de edad, los adultos siguen teniendo las restricciones de los adolescentes, a quienes les prohíben, entre otras cosas, las visitas conyugales. Esto, según Díaz, se ha convertido en la causa de las últimas fugas en Bogotá.

De otro lado, la oferta de educación es de solo ocho horas semanales, a pesar de que la norma indica que todos los días los menores deben estudiar ocho.

La Dirección de Protección de la Policía afirma que otra de las debilidades de los centros es la falta de atención psicosocial para los jóvenes. “Aunque la mayoría de personas que llegan a estos centros tienen problemas de consumo de drogas, jamás son tratados”, dice.

Tan solo un 6 por ciento de los detenidos va a un centro de reclusión; los demás tienen medidas no privativas de la libertad, como libertad vigilada.

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