Las facultades que se le dan a la policía son violatorias de la Constitución y están enfocadas en la sanción y no en la prevención.
Las facultades que se le dan a la policía son violatorias de la Constitución y están enfocadas en la sanción y no en la prevención.

www.fuerzasmilitares.org (01JUN2015).- Apenas empieza su discusión en el Congreso y el Código de Policía ya ha levantado ampolla porque en su articulado se da a esa fuerza facultades especiales que podrían dar lugar a la desviación del poder y hasta abusos de autoridad.

No es un asunto de poca monta porque, de acuerdo con un concepto del Consejo Superior de Política Criminal conocido por El Espectador, rompe los límites constitucionales.

Se trata de un documento de 19 páginas en las que el Consejo, órgano asesor del Ministerio de Justicia para asuntos de política criminal y penitenciaria, advierte sobre varias de las extralimitaciones que se estarían dando en el Código de Policía y que seguramente serían rechazadas por la Corte Constitucional luego de su paso por el Congreso.

Uno de los asuntos más polémicos es el artículo 207, que faculta a la policía para ingresar a un inmueble sin orden de un juez, lo que claramente viola el artículo 28 de la Constitución, el cual señala que “toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”.

Por eso el Consejo señala que “es recomendable examinar dichas propuestas bajo el parámetro de proporcionalidad, analizando su idoneidad y necesidad, para determinar si la finalidad perseguida por la medida es proporcionada, a la luz de la importancia del derecho afectado y si la situación a conjurar hace imperiosa la intervención policiva”, lo cual demuestra la preocupación por los excesos que pueda haber por parte de la policía.

El concepto es claro en señalar que con el Código de Policía se estarían sobrepasando los límites constitucionales, y cita la sentencia C-024 de 1994, según la cual “la preservación del orden público lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es compatible con el ideal democrático, puesto que el sentido que subyace a las autoridades de policía no es el de mantener el orden a toda costa sino el de determinar cómo permitir el más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas sin que ello afecte el orden público”.

El Consejo Superior de Política Criminal agrega que “el ejercicio de la coacción de policía para fines distintos a los queridos por el ordenamiento jurídico puede constituir no sólo un problema de desviación de poder, sino incluso un abuso de autoridad por parte del funcionario”, y que la actividad de la policía debe enmarcarse en el respeto a los derechos y libertades de las personas, situación que no es clara en el articulado.

Por ejemplo, la posibilidad de usar medidas correctivas cuando haya eventos en los que se generen molestias por su impacto auditivo y que “en opinión de las autoridades de policía perturben o afecten la tranquilidad de las personas” es, para la Comisión, abrir la puerta a la intromisión a los domicilios sin orden judicial, e implica actuar en requerimiento de un particular para proteger sus intereses privados, lo que sólo se puede hacer a través de la justicia ordinaria.

El documento conocido por El Espectador también advierte sobre la violación del non bis in ídem, es decir, que las personas podrían ser juzgadas dos veces por el mismo hecho que ya está contemplado en el Código Penal. Así sucede con los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y que dan lugar a medidas correctivas como reñir, lanzar objetos o sustancias a personas, amenazar, portar armas y deambular bajo graves estados de alteración de la conciencia.

El Código de Policía también está en contravía del interés superior de los niños, lo cual sería violatorio de las normas nacionales y de los acuerdos internacionales que ha suscrito Colombia. En el capítulo 1, que se refiere a los menores, señala que deberán ser objeto de sanción a través de una medida denominada “participación en programa o actividad pedagógica de convivencia”, sin que se establezca en qué consiste esa sanción.

Para los miembros del Consejo Superior de Política Criminal, “esta propuesta desconoce que los menores deben tener un trato especial y preferente que ya se dispone en el Código de Infancia y Adolescencia”, por lo que recomiendan que cualquier tipo de sanción esté reglamentada de acuerdo con esa norma.

Más allá de la clara inconstitucionalidad presente a lo largo del Código de Policía, el Consejo de Política Criminal pone sobre la mesa un cuestionamiento de fondo al señalar que se trata de una iniciativa sancionatoria que deja de lado el enfoque pedagógico que debería ser preponderante cuando se trata de asuntos de convivencia ciudadana.

Normas de convivencia por la fuerza

Uno de los aspectos que más lláma la atención del Código de Policía que empezó a debatirse en el Congreso es que refleja la poble cultura ciudadana y la necesidad de, por medio de drásticas sanciones, corregir comportamientos que se han vuelto habituales. Por ejemplo, a lo largo del artículado se reglamentan comprotamientos el respeto a los menores, mujeres, adultos mayores, trabajadores sexuales, personas en condición de discapacidad y minorías Lgbti. El Código también se refiere a comportamientos en eventos públicos sobre los cuales plantea sanciones para suntos de simple educación como no colarse en las filas o respetar el puesto asignado. Impone sanciones para quienes comercien o compren celulares robados, prohíbe las peleas callejeras; y condena el maltrato a los animales y promueve el respeto al medio ambiente Asuntos que deberpían ser parte de la educación básica de una sociedad, tuvieron que ser incluidos en la inicitiva porque la cultura ciudadana está echada a menos.

elespectador.com