Más de 57 mil uniformados cumplieron 20 años de servicio y reclaman su pensión. Otros están desesperados por los malos sueldos y se quieren ir. Imagen de archivo
Más de 57 mil uniformados cumplieron 20 años de servicio y reclaman su pensión. Otros están desesperados por los malos sueldos y se quieren ir. Imagen de archivo

www.fuerzasmilitares.org (04JUN2015).- Hace algunas semanas en la plataforma YouTube apareció un vídeo de Richard Sánchez, intendente de la Policía, preso en un calabozo de Pamplona. A parte de advertir las condiciones lamentables en las que se encontraba recluido, su caso es bastante particular. Está detenido porque después de más de 20 años de servicio activo no quiere seguir siendo policía.

No quiere seguir portando el uniforme. Todo indica que su hoja de vida es intachable: fue jefe de seguridad de tres alcaldes, de dos exgobernadores en Norte de Santander y de un congresista. Pero durante nueve años esperó el ascenso y nunca llegó. Así mismo, el porcentaje salarial que devengaba continuó siendo el mismo desde hace una década, en cambio las horas laborales fueron aumentando.

Agotado, el 15 de noviembre de 2014 radicó su carta de retiro voluntario. No pasó mucho tiempo y le informaron que eso no iba a ser posible porque él pertenecía al ‘nivel ejecutivo de incorporación directa’ y que le faltaban cuatro años más para poder salir. Pero Sánchez ya había tomado la decisión de no volver más a un trabajo al que le había perdido el cariño y mucho menos iba a volver obligado. No obstante, el 18 de febrero del año 2015 debía presentarse y seguir laborando, pero no lo hizo. De hecho, acababa de aceptar un trabajo mejor remunerado y con menos horas de servicio en una empresa de seguridad en Yopal. El 27 de abril recibió una notificación donde le solicitaban presentarse en la oficina disciplinaria de la Policía de Cúcuta. Pensando que habían resuelto su caso, se presentó y de inmediato fue esposado y encarcelado. Lo mandaron a una pequeña celda en el frío de Pamplona; la acusación, evadir el servicio. Una semana más tarde, como si fuera un delincuente de alto riesgo, fue trasladado a la reclusión militar de Facatativa, a más de 500 kilómetros de su casa.

Richard Sánchez emitió una Acción de Tutela que fue negada en primera instancia, apeló y ahora se encuentra en estudio en el Tribunal Superior. Mientras Sánchez se encuentra privado de la libertad, esperando una condena que puede ir entre uno y tres años de cárcel, algunos compañeros cuentan que su esposa y sus dos pequeños hijos están pasando por un infierno. Aunque ella no habla por miedo, sus amigos han sido testigos de todo lo que está haciendo la mujer para no morirse de hambre. Montó una venta de paletas que a lo mucho le alcanza para comprar huevos, arroz y panela que es lo único que comen desde hace dos meses. El niño mayor que está en noveno grado ha perdido varios trabajos por el valor de los implementos y el menor está a punto de perder el cupo por no poder asistir cumplidamente. Les cortaron los servicios públicos así que cocinan con una pipa de gas que un allegado les prestó. Incluso, esta semana, uno de los compañeros de Sánchez que se enteró de la noticia, en solidaridad, les envió un giro de $70.000 desde Tunja, porque su sueldo tampoco le alcanza para mandarles más. Penas que comenzaron a vivir desde que el hombre de la casa no quiso ser más policía.

Tal parece que el uniformado que le dio valor al resto de policías inconformes con la Institución para montar sus vídeos en las redes sociales fue el patrullero Johnny Céspedes. Un relato suyo se hizo viral en Facebook y después en YouTube, tras revelar varias situaciones que ocurren a diario. Céspedes habló sobre: “el maltrato de oficiales a sus subalternos”, “los sueldos que no alcanzan para nada”, “la manipulación en los cursos de ascenso”, “los dineros que los patrulleros deben sacar para pagar repuestos de los vehículos de la Policía” y hasta “tener que sacar dinero de sus bolsillos para alimentar a un detenido porque no hay cabida en centros de reclusión”. Céspedes fue retirado de la Policía la semana pasada.

A renglón seguido apareció otro de los vídeos más compartidos en Colombia. Lo grabaron los patrulleros David Jojoa Henao y Raúl Rodríguez, quienes incluso citan a Céspedes por su valentía. Aunque Jojoa Henao lleva apenas cinco años de servicio, solicita su retiro porque dice estar cansado y sentirse abusado. Cuenta que lleva 56 días en El Bagre (Antioquia), sin un día de descanso y viviendo en las celdas de la cárcel con una docena de compañeros más, donde solo existe un baño y dos duchas. Dice haber llamado a sus superiores y a la oficina de talento humano para obtener una solución pero todo ha sido negativo. Lo mismo sucede con su compañero Rodríguez; un patrullero que lleva 12 años de servicio, quien hace cuentas de lo que se gana y todo cuanto debe gastar en los quehaceres de su trabajo, de tal suerte que, dice Rodríguez: “el sueldo no alcanza para nada”. Así mismo, denuncia que lleva años esperando su ascenso pero la dinámica en la que ha caído la Institución se lo ha impedido. Desde El Bagre ruega porque lo dejen irse de la Policía Nacional.

Pedro Cuadros, otro intendente, aparece en un vídeo en plena reunión policial en Bogotá, denunciando lo siguiente: “La corrupción se da en los niveles más altos. Por favor coronel (Ciro Carvajal), no venga a aquí a enlodar, ni a echar por tierra el trabajo que nosotros hemos hecho durante 20 años para sostenerlo (…). Yo trasnoché y peleé por esto, para que vengan a decir que a lo que tengo derecho ya no es así”. Cuadros hacía referencia al polémico decreto por el cual no se han podido ir más de 4.000 policías y que están peleando otros 50.000. Al parecer por haber encarado al secretario general Ciro Carvajal, la Institución le abrió una investigación a Cuadros y según él comenzó a ser seguido par agentes encubiertos, además de ser trasladado de ciudad. Este Intendente es otro que desea irse de la Policía pero con la pensión que le prometieron hace 20 años.

Pero las cosas no están fáciles ni para estos cuatro uniformados que han subido sus vídeos ni para los 57 mil policías que entraron antes del año 2004 con la promesa de pensionarse cumplidos 20 años de servicio. Como ya se contó en un pasado artículo (VER), el gobierno de Juan Manuel Santos emitió un decreto en el año 2012 donde les cambiaron las reglas de juego: ya no obtendrán la media pensión a los 15 años de servicio sino a los 20 años, mientras que la pensión completa pasó de 20 años a 25 años de actividades. Los policías afectados demandaron este procedimiento ante el Consejo de Estado, de suerte que en junio de 2014 esta Alta Corte les dio la razón y ordenó suspender aquel decreto (el 1858). Incluso, el senador Jorge Enrique Robledo afirma que aquel decreto está viciado teniendo en cuenta que todos los cambios del régimen pensional, tanto especial como el común, debe pasar por el Congreso.

Sin embargo, el bufete de abogados del ministerio de Defensa realizó una solicitud de súplica para sostener el decreto y no pensionar a los policías que ya cumplieron con el periodo prometido cuando ingresaron. A su vez, el abogado Iván Mina Lasso, expolicía y ferviente defensor de la causa de sus compañeros ha dado la pelea en el Consejo de Estado para que se respete la ley y la Constitución. De hecho, Mina Lasso ha advertido que la estrategia del ministerio y de los altos mandos de la Policía ha sido desinformar: “Palomino informa de manera errónea al Presidente que esto generaría un caos y que esto quebraría el presupuesto del ministerio de Defensa. Falso, porque esos 17 mil millones de pesos que costaría esa nómina se asumiría así: La Caja de Sueldos de Retiros de la Policía el 7%, y lo demás sería del presupuesto nacional de pensiones”.

Incluso, aclara el abogado Mina Lasso que de los 198 mil uniformados que hoy están activos, solo el 30% de ellos entraron antes del 31 de diciembre del año 2004, de los cuales cinco mil ya radicaron documentos para solicitar el retiro con la debida pensión; Es decir, que sería falso que, de sostener el régimen pensional que les prometieron, de un solo golpe se irían 50 mil uniformados, pues la verdad sería que lo harían tres mil uniformados por año hasta el 2024. Pero, además, que si se pensionan los sargentos, esto ayudaría a dejar los cupos libres para que vayan ascendiendo los que vienen en cola, lo que ayudaría con el malestar que tienen más de 99 mil patrulleros que esperan avanzar en su vida profesional.

Pero una mala noticia se acaba de presentar para los más de 50 mil policías que están a la espera que se dé claridad sobre su futuro; tras el ruego del ministerio de Defensa, el Consejo de Estado el día 5 de junio de 2015 revocó el auto de suspensión del decreto 1858. En tal virtud, los policías que entraron antes del 2004 y después de este año, estarán obligados a trabajar 25 años para recibir su pensión completa y 20 para la media pensión. Lo que no le ha quedado claro a los juristas de los policías que han seguido el caso con detenimiento es: ¿Por qué el recurso de súplica lo firmó el magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren?, si éste pertenece a la sección segunda y no a la tercera donde estaba el proceso. Por lo pronto en la media docena de grupos de policías indignados que existen en Facebook, con más de 35 mil seguidores, se siguen viendo mensajes donde dicen sentirse secuestrados en su propia Institución: “Me siento secuestrado en la policía porque mi deseo más grande es irme de la Institución, entregar mi uniforme y dejar mis sueños y mis metas”, patrullero Rodríguez.

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