Policía Nacional de Colombia. Imagen de archivo.
Policía Nacional de Colombia. Imagen de archivo.

www.fuerzasmilitares.org (02FEB2016).- Dos investigaciones, una por las supuestas chuzadas a periodistas y la otra por el llamado carrusel de los reintegros, son vigiladas por el propio fiscal general y en las versiones que llegaron al ente acusador los casos se cruzan con quienes fueron apenas mencionados.

La información que llegó a la Fiscalía, alguna documentada, señala a un mismo grupo de suministrar información de inteligencia y facilitar que oficiales retirados y con investigaciones puedan reintegrarse a la Policía.

Los dos casos serán adelantados por un equipo interdisciplinario, del que hacen parte la Policía, la Agencia Nacional de Inteligencia y la Fiscalía. Los investigadores esperan en el búnker, documentos y bases de datos que dos oficiales tienen pendiente por entregar para avanzar en el caso.

Hubo, según las versiones, un matrimonio siniestro entre periodistas y abogados que resultó ser una larga relación en la que se metieron jueces, magistrados y hasta altos oficiales de la Policía y el Ejército destituidos por el Gobierno Nacional.

La relación prometía convertirse en un lucrativo negocio a cambio fallos judiciales, demandas de reintegro que favorecían a quienes podían pagar, según informes de inteligencia, hasta 100 millones de pesos para asegurar su regreso a la Policía.

No es para menos, entre 2008 y 2011, la institución tenía demandas que casi llegaban a los tres billones de pesos, de los cuáles alcanzaron a pagar $35.000 millones.

La investigación que ya está en poder de la Fiscalía describió el modus operandi: al conocer el retiro de un alto oficial, bien sea por la facultad discrecional o por el llamado a calificar servicios, un grupo de abogados tomaban contacto con el uniformado, le ofrecía la posibilidad de reintegro y millonarias indemnizaciones a cambio de una comisión. La llamaban prima éxito.

Los abogados aseguraban tener contactos y la posibilidad de conseguir que los fallos de reintegro salieran a favor. En ese punto y de acuerdo con la investigación, los periodistas servían como intermediarios y hasta prometían difusión del caso a través medios de comunicación. Entre los periodistas en la lupa de la Fiscalía están Miller Rubio y Carlos Perdomo. Según algunas fuentes, los abogados también buscaron un contacto con Juan Carlos Giraldo.

En el caso de Rubio y de Perdomo la Fiscalía ya los llamó a entrevista. Rubio fue citado el miércoles 27 de enero pero pidió correr la diligencia para el viernes 29 y que fuera bajo la gravedad del juramento.

El carrusel se desbarató cuando a la Policía llegaron sentencias que parecían más una burla que una decisión justa y en derecho.

El ejemplo palpable se encuentra en la demanda de reintegro que ganó el mayor en retiro Carlos Andrés Mesa Carrillo, desvinculado por la facultad discrecional, detenido y condenado en EE.UU., donde se convirtió en testigo de la DEA. Aun así demandó, ganó y el Tribunal de Cundinamarca ordenó reintegrarlo además de pagarle $476 millones de pesos. La Policía logró suspender este fallo a través de una acción de tutela.

En adelante la misma Policía identificó casos similares de demandas e inició una cruzada para frenar las millonarias indemnizaciones. Entre 2013 y 2015 redujo esos pagos hasta en un 87 %. De 549 reclamos por año pasó a 190.

Incluso detectó que una oficial retirada del servicio Adriana Patricia Calle, que demandó y ganó, resultó ser la esposa del periodista Carlos Perdomo, señalado de participar de este cartel. Esa demanda, como las otras, de dudoso fallo, fueron atajadas con tutelas radicadas por la Policía, que hasta el momento dejan 12 sentencias revocadas a favor de la institución.

La investigación en la Fiscalía fue asumida por la Dirección de Delitos contra Funcionarios Judiciales, en el caso de los jueces y magistrados, mientras que un equipo del CTI adelanta las pesquisas en contra de abogados y periodistas, hasta ahora mencionados.

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