sta es la entrada principal al condominio Pedregal de San Ángel, en Fusagasugá, Cundinamarca.
Esta es la entrada principal al condominio Pedregal de San Ángel, en Fusagasugá, Cundinamarca.

www.fuerzasmilitares.org (22FEB2016).- El escándalo de la semana por la existencia de una red de prostitución dentro de la Policía Nacional, conocida como la Comunidad del Anillo, cobró tres cabezas: la del propio director de la Policía, general (r) Rodolfo Palomino; la del viceministro del Interior, Carlos Ferro Solanilla, y la de la denunciante: Vicky Dávila, directora de La FM hasta el miércoles en la noche.

El asunto genera aún más preguntas que respuestas, con un ingrediente adicional: al general (r) Palomino la Procuraduría le abrió investigación formal no sólo por la denunciada red de prostitución, sino por su incremento patrimonial. Lo que conduce, una vez más, al condominio residencial El Pedregal de San Ángel, ubicado en Fusagasugá, cerca de la Escuela General Santander, un lugar que tienen en común el general (r) Palomino y el exviceministro Ferro.

El 13 de noviembre de 2012, el congresista Iván Cepeda adelantó un debate de control político sobre cómo el caso del general (r) Mauricio Santoyo, quien terminó condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos por apoyar a grupos paramilitares, indicaba que en la Policía había una “estructura delictiva” que implicaba a varios oficiales y suboficiales. El congresista Cepeda halló en ese momento que el general (r) Jorge Daniel Castro, exdirector de la Policía, a quien señalaba de haber promovido el ascenso de Santoyo, tenía cuatro lotes en un particular conjunto residencial. El mismo en el que el general (r) Palomino aún está construyendo su casa, según contó el mismo oficial. Se trata de un sitio por el que han pasado una decena de generales en retiro, algunos con cuestionamientos de distinta naturaleza, y dos civiles.

En Pedregal de San Ángel, el general (r) Rodolfo Palomino adquirió los lotes números 31 y 32 el 4 de abril de 2009. El vendedor, reveló La FM en enero de este año, fue el coronel (r) Jerson Castellanos, señalado por oficiales de la Policía de ser el “cerebro” de la Comunidad del Anillo, lo cual él ha negado rotundamente. Por esa conexión, la Procuraduría indaga si el general (r) Palomino tuvo algo que ver con la red de prostitución en la Policía. De acuerdo con las escrituras de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá, el coronel (r) Castellanos pagó por cada lote $15 millones en septiembre de 2004 y los vendió por $39’700.000. Así las cosas, esas dos propiedades se valorizaron un 164% en cinco años –en promedio 32% cada año–. El general (r) Palomino aseguró en su momento que no tenía relación con el coronel (r) Castellanos, que lamentaba haber hecho transacciones con él, pero que el negocio había sido una “ganga”.

En este contexto surge otro de los presuntos implicados en la Comunidad del Anillo: el exsenador y, hasta el pasado martes, viceministro del Interior, Carlos Roberto Ferro Solanilla. El 3 de octubre de 2003 adquirió el lote número 4 de El Pedregal de San Ángel, de mil metros cuadrados, negocio realizado en sociedad con el general (r) Alonso Arango Salazar. Dos meses después, ese alto oficial pasó a ser el subdirector de la Policía, cargo del que salió en mayo de 2007, cuando el Gobierno removió a 11 generales y nombró como director al general (r) Óscar Naranjo, tras comprobar que en la Policía se realizaban interceptaciones ilegales. Según las escrituras, el excongresista Carlos Ferro vendió su parte a su socio el 27 de abril de 2006. En cuanto a la Comunidad del Anillo, el exsenador Ferro ha rechazado cualquier nexo con esa red; aunque este lote demuestra que sus relaciones con algunos policías son de vieja data.

Un tercer vecino polémico en Pedregal de San Ángel es Ascencio Reyes. Su nombre empezó a ocupar titulares mediáticos cuando se supo que el DAS indagaba por qué su empresa Viajes y Turismo Basan, contratista de la Corte Suprema de Justicia, les había dado un viaje a los magistrados de ese alto tribunal. Reyes terminó siendo investigado por lavado de activos. Hace un año este diario reveló que la Fiscalía archivó su expediente porque su patrimonio sí estaba justificado. Reyes compró seis lotes el 7 de abril de 2004, cada uno por un valor de $36’600.000. Cuatro de estos lotes se registraron a nombre de María Urbina Serrato de Reyes dos años después, en transacciones de $40 millones cada una. Los otros dos lotes le fueron embargados y terminaron, por remate, a nombre de Ramón Antonio Miranda Mallarino en mayo de 2012. Fueron tasados en $271 millones.

No menos llamativo es la aparición del general (r) Marco Antonio Pedreros Rivera en el listado de propietarios. A él le pertenecía el lote número uno. El 24 de marzo de 2003 compró el terreno junto con su esposa, Claudia Maldonado, por $37 millones. Cinco años luego registraron una construcción por $150 millones. En 2012 se liquidó la sociedad conyugal y Pedreros quedó como único dueño. Finalmente, el Banco Davivienda adquirió el inmueble por $400 millones. En la Policía, sin embargo, no le fue tan bien como en los negocios: en agosto de 2008 el presidente Álvaro Uribe solicitó su renuncia cuando estalló el escándalo del entonces director de Fiscalías de Antioquia, Guillermo Valencia Cossio. Éste fue condenado en 2011 por, entre otras cosas, haber persuadido al general (r) Pedreros de excluir del organigrama criminal deDon Mario a John Freddy Manco Torres, alias El Indio.

El dueño de otros tres lotes es el general (r) Argemiro Arias Serna. El primero lo compró en febrero de 2002 por $5 millones. El segundo, en junio de 2006 por $37 millones El tercero, en mayo de 2008 por $50 millones Los tres se adquirieron en asocio con Marina del Socorro Zapata Gómez. En junio de 2014, tanto él como Marina Zapata traspasaron los tres predios a la empresa Arias SAS por un valor superior a los $1.400 millones. El general (r) Arias Serna fue vinculado, en septiembre del año pasado, a la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989. Fue citado a indagatoria junto con dos coroneles. Según el mayor (r) Luis Felipe Montilla, comandante de Soacha en esa época, el general (r) Arias Serna retiró a la Policía del municipio cuando Galán iba a un acto de campaña –buscaba la Presidencia–.

Jorge Daniel Castro, exdirector de la Policía, también figura en el listado de propietarios del exclusivo condominio. Posee cuatro lotes: el primero, según la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá, lo compró por $50 millones en febrero de 2002, junto con Alicia López Rodas. Los otros tres los adquirió en mayo de 2006, por $37 millones cada uno. El general (r) dirigió la Policía entre 2003 y 2007. En noviembre de 2006 el coronel retirado Pedro León Valenzuela, quien fuera comandante de la Policía Aeroportuaria en Bogotá, lo acusó de tener nexos con el narcotráfico. Supuestamente, había tenido que ver con el envío de 409 kilos de cocaína a México. Sin embargo, el general negó su responsabilidad y la Fiscalía consideró que él no había participado. El general (r) Castro salió de la Policía en 2007, al igual que su subdirector y vecino, el general (r) Alonso Arango Salazar, cuando se supo que la Policía había estado interceptando a figuras públicas, entre ellas periodistas.

Otros oficiales en retiro que hacen parte de este condominio son los generales (r) Rosso José Serrano y Héctor Darío Castro. En el primer caso, Serrano fue director de la Policía en 1995 y asumió el cargo cuando, se decía en esa época, la Policía estaba en su peor crisis, especialmente por actos corruptos relacionados con el narcotráfico. Los tres predios los adquirió, junto con su esposa Hildemarie Evers de Serrano, el 30 de septiembre de 2003 por $15 millones. Héctor Darío Castro, por su parte, fue director de la Escuela de Cadetes de la Policía entre 2000 y 2011. Hoy es presidente del colegio de generales retirados de la Policía y, justo esta semana, le dio respaldo al general (r) Palomino mientras la crisis aumentaba para él. Lo hizo a través de una entrevista para el noticiero CM&: “En ningún momento hemos considerado que exista responsabilidad del general Palomino”.

Este es, en general, el panorama del conjunto residencial Pedregal de San Ángel. Allí tienen lotes también los generales en retiro Alberto Ruiz, Ricardo Restrepo, Héctor Guzmán y Rodrigo González. Algunos oficiales todavía activos, como el general José Vicente Segura, quien es el director de Talento Humano, tiene tres terrenos que, como casi todos los demás, compró en mayo de 2006 por $37 millones.

Está también Juan Carlos Yepes Alzate, quien fue director ejecutivo de la Rama Judicial y es sobrino del cacique conservador Ómar Yepes. En el caso del general (r) Palomino, es el único de toda esta lista que está en el radar de la Procuraduría. De acuerdo con la apertura de su investigación, para analizar su patrimonio –que incluye una casa en Sopó– se estudiarán sus propiedades a partir de 2004 y se contrató a un contador público, quien en 20 días hábiles deberá rendir un informe con sus hallazgos en este asunto.

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