Miguel Peñaloza, ministro de Transporte.El Presidente Juan Manuel Santos le aceptó la renuncia al ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, quien llegó a ese cargo el pasado 19 de mayo cuando reemplazó a Germán Cardona.

De acuerdo con el presidente Santos, se trata de una "renuncia temporal mientras hay pronunciamientos de los organismos de control" sobre presuntas irregularidades en contratos que el Estado ha firmado con la empresa de su familia, PYG.

Por estas contrataciones, Peñaloza está siendo indagado por la Procuraduría desde el pasado 3 de agosto.

El hecho se da en medio del proceso de relevo en los ministerios, dentro del cual, el pasado miércoles, todos los jefes de cartera dejaron al mandatario en libertad para disponer de sus cargos. "Le he aceptado la renuncia al Ministro de Trasnporte", afirmó Santos.

A principios de este mes de agosto, cuando aparecieron los cuestionamientos, Peñaloza había dicho que esperaba un pronunciamiento de los organismos de control y que no había hablado de renuncias con el presidente Santos.

"Estoy esperando un pronunciamiento de los organismos de control, y la Procuraduría será la que me trace la ruta. Necesito salir de este proceso sin una mácula", aseguró en esa oportunidad el funcionario.

Con todo, la salida de Peñaloza, quien tan solo duró tres meses en el cargo, del gabinete se da en medio de la polémica. Este viernes, EL TIEMPO reveló que dicha empresa  tendrá que explicarles a la Fiscalía y la Procuraduría una de sus actuaciones legales en las que apareció un documento falso.

EL TIEMPO estableció que se trata de una asesoría en la cual representaron al Instituto Nacional de Vías (Invías) en el 2008 por varios pleitos que cursaban en su contra en Sincé (Sucre) y habrían dejado vencer los términos legales.

Sin embargo, de acuerdo con documentos que reposan en los órganos de control, PYG habría hecho el cobro de los honorarios.

En su momento, directivos de la empresa explicaron que sí hicieron el trámite respectivo pero el documento que presentaron tenía un sello del juzgado que no correspondía al original. PYG manifestó que una empleada de la firma era la responsable y que le entabló una demanda. Pero por razones que no han explicado, la retiraron.

Aunque el Invías pidió que se le cancelara el contrato de asesoría a la empresa, en cabeza de la esposa de Peñaloza, Sonia Guzmán, este les fue renovado.

Peñaloza ha sido cuestionado en las últimas semanas por la facturación que le representa a PYG los 1.700 procesos judiciales que lleva para distintas dependencias estatales.

La polémica por PYG se generó cuando el periodista Daniel Coronell reveló en la revista Semana los contratos que la empresa con el Estado.

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