Imagen de archivoEl paro judicial que completa 16 días tiene represadas cerca de 45 mil capturas diarias, denunció el director de la Dijin, general Carlos Ramiro Mena, quien advirtió quela policía no bajará la guardia contra la criminalidad. Seguirán adelante con las capturas, a pesar de que las decisiones judiciales no lleguen a tiempo para poner a los delincuentes tras las rejas.

“Nuestras labores de policía judicial y de investigación criminal no han sido suspendidas, por el contrario hemos venido realizándolas con mayor prontitud. Sin duda el paro judicial afecta las decisiones y las audiencias que han sido aplazadas. Peroseguiremos trabajando para evitar que los delincuentes sigan en las calles”, dijo el alto oficial al señalar que capturarán a los delincuentes las veces que sean necesarias hasta lograr que sean juzgados por la justicia.

Según explicó el alto oficial, en promedio la Policía realiza cerca de 62 mil procedimientos diarios, de los cuales un 80 por ciento corresponden capturas por órdenes judiciales o aprehensiones en flagrancia.

“Nosotros tenemos un plan de contingencia para seguir adelante con estos procedimientos,la Fiscalía y algunos jueces comprometidos están solicitando las audiencias. En promedio son más de 45 mil capturas las que estaría represadas si la administración de la justicia no llega a tiempo. Sin embargo, con el plan de contingencia se está trabajando diariamente”, agregó.

Finalmente, el general Mena entregó un parte de tranquilidad a la ciudadanía al manifestar que no habrá tregua en la labor de la Policía y se declaró esperanzado en que los funcionarios judiciales logren llegar a un acuerdo con el gobierno.

La asociación que reúne a los funcionarios y empleados judiciales del país ratificó el carácter indefinido de la huelga en demanda de mejores salarios que mantiene casi que paralizado el sector desde el pasado 11 de octubre.

Unos 42.000 trabajadores de la Rama Judicial están en cese de actividades.

La organización sindical llevó a la mesa de negociaciones una propuesta que obliga al Gobierno a reconocer esta suma en el transcurso de tres años, lo que fue rechazado por la titular de Justicia.

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