En los últimos cuatro meses, 150 altos oficiales de las Fuerzas Armadas, con apoyo de Estados Unidos, pusieron a punto una nueva estrategia que tiene el desafío de responder a las cambiantes condiciones de la guerra en Colombia. Según sus diseñadores, los primeros resultados solo se verían hacia mediados de año, pero, entre la escalada de acciones típicamente terroristas con las que Timochenko -nuevo comandante de las Farc- resolvió iniciar 2012 y el fuego de los críticos, el gobierno tiene una inmensa presión para mostrarlos.

Como lo señala un nuevo estudio del Centro Seguridad y Democracia que dirige Alfredo Rangel, el gobierno nacional está atrasado en responder a los profundos cambios que ha sufrido el conflicto armado. No solo porque le tomó año y medio (más dos ministros de Defensa y dos cúpulas militares) poner en pie una nueva estrategia, cuya efectividad aún está por probarse, sino porque esos cambios y el deterioro en algunos indicadores empezaron al final del gobierno anterior, algo que no mencionan quienes hoy imputan al actual el pecado capital de apartarse de la seguridad democrática. 

Mientras esa política se mantuvo hasta ahora con apenas algunos ajustes, desde comienzos de 2008 las Farc, con Alfonso Cano, dieron un viraje estratégico (su Plan Renacer) gracias al cual, como lo reconocen en Defensa, lograron mantenerse mediante la combinación de un repliegue que los militares llaman sus "áreas base" -una decena de zonas remotas del país, varias de ellas en fronteras, donde han tenido una presencia histórica- y el retorno al hostigamiento guerrillero clásico, que evade, en la mayoría de los casos, entrar en combate. Con Timochenko se han presentado acciones que no se veían hace mucho, como el ataque coordinado al radar del cerro Santa Ana, en Cauca, el mes pasado, y el recurso a la dinamita que, con el pretexto de atacar instalaciones militares o policiales, cobra víctimas civiles indiscriminadas y es de alto impacto entre la gente y en los medios.

La nueva estrategia -puesta en marcha por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón- busca responder a estas realidades. Según las fuentes de SEMANA, que pidieron reserva pues no se han hecho públicas, se definieron 20 tareas claves. 

Estados Unidos tuvo activa participación. "Su ayuda ha sido muy importante", reconocen estas fuentes, según las cuales los generales David Petraeus y Stanley McChrystal, que comandaron las fuerzas en Afganistán, y otros expertos en contrainsurgencia participaron en las discusiones.

A la Fuerza de Tarea Omega, en el Caguán y el Yarí, en Meta y Caquetá; la Vulcano, en el Catatumbo, con 2.500 hombres; y la Poseidón, contra el narcotráfico en el sur del Pacífico, se sumarán otras seis fuerzas de tarea conjuntas que buscan atacar en profundidad a las Farc en sus "áreas base".

La seguridad democrática se concentró en los llamados "objetivos de alto valor", los jefes máximos de las Farc, que empezaron a caer a partir de 2008 mediante una combinación de inteligencia, delaciones y bombardeos. Los resultados continuaron en el gobierno actual con la muerte del Mono Jojoy y Alfonso Cano. Sin embargo, pese al impacto mediático y psicológico de estos golpes, el carácter colegiado de la dirección de las Farc les ha permitido encajarlos. Por eso en la nueva estrategia los "objetivos de alto valor" pasan a otro plano. Si bien en el Catatumbo Timochenko sigue siendo un blanco clave, la atención se concentrará en comandantes de frente y personajes clave en las finanzas o el narcotráfico (parte de la revisión estratégica consistió en precisar "quién es quién" en las Farc). Esos serán ahora los "objetivos de alto valor". Según los autores de la nueva estrategia, su caída en las regiones es de alto impacto, aunque tiene menos resonancia en los medios. Un ejemplo que ponen fue la muerte de Dúmar, jefe del frente 62, en el Yarí, en días pasados. "Nadie sabe en Bogotá quién es Dúmar, pero en Neiva todo el mundo habla de este como uno de los golpes más importantes en mucho tiempo", afirman.

La infraestructura es objeto central de preocupación. En una demostración de que su capacidad de mando y control sigue fuerte, las Farc hacen atentados en un extremo del oleoducto, en Catatumbo. Y cuando la fuerza pública y Ecopetrol reaccionan para repararlo, vuelan el tubo en el extremo opuesto, en el punto más alejado de Arauca, como ocurrió recientemente. Nuevos batallones se dedicarán a identificar los puntos más vulnerables y a protegerlos. La plata para eso está: cerca de 12 billones de pesos de impuesto al patrimonio de la vigencia pasada no se habían utilizado por falta de planes claros. El pie de fuerza será reforzado con 20.000 policías y 5.000 soldados, lo que llevará el número de efectivos a cerca de medio millón de hombres.

Habrá ajustes en inteligencia. Frente a milicianos de civil y a menudo desarmados, que ponen una bomba o informan a pequeños grupos de guerrilleros de los objetivos que pueden atacar u hostigar, de poco sirven grandes despliegues militares. Además de la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, la tradicional rivalidad entre la Policía y el Ejército -que tiene episodios particularmente agudos en algunas regiones- intentará contrarrestarse con la creación de los llamados "centros de fusión de inteligencia" a nivel de brigadas, en los que todas las fuerzas deben, en teoría, trabajar conjuntamente. 

La fuerza pública va a trabajar en unidades más pequeñas. Ya en la operación que dio muerte a Alfonso Cano hubo un cambio: de los bombardeos en los que murieron Raúl Reyes y el Mono Jojoy, se pasó al desembarco de un pequeño grupo de fuerzas especiales. Esto es lo que los militares consideran más acorde con las circunstancias de la guerra hoy.

Un componente clave de la estrategia es dar respuesta al llamado síndrome de la "inseguridad jurídica", el temor de los uniformados de verse empapelados por la Justicia ordinaria, según alegan muchos en privado, por acciones de combate que acaban juzgadas como violaciones a los derechos humanos. Tras el retiro del artículo sobre fuero militar que el ministro de Defensa introdujo en la reforma a la Justicia que transita en el Congreso, vendrá, a comienzos de marzo, la presentación de una nueva propuesta que busca fortalecer el fuero y la Justicia penal militar. Están reservados 15 millones de dólares para su reestructuración. 

"La gente cree que ganamos la guerra, pero, en realidad, todavía tenemos que ganarla", dicen en voz baja en el Ministerio de Defensa. Esto encarna el doble desafío que enfrenta el gobierno. Por una parte, la derrota estratégica de las Farc es un hecho, pero una victoria militar final no se ve. La nueva estrategia, a diferencia de la anterior, no busca "aniquilar" a las Farc, sino llevarlas a aceptar que solo les queda negociar. Un camino en el que puede haber muchas sorpresas. Después de años de un discurso que convenció al país de que el "fin del fin" estaba a la vuelta de la esquina y la guerra, ganada, y en medio de las críticas del uribismo, en el que ya se habla de la "traición" de Santos a la seguridad democrática, no le será fácil al gobierno salir a decir que aún falta y que es necesario un viraje estratégico. 

La cuestión es, además, que los factores no militares son, quizá, los decisivos. En las zonas que van desde ahora a concentrar la atención militar, las instituciones son casi inexistentes, la guerrilla ha sido la única autoridad legítima y la coca la única economía posible. Cuando después de décadas el Estado llega en uniforme, todo el mundo desconfía de él. El llamado Plan de Consolidación, que debe traer carreteras, fiscales, salud y educación a esas regiones, no tiene presupuesto. Una estrategia militar que no se complemente seriamente con una estrategia social, política y económica para integrar a esas regiones a un Estado central remoto y hostil no tiene futuro, por más brigadas de salud y puentes que construya la llamada "acción integral" con la que los militares intentan, en vano, suplir al Estado. 

Semana.com