Pastrana, Santos y Uribe su culpan mútuamente. La intención del presidente Juan Manuel Santos de levantar la reserva de las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en lo relacionado con el litigio con Nicaragua, avivó esta semana el debate entre los tres jefes de Estado que tuvieron que atender el proceso.

El sorpresivo anuncio lo precipitó la lectura de la Casa de Nariño de que con el fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por el que Colombia perdió derechos económicos en el mar Caribe, se está intentando hacer política.

El expresidente Álvaro Uribe, que atendió la demanda en La Haya durante 8 años, ha señalado que este Gobierno es cobarde al no ser capaz de desconocer la sentencia. Incluso, en noviembre, asistió en San Andrés a una marcha cuyo mensaje era, en parte, cuestionar la actuación colombiana en el caso.

La intención del Gobierno es que, como dijo Santos, "las actas se levanten en este caso específico y que el pueblo juzgue" y determine "quiénesfueron los responsables".

Esto también es una respuesta al expresidente Andrés Pastrana, quien responsabilizó en diciembre a la canciller María Ángela Holguín de precipitar la decisión de La Haya por declarar que ese tribunal podría emitir un fallo "salomónico".

La discusión no es un asunto menor. No es fácil que alguien asuma la responsabilidad histórica por la pérdida de por lo menos 75.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. De hecho, desde noviembre de 1903, cuando se escribió uno de los capítulos más amargos de nuestra historia por la pérdida de Panamá, el país no sufría un revés de estas proporciones.

La mayor preocupación se genera por los efectos políticos y el uso electoral que se le pueda dar a esta situación en momentos en que el país entra en un año clave para las definiciones electorales del 2014.

Para nadie es un secreto que el uribismo prepara una plataforma que le permita ser protagonista en esos comicios, y el revés en el caso del archipiélago de San Andrés puede ser capitalizado para atacar a Santos, si decide aspirar a un segundo mandato. Por eso, la Casa de Nariño quiere que "el pueblo juzgue". El ministro del Interior, Fernando Carrillo, enfatizó que "la Cancillería, con su equipo, prepara una bitácora con la actuación de cada Gobierno en el litigio con Nicaragua".

La idea es demostrar que si Colombia quería desconocer la jurisdicción de La Haya lo debió hacer en el 2001 (gobierno de Pastrana), porque para esa fecha ya se conocía la intención de Nicaragua de demandar. También se quiere resaltar que la mayoría de etapas del proceso se surtieron entre el 2002 y el 2010 (mandato de Uribe), ya que en esos años se presentaron los argumentos escritos y se cerró la etapa de pruebas.

Aunque Santos aseguró que "este fallo no es responsabilidad nuestra", porque cuando llegó a la Casa de Nariño solo restaba la etapa oral, no son pocos los sectores académicos y de opinión que consideran que en esta parte del proceso se podía cambiar la estrategia de defensa.

La línea que se quiere trazar en esta materia comenzó a darla la canciller Holguín el domingo anterior, en diálogo con este diario, cuando aseguró que los expresidentes Pastrana y Uribe "le están haciendo daño al país" por tratar de "justificar su gestión" y "por salvarse" de la responsabilidad.

Uribe respondió que el Jefe del Estado "induce" a su ministra a mentir.

En todo caso, como lo advirtió Pastrana en diciembre, la tradición de manejar los asuntos exteriores como una política de Estado parece estar llegando a su fin, por cuenta de la derrota sufrida en La Haya.

"La política exterior pareciera estar subordinada a la coyuntura política interna, por lo que la calificaría como la diplomacia de la piñata, que consiste en dar golpes a cualquier lado a ver qué cae o qué se encuentra", comentó el analista Andrés Molano.

Y agregó que eso se refleja en decisiones "que no necesariamente resuelven el problema, como la denuncia del Pacto de Bogotá" que hizo la administración Santos.

Esta postura la respalda el internacionalista Vicente Torrijos, quien, no obstante, reconoció que a al actual gobierno le corresponde enfrentar "la etapa posfallo", que, a su juicio, es algo "más delicado".

"Todos los gobiernos tuvieron la misma responsabilidad, solo que con dimensiones distintas, porque seguían una misma política de Estado; todos pensaban de la misma manera", anotó Torrijos.

En ese sentido, otro aspecto del debate es si revelar las actas confidenciales de la Comisión es el mejor camino. Los principales diarios del país marcaron su distancia en relación con el tema. El Espectador dijo en su editorial del miércoles que revelar las actas "podría abrir la puerta a un precedente que no conviene", mientras EL TIEMPO aseguró, ese mismo día, que "es encomiable la voluntad de darle transparencia a un asunto crucial".

Algunos analistas coinciden en que levantar esa reserva puede afectar la seguridad jurídica del Estado frente a los intereses de otros países, mientras que otros consideran que la búsqueda de la verdad histórica es un derecho de toda nación.

Lo cierto es que la caja de Pandora ya se abrió, y es bastante previsible que el fallo de La Haya será uno de los temas de campaña de las próximas elecciones.

Cómo se revelarían las actas

Tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de que planea revelar las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en el caso específico del litigio con Nicaragua, se plantean dos consideraciones. Por un lado, según la canciller María Ángela Holguín, "la ley dice que hay que preguntarle a la misma Comisión, que es la que decide". Esto ocurriría durante la próxima sesión de esa instancia asesora de política exterior. Y también habrá que tener en cuenta el concepto que entregue el Consejo de Estado. Luego de una petición del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, para conocer esas memorias, el Gobierno elevó una consulta al alto tribunal sobre este particular.

Internacionalistas y expertos en el tema han manifestado que, en todo caso, la divulgación no puede poner en riesgo información clave para la seguridad nacional de Colombia.

eltiempo.com