La recuperación de las Islas del Rosario que ordenó el Consejo de Estado parece una tarea para un superhéroe. A pesar de que se ha intentado cientos de veces, nadie lo ha conseguido hasta ahora.

Más de medio siglo lleva el país intentando recuperar el santuario natural de las Islas del Rosario y San Bernardo. El último round se dio hace unos días cuando el Consejo de Estado ordenó proteger esos 31 trozos de paraíso enclavados en el mar Caribe, muy cerca de Cartagena. A pesar de la importancia de la decisión, el fallo pasó casi inadvertido. De cumplirse, significaría un golpe a la ocupación del archipiélago que durante décadas han mantenido, por un lado, las más prestantes familias colombianas que han construido allí sus casas de recreo y, por el otro, las comunidades afrodescendientes de la región, que tienen allí su hogar y su trabajo. Sin embargo, la historia apunta a que hay pocas posibilidades de que esa transformación se haga realidad.

Lo que dice el Consejo de Estado no tiene nada nuevo. El fallo menciona más de 250 procesos penales, 89 sancionatorios por normas ambientales y 189 de recuperación de baldíos que han tratado de lograr lo mismo en la última década, sin resultados. ¿Por qué esta ha sido una misión imposible?

La respuesta no es sencilla. Una explicación completa comenzaría en la Colonia, cuando los españoles entregaban las islas a cambio de favores a la Casa Real. La batalla del Estado por revertir esos títulos comenzó siglos después, en 1968. Ese año el Incora ordenó darle claridad a la propiedad, pues aseguraba que "la mayoría de las islas fueron ocupadas con fines turísticos, sin tener en cuenta la conservación ecológica". 

Para ese entonces, el valor ambiental de las islas ya era indiscutible. Desde los años setenta se reconoce que las Islas del Rosario y San Bernardo abrigan la más importante formación de corales del país, hogar de 513 especies de peces, 244 de moluscos y 199 de esponjas. Para proteger ese 'tesoro azul', en 1977 el Estado creó allí un parque nacional. Sin embargo, este solo cubre las aguas y dejó por fuera la tierra. 

Por esta razón, en 1984, 31 islas fueron declaradas bienes baldíos, es decir, terrenos propiedad de la nación que no pueden ser comercializados. Ninguno de sus ocupantes, pues, tiene derecho de estar allí. Desde entonces, ha habido todo tipo de fallos para que vuelvan al Estado, uno de ellos del propio Consejo de Estado, en 2001. 

Al lado de esta situación jurídica, hay una realidad social mucho más compleja. En la zona hay 12 asentamientos de poblaciones afrodescendientes que viven de la pesca, muy abundante en torno a los corales. Dirigentes empresariales, políticos, artistas y hoteleros convirtieron las islas en refugio vacacional. Muchos han hecho inversiones multimillonarias que no están dispuestos a perder. En 2006 se firmaron con ellos contratos de arrendamiento. Lo que los propietarios pagan es "bastante nominal: equivale al 1 por ciento del valor catastral de esos predios, para tratar de regularizar esa presencia en unas tierras que por Constitución no pueden ser adjudicadas", como explicó la semana pasada el gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina. El fallo del Consejo de Estado le da al gobierno cuatro meses para que "evalúe" esos contratos y proponga una solución a los problemas ambientales que aquejan al archipiélago. 

Pero lo que se juega allí es mucho más que eso. Como señala la exministra de Ambiente Cecilia Rodríguez, "los ecosistemas no se cuidan solos" y se necesita un plan ambicioso que garantice su sostenibilidad. En últimas, las Islas del Rosario son un buen símbolo de lo que es Colombia: un país de contrastes sociales y de problemas irresueltos en medio de una asombrosa biodiversidad. Poco se imaginan los más de 1.000 turistas que visitan cada día uno de los tesoros naturales más valiosos de Colombia la misión imposible que han sido hasta ahora los intentos jurídicos para preservarlo. 

Semana.com